A paso de tortuga en un mundo que se acelera

Los expertos en tales cosas nos informan que el nuevo chip cuántico de Google es capaz de solucionar en cinco minutos problemas que mantendrían ocupadas durante trillones de años a las supercomputadoras más avanzadas. Es decir, continuarían procurando resolverlos cuando, de estar en lo cierto los cosmólogos, nuestro universo ya se haya convertido en un sinnúmero de partículas inmóviles.

Puede que exageren los impresionados por la hazaña más reciente que se atribuye al gigante tecnológico, pero gracias a sus aportes y aquellos de sus rivales, se prevé que, muy pronto, tareas intelectuales que aún toman mucho tiempo se vean completadas casi instantáneamente.

Para los acostumbrados a dejar pasar días, semanas, meses e incluso años antes de llegar a una conclusión definitiva, lo que está ocurriendo es alarmante. Por cierto, a los jueces, que parecen creer que la lentitud extrema les confiere un grado de autoridad moral superior al alcanzable por los demás mortales, no puede gustarles para nada sentirse constreñidos a adaptarse a un mundo que está acelerándose.

Una semana atrás, la Cámara Federal de Justicia ordenó la indagación del jefe montonero Mario Firmenich por su rol en la voladura de un comedor policial que provocó 24 muertos y muchos heridos, de tal modo reabriendo una causa que se originó en una matanza que ocurrió hace casi medio siglo. ¿Es que han surgido datos hasta ahora desconocidos por los jueces? Claro que no. Si algo ha cambiado, es el clima político.

Aunque en el mundo civilizado los juristas suelen coincidir en que “la justicia demorada es justicia denegada”, hay países en que los tribunales tienden a tomar años antes de llegar a una conclusión definitiva, sobre todo si están en juego intereses políticos. Uno es la Argentina.

La morosidad judicial en un mundo que demanda rapidez

Estamos tan habituados a que transcurran años antes de que la Corte Suprema convalide, o no, una sentencia emitida por tribunales inferiores, que no motivaría extrañeza que Cristina Fernández de Kirchner quedara libre a postularse para puestos electivos por varios años más a pesar de todos los fallos en su contra.

Para un lego, la morosidad que es característica del sistema judicial es difícil de entender. Es de suponer que todos los miembros de la Corte Suprema y demás cámaras son juristas sumamente capaces, inteligentes y meticulosos, personas que, de haberse dedicado a otra actividad, nos asombrarían por la rapidez de sus reflejos, pero parecería que la ley plantea problemas que son mucho más complejos que los enfrentados por los físicos nucleares.

Es razonable dar por descontado que los tres jueces de la Corte ya se han familiarizado con todos los detalles de las causas contra Cristina y que han estudiado con el cuidado debido los argumentos desplegados por los fiscales y abogados involucrados. En verdad, sorprendería que aún no hayan decidido cómo les corresponde actuar. ¿Por qué, pues, demoran tanto en decirlo?

No es ningún secreto que los jueces sean tan propensos como cualquiera a ajustarse mentalmente al clima político y cultural imperante.

Es por lo tanto natural que los miembros de la Corte Suprema quisieran asegurarse que una eventual decisión de sobreseer a la expresidenta, de reducir las penas pedidas o de ratificar las de la Cámara de Casación Penal y, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 2, no tuviera un impacto muy fuerte en la sociedad, pero sucede que la negativa a pronunciarse, prolongando así la incertidumbre que pesa sobre el movimiento peronista y el mundo político en su conjunto, también es desestabilizadora.

Nuevo enfoque ante la corrupción

Felizmente para los preocupados por la persistencia de la corrupción, en este ámbito el clima sí está cambiando.

Si bien la actitud del gobierno de Javier Milei es ambigua – se afirma resuelto a terminar con los “curros de la casta” pero también se las arregló para impedir que se debatiera en Diputados el proyecto de “ficha limpia” -, sus integrantes no pueden sino comprender que sus propios partidarios quieren poner fin a la impunidad de quienes durante décadas se han enriquecido a costa del grueso de sus compatriotas.

Es debido a la relación íntima de la clase política con la familia judicial que ésta se resiste a privarla de lo que muchos creen son derechos adquiridos. Por lo demás, nunca han faltado jueces dispuestos a aprovechar las oportunidades para lucrar que brinda el sistema opaco que se ha creado.

Con todo, si bien desmantelar la red de complicidades no será nada fácil, el que el poder del gobierno libertario dependa en buena medida de su presunta voluntad de poner fin a los privilegios ilegítimos de “la casta” hace pensar que, dentro de poco, ayudará a depurarla de los elementos que tanto han contribuido a desprestigiarla.