Operativo Independencia: perpetua a seis represores por crímenes de lesa humanidad
Así lo dictaminó el Tribunal Oral Federal de Tucumán. La lectura del veredicto fue seguida por militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
Seis acusados fueron sentenciados a prisión perpetua y otros cuatro a penas de entre cuatro y 18 años de cárcel, en juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 271 personas en Tucumán en “Operativo Independencia”.
Las condenas a perpetua recayeron sobre Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte.
En tanto, Manuel Rubén Vila recibió 10 años de cárcel, Néstor Castelli, 18 años; Jorge Capitán, 16 años, y Pedro López, cuatro años de prisión.
Mientras, resultaron absueltos Ernesto Cuestas, Ramón César Jodar, Francisco Camilo Orce, José Luis Del Valle Figueroa, Alfredo Alberto Svendsen, José Roberto Abba y Omar Edgardo Parada.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán, que comenzó este megajuicio a principios de 2016, fijó para el 8 de noviembre próximo, a las 12, la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.
El “Operativo independencia” comenzó el 5 de febrero de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y fue ordenado con el objetivo expreso de “aniquilar” a los movimientos guerrilleros, en especial al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que actuaba en los montes de Tucumán.
El operativo tuvo además una fuerte incidencia en sectores urbanos del sur y de la capital provincial, que virtualmente fueron zonas liberadas desde el momento en que llegó su conductor, el general Acdel Vilas.
Al frente del Poder Ejecutivo Provincial estaba el peronista Amado Nicomedes Juri, quien en los hechos permitió la ocupación militar de la provincia y el secuestro de cientos de obreros y sindicalistas (mayormente del sector azucarero), militantes políticos y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán.
En el contexto de esta acción se habilitó en abril de 1975 el primer centro clandestino de detención en la llamada “Escuelita” de Famaillá, que luego se multiplicó en la Jefatura de Policía, la delegación local de la Policía Federal y la cárcel de Villa Urquiza.
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