Nuevo intento por reglamentar la Defensoría del Pueblo

“Si los diputados de los distintos bloques lo vuelven a tratar, yo no tengo ningún inconveniente. No voy a obstaculizar nada. Todas las cosas que pide la Constitución hay que cumplirlas, no solo esto”, aseguró a Río Negro el presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, sobre la ley que el cuerpo adeuda hace 14 años: la reglamentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia.

La reforma de la Constitución de Neuquén de 2006 ordenó la creación de nuevos organismos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar mediante concurso a quienes van a ocupar los cargos de jueces, fiscales y defensores. En 2007 juró la primera integración.

También se incorporó la Defensoría, como órgano independiente dentro del ámbito del Poder Legislativo, cuya misión es la protección de los Derechos Humanos y el control del ejercicio de toda función administrativa pública. Desde entonces todos los partidos, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN), presentaron proyectos para ponerla en marcha, pero nunca hubo acuerdo político.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias de 2016 el gobernador, Omar Gutiérrez, le pidió a los diputados que traten el tema. El debate llegó a comisiones, pero en 2017 sucumbió. La imposibilidad de llegar a un despacho unificado estuvo dada por dos razones: la cantidad de defensores adjuntos a crear y el presupuesto destinado al organismo.

“Nosotros apostamos a que en este período se de el salto de calidad, en términos institucionales, que requiere la provincia y que podamos elegir un defensor o defensora del Pueblo que tenga vocación por la tutela del ambiente, imprescindible mirada a tener cuando pensamos que Vaca Muerta va a ser la vedette del desarrollo no solo de la provincia sino del país, alguien tiene que poder velar por eso”, afirmó la legisladora del Frente de Todos, Soledad Martínez, que presentará un nuevo proyecto a fin de mes.

La Constitución establece que el defensor o defensora “debe investigar aquello que, siendo de su competencia, llegue a su conocimiento”. Tiene legitimación procesal amplia: “puede actuar ante la administración y accionar judicialmente frente a todo acto u omisión de autoridad pública que agreda, actual o potencialmente, algún derecho subjetivo público.”
La designación y remoción de quien ocupe el cargo la hará la Legislatura, con el voto de los tres quintos de la totalidad de los miembros.

Sobre las razones por la que no se ha logrado consenso para la aprobación de la ley, Martínez opinó: “ha sido siempre visto como un bastión en el que se tironean poder, el oficialismo que es el MPN hace años, y quien ocasionalmente ha sido su contrincante con más contrapeso del momento.

Se lo tironean como una ficha más de poder, como en esta provincia pasa con las vocalías del Tribunal de Cuentas, y con las vocalías en el Tribunal Superior de Justicia”.