Anarco capitalismo y obediencia, un dilema de estos tiempos

En un artículo pasado, escrito en este mismo diario, se hacía referencia al carácter individualista que profesan las corrientes del pensamiento liberal como la del primer mandatario de nuestro país en su variante anarco capitalista. Más allá de otras particularidades que estudiosos más avezados del pensamiento económico podrían señalar, el anarco capitalismo es una corriente liberal que además de expresar las virtudes supremas del sistema capitalista en el ordenamiento económico de las naciones, desdeña, desprecia y, por tanto, niega la intervención del Estado, no solo en lo económico sino, más ampliamente, en el proyecto de vida de las personas.

En el mejor de los casos, esta doctrina señala que las funciones del Estado deben estar supeditadas a las de justicia y seguridad en post de garantizar el derecho a la vida y la propiedad privada. De manera que la falta o nula presencia del Estado en temas vinculados a la educación y salud pública, como en el caso del dengue en varias regiones de la Argentina, no debe asombrarnos, sino que más bien forman parte de las ideas centrales de libre mercado y retiro de las funciones estatales en nombre de la libertad. La libre concurrencia privada de la oferta y demanda de productos tales como repelentes o vacunas y/o servicios, como la educación primaria, secundaria, universitaria etc., es lo que definiría eventualmente nuestras posibilidades de acceder a ellos: si existe el interés privado por ofertarlos y si disponemos del dinero suficiente para poder comprarlos.

Esa es toda la lógica que necesitamos comprender de un gobierno y un sistema de ideas que desestima la intervención del Estado en la economía y en el resto de las áreas que hacen a nuestra vida social (educación, salud, cultura, etc.).

Max Weber, economista y unos de los autores “clásicos” de la Sociología señalaba que, más allá de los fines que puedan perseguir (que pueden ser muchos y muy variados), la principal característica que tienen los Estados, y que permite identificarlos como tales, es el medio que utilizan para garantizar el orden social: el monopolio legítimo de la coacción física. Esto quiere decir el uso de la violencia física que, como ciudadanos, consentimos que ejerza una asociación política (el Estado) a través de la policía y otras fuerzas represivas. La validez de este orden implica un “deber ser” que aceptamos como máxima de nuestro accionar cotidiano y razón de nuestra obediencia.

Validez que por otra parte no hay que confundir con legalidad: la legalidad supone el imperio de la ley, es decir, un conjunto de preceptos establecidos normativamente que tenemos que cumplir so pena de recibir una sanción; la validez, en tanto, es nuestra aceptación como ciudadanos de que un orden está bien, que es correcto y, por tanto, constituye un deber obedecerlo. Es por ello que la voluntad de aceptar o no un estado de cosas también cobra importancia cuando Weber define a la dominación como la probabilidad de encontrar obediencia ante un mandato dado (Weber, 2012: 43).

Pues bien, considerando que el orden social forma parte de estos mandatos, y prescindiendo de la necesidad de desarrollar aquí una teoría del Estado o de enumerar los fines específicos que nos llevarían a aceptarlo, cabe preguntarnos acerca de las circunstancias que socavarían el monopolio legítimo de la violencia física del Estado, en este caso el Estado argentino, si no ofrece otras funciones o servicios más que los de orden represivo (al respecto, es sintomático que las fuerzas policiales recibieran en estos días sendos aumentos salariales en pleno contexto de ajuste y despidos de trabajadores públicos). En efecto, ¿qué orden social puede conservarse solo a partir de los servicios de justicia y resguardo de la propiedad privada? ¿qué futuro como nación, como sociedad nacional, nos espera si el Estado se circunscribe solo a estas dos funciones?

Estas preguntas en el fondo se aglutinan en un problema colectivo y social, en tanto y en cuanto el Estado constituye la organización política de una sociedad. Un Estado que, recordemos, históricamente ha cumplido un papel decisivo en la conformación de la Nación argentina, de la argentinidad, y construcción de nuestra identidad con su liturgia y sentidos de pertenencia y solidaridad colectiva. Que ha fortalecido el lazo social gracias a la promoción, entre otros servicios públicos, de la educación libre y gratuita y el sistema sanitario, piedras angulares de la igualdad de oportunidades y socialidad de los argentinos.

En definitiva, un entorno cultural de valores comunes y de vínculos sociales que se contraponen a la visión liberal de individuos aislados, librados a su suerte, que ofrecen y compran bienes y servicios en el mercado. Entorno cultural concreto, no metafórico, en el que nos desenvolvemos diariamente yendo a trabajar, yendo a estudiar, a disfrutar de los tiempos de ocio: un lugar, un territorio en particular, en el que cobra sentido nuestra vida cotidiana.

Si se resquebraja este mundo, si nuestros vínculos sociales asoman solo de manera mercantilizada, como pareciera ser la proyección de nuestra existencia en estos tiempos, de individuos que maximizan racionalmente sus opciones en el mercado, y solo nos queda el servicio policial y represivo del Estado con sus otras posibles funciones en retirada, ¿Quién asegura que no se erosione progresiva y persistentemente la voluntad cotidiana de obedecer?

-Weber, M. (2012). Economía y sociedad (18° edición). México: Fondo de Cultura Económica.

Víctor Damián Medina

sociólogo y doctor en Ciencias Sociales CIHaM/FADU (UBA)