Nueva usurpación de viviendas en el barrio Castello

Ocupación ilegal

Otras seis viviendas fueron ocupadas anoche en proximidades del barrio Castello de la capital rionegrina. Corresponden a un plan de 10 unidades que tienen un importante avance en su construcción, al igual que las tomadas el lunes en el barrio Lavalle.

Por otra parte, los 22 adjudicatarios del plan construido por la Mutual del Magisterio Rionegrino decidieron ingresar las viviendas que se construyen cerca del barrio Independencia, aun sin terminar, ante el temor de ser usurpadas.

Sobre la situación planteada el secretario general de la Oucra, seccional Viedma, Damián Miler, sostuvo que “lo que está sucediendo con las usurpaciones de los planes de viviendas que se encontraban a punto de ser finalizadas tiene que ver con la falta de previsión de ir cubriendo las necesidades habitacionales que va teniendo la ciudad”.

El dirigente agregó que “la población crece hasta tres veces más que la cantidad de viviendas que se ejecutan a través de los programas habitacionales en general. No puede ser que en una ciudad como Viedma, se construyen 400 viviendas cada cuatro años”, consideró el Secretario General.

En tanto, los preadjudicatarios de terrenos en el Loteo 22 de Abril continúan haciendo las denuncias respectivas en la sede del Ministerio Público Fiscal.

Una ocupación anunciada

Desde hace meses las 202 viviendas -construidas en el marco del programa “Techo Digno” con fondos nacionales, a través del municipio de Viedma- lucen “listas” para ser habitadas en el medio de barrios donde la necesidad abunda. No son pocas las casas de los aledaños 30 de Marzo y Nehuén de pequeñas dimensiones construidas con cantoneras y nylon negro con grandes piedras en los techos para evitar que el viento patagónico vuele las pocas chapas que lo cubren. Muchas son habitadas por mujeres jóvenes con hijos chiquitos con escasas posibilidades de trabajo e ingresos.

“Ya se terminaron las campañas, queremos que nos escuchen y nos den una solución que hace tiempo esperamos”, sostuvo una mujer con su criatura en brazos desde la ventana de una de las viviendas ocupadas. “Esto es una tomada de pelo. Casas nuevas desde hace un montón y nosotros viviendo en ranchos”, gritó otra.

Muchas mujeres jóvenes se observan entre las ocupantes, algunas embarazas y todas con niños de la mano.

Otros ocupantes detallaron que en la noche del lunes iniciaron la toma de las 94 que construye la empresa Sylpa y esperaron hasta la madrugada que se presentara algún funcionario municipal “para que nos escucharan pero no vino ni uno”. Con esa expectativa continuaron hasta pasadas las 13 de ayer y ante la ausencia decidieron ocupar las otras 128 que ejecuta Oriente Construcciones. Todas se encuentran en la misma situación: terminadas pero sin la conexión de troncales de los servicios. No tienen luz, agua, gas ni cloacas.

Los ocupantes también esperaban la presencia del juez penal de turno Ignacio Gandolfi, quien ordenó a la Policía que no se permita el ingreso a las viviendas tomadas de colchones o muebles para evitar la instalación en el lugar. Además a pedido del fiscal dio intervención a las áreas de Desarrollo Social del municipio y la provincia y que sean identificados los ocupantes.

Por lo que se pudo observar ninguna persona evitó esa consulta policial. Todos se identificaron en medio de una situación sumamente difícil, teniendo en cuenta que con refuerzos y todo los policías sumaban unos 50 contra más de 200 personas que violentaron un cerco y aberturas para ocupar las viviendas. Entre ellos muchos niños.

Al margen de la acción judicial iniciada por la ocupación durante toda la mañana se recibieron en la fiscalías y comisarías denuncias de vecinos que se identificaron como preadjudicatarios.

Desde el municipio se aseguró que “vamos a defender las 382 familias adjudicatarias frente a la usurpación en el loteo 22 de abril y todas las que creen en la legalidad” tras denunciar ante la Justicia.

Detalló que fue violentado el alambrado perimetral para ser ocupadas las viviendas de ese sector que “ya tiene aprobadas 382 familias para su integración. Vamos a defender el derecho de esas 382 familias que son legales y legítimos adjudicatarios, luego de procesos transparentes y públicos, con inscripción en el sistema de lotes y con mucha paciencia están esperando la culminación de los servicios. La sociedad no puede tolerar la privatización de la distribución de los lotes habitacionales, y más si para esa distribución el criterio que prima es el de la irrupción violenta, la ilegalidad y la ley del más fuerte y del que más se anima”.

DeViedma