“Olea es inocente”, dijo la defensa y pidió absolución

Leonardo Petricio

NEUQUEN (AN).- El defensor del general de Brigada, Enrique Braulio Olea, el abogado Gerardo Ibáñez, pidió la nulidad del juicio y la liberación de “culpa y cargo” de su defendido; culpó al Estado por los “derechos avasallados” de quien fuera en 1976 el jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones de Neuquén y afirmó su inocencia en todos los hechos que se le endilgaron durante el proceso. Ibáñez inició su alegato con la aclaración de que la defensa de Olea había sido cercenada además porque la presidencia de la Cámara Nacional de Casación le negó ser asistido por su hija, María Laura –prosecretaria de una de las salas de Casación– quien hasta hace unos meses ejercía la codefensa del imputado. “La persecución continúa”, señaló el defensor, aunque aclaró desconocer quién actuaba en Casación para apartar a la abogada Olea de la defensa en este juicio de su padre. Ibáñez dijo que Olea desconocía la función del centro clandestino “La Escuelita” en 1976, insistió en que el terreno en el que esta emplazado “no pertenecía al Batallón”, que estaba fuera de su jurisdicción, y que los arreglos que ordenó para el acondicionamiento de lo que era “una tapera” en la década del 70, correspondió a un accionar legal por cuanto se le encomendó esa tarea desde el Comando de Brigada. Insistió en que el acondicionamiento y estaba dentro del accionar que correspondía a un Batallón de Construcciones. Sobre la atención en alimentos que daba al personal que se manejaba allí durante el funcionamiento de “La Escuelita”, dijo que correspondía a la atención que se debía brindar a “toda tropa agregada” que se desempeñara en el Batallón. “No tenía porqué sospechar que cometía un delito” cuando acondicionaba el lugar o prestaba colaboración en alimentos a la “tropa agregada” que operaba en el lugar donde se mantenían cautivos a los detenidos-desaparecidos; mientras que aseguró que las leyes que normaban en esa época la autoridad militar “habilitaban la detención” de subversivos, que por otro lado se ocupó de aclarar que eran responsabilidad de la Brigada y no del Batallón. Ibáñez insistió en que el Estado “fue el que cometió este desaguisado” que le impedía defender a Olea porque “fue el que decidió que toda la documentación fuera destruida”; y que luego de que se anularan las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida “se pretende revisar con criterio retroactivo”, los hechos ocurridos hace 35 años. Al igual que los anteriores defensores, planteó que los juicios eran “la venganza” del poder político y cuestionó la imparcialidad del Tribunal pues los vocales Orlando Coscia y Eugenio Krom ya intervinieron en el juicio de 2008, que condenó a Olea.

Se escuchó ayer el alegato del defensor del exjefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones.