Nueva pericia: la bala que mató a Rafael Nahuel salió del arma de otro albatros
Es la primera conclusión de los peritos del Ministerio Público de Salta. El trabajo aún no terminó. Contradice la peritación oficial de 2018, que estableció que el disparo letal había salido del arma del prefecto Francisco Pintos.
El homicidio de Rafael Nahuel ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Llega su juicio casi 6 años más tarde. Archivo
La primera conclusión de la pericia balística encargada por el juzgado federal de Bariloche a los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, para despejar las dudas sobre el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, arrojó un resultado inesperado.
Los peritos de Salta establecieron que el proyectil calibre 9 milímetros que mató al joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, la tarde del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, no salió del subfusil MP5 asignado al cabo de Prefectura Naval, Francisco Javier Pintos. Determinaron que la bala letal es compatible arma que portaba el albatros Sergio Guillermo Cavia, informaron fuentes con acceso a la causa.
Esa conclusión contradice el informe de los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe, que habían establecido a mediados de 2018, con la adhesión de la perito designada por la querella Silvia Bufalini, que la bala había sido disparada del subfusil MP5 de Pintos. Esa fue la primera peritación que se incorporó en ese momento a la investigación.
Las fuentes dijeron que la perito Agustina Oberti, que designaron la APDH Bariloche y los padres de Rafael, que son querellantes en la causa, coincidió con la conclusión de los peritos del Ministerio Público de Salta.
Ahora van a cotejar las muestras obtenidas por Nigris en su momento, para profundizar la pericia. El 8 de febrero próximo se hará el segundo punto de la pericia solicitada.
Con el informe de Nigris y Uribe, avalado por la perito de la querella, el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado federal de Bariloche, indagó en julio de 2018 a Pintos. Villanueva le atribuyó haber causado la muerte de Rafael, que tenía 22 años.
Pintos negó en su indagatoria haber usado el subfusil MP5 la tarde del 25 de noviembre de 2017. Declaró que su compañero, que integraban la patrulla de albatros, Juan Ramón Obregón portaba un subfusil MP5 y que Cavia había disparado con su arma reglamentaria, cuando fueron atacados por un grupo de mapuches en la montaña.
Por eso, Villanueva autorizó una segunda pericia balística que hicieron peritos de Gendarmería. Ese informe advirtió que la bala que mató a Rafael no se correspondía con los subfusiles MP5 asignados a Pintos y Obregón.
Con dos pericias contradictorias, el exjuez federal de Bariloche Leónidas Moldes procesó a principios de enero de 2019 a Pintos, Obregón, Cavia y los albatros Sergio Damián García y Carlos Valentín Sosa como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, pero cometido con exceso en la legítima defensa. Moldes no les impuso la prisión preventiva.
Además, Moldes procesó a Fausto Horacio Jones Huala (hermano de Facundo Jones Huala condenado en Chile) y a Lautaro Alejandro González como coautores penalmente responsables de los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad agravado por haberse cometido a mano armada.
Los dos jóvenes mapuches habían auxiliado a Rafael, cuando recibió el balazo y lo bajaron hasta la ruta nacional 40, en busca de asistencia médica. Allí, Fausto y Lautaro fueron detenidos. Días después, Villanueva los liberó, aunque siguieron imputados en la causa.
Moldes sostuvo en el procesamiento que hubo un enfrentamiento entre mapuches y el grupo de albatros de Prefectura y en esas circunstancias Nahuel murió. Cerró la instrucción y elevó a juicio la causa. La teoría del enfrentamiento fue la que sostuvo apenas ocurrió el homicidio del joven mapuche, que sigue impune, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Las impugnaciones
Los defensores de los albatros y la querella impugnaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Roca. La fiscal federal subrogante Sylvia Little no apeló porque Moldes había fundado los procesamientos en las imputaciones de la fiscalía.
La Cámara Federal de Roca, integrada por los jueces Mariano Lozano, Ricardo Barreiro y Richar Gallego, admitió los recursos de los defensores y les dictó la falta de mérito a Obregón, García, Sosa y Cavia. Sin embargo, rechazaron la apelación de la defensa de Pintos y lo procesaron por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y le dictaron la prisión preventiva.
La defensa de Pintos recurrió a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y la jueza Liliana Elena Catucci, junto a sus pares, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani anularon el fallo del tribunal de Roca por arbitrario y manifestaron fuertes críticas a los jueces.
Advirtieron que los jueces de Roca omitieron valorar la declaración de Pintos y de otros albatros que aseguraron que hubo un enfrentamiento la tarde del 25 de noviembre de 2017, cuando ocurrió el homicidio de Nahuel.
Cuestionaron al tribunal de Roca porque no tuvo en cuenta el fallo de la jueza federal Silvina Domínguez, que como subrogante del juzgado de Bariloche, homologó en marzo de 2019 un acuerdo alcanzado entre la fiscal, Fausto Jones Huala, con el aval de su defensor particular, en un juicio abreviado.
Como parte del acuerdo, Jones Huala reconoció haber resistido y enfrentado a mano armada a los albatros la tarde del 25 de noviembre de 2017, a cambio de una condena de 6 meses de prisión en suspenso. Esa sentencia quedó firme.
También, los jueces de Casación Penal criticaron a sus colegas del tribunal de Roca porque tampoco habían valorado el informe pericial que señalaba la existencia de restos de pólvora en las manos de de Jones Huala, Lautaro González y de Nahuel. Y plantearon que había dos pericias balísticas contradictorias y que eso debía zanjarse para esclarecer el caso. Por eso, ordenaron que se dicte otro fallo ajustado a lo que habían indicado.
Por eso, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, integrada con los jueces subrogantes Alejandro Cabral, Orlando Coscia y Marcelo Grosso, revocó en febrero del año pasado el procesamiento de Pintos y dictó su falta de mérito porque no había pruebas suficientes para procesarlo ni dictar su sobreseimiento. Pero Pintos sigue vinculado a la causa, como los otros cuatro albatros. Y ordenaron una tercera pericia balística para superar las contradicciones que habían generado las dos anteriores.
Los peritos de Salta habían intentado iniciar el trabajo pericial en marzo del año pasado, pero las restricciones impuestas por Nación para frenar la pandemia obligó a suspender todo.
En noviembre pasado, el juez federal subrogante Gustavo Zapata ordenó a los peritos de Salta retomar el trabajo. Por eso, comenzaron a mediados de diciembre con el análisis balístico del proyectil recuperado del cuerpo de la víctima y el cotejo con las 23 armas secuestradas la noche del 25 de noviembre de 2017 a los albatros sospechados.
A mediados de diciembre pasado, el abogado por la APDH Sebastián Feudal, informó que Pintos había designado un perito para controlar las pericias y los otros cuatro albatros compartían otro, mientras que los querellantes habían nombrado a Oberti.
Este miércoles RÍO NEGRO intentó comunicarse con Feudal y con la abogada de los padres de Rafael, pero se excusaron por el momento de opinar sobre el resultado de los peritos de Salta.
Un comienzo complicado
La investigación por el homicidio de Rafael, que ocurrió en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros de Bariloche, empezó en un escenario complejo. Desde el primer momento estuvo tironeada por una feroz disputa política entre sectores del kirchnerismo y de la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
Justamente, Bullrich fue la primera que salió a plantar la hipótesis del enfrentamiento, cuando la investigación recién había dado el primer paso. Afirmó que los albatros había sido emboscados por mapuches armados en la montaña.
Por esos días, un grupo de personas había ocupado a principios de noviembre de 2017 dos predios que Parques Nacionales tiene en ese lugar paradisíaco. Se identificaron como la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, hasta ese momento totalmente desconocida en la zona. Alegaron que era un acto de recuperación de territorio mapuche.
Parques hizo la denuncia y la fiscalía federal de Bariloche avanzó con la investigación, junto con el juzgado local. El 23 de noviembre de ese año, Villanueva ordenó el desalojo de los ocupantes, que ejecutaron fuerzas federales. El procedimiento finalizó con mujeres mapuches, que estaban con sus hijos, arrestadas en la delegación de la Policía Federal de Bariloche. Mientras que varios de los miembros de la comunidad huyeron hacia la parte alta de los cerros.
Villanueva ordenó a las fuerzas federales que patrullen la zona para evitar que la vuelvan a usurpar. Pintos, Obregón, García, Sosa y Cavia habían arribado a Bariloche procedentes de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde cumplían funciones en la Agrupación Albatros de la Prefectura.
El 25 de noviembre de 2017 patrullaban la montaña y se cruzaron con varios mapuches que habían escapado durante el desalojo. Los querellantes en la causa sostienen que los mapuches fueron atacados por los albatros con armas de fuego. Mientras que los prefectos dicen que los mapuches los emboscaron y que algunos portaban armas y ellos se defendieron.
Rafael vivía en una humilde casilla de madera en el barrio Nahuel Hue, a pocos metros de la casa de sus padres. Había viajado en la víspera hasta Villa Mascardi porque era familiar de la mayoría de los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Pero Nahuel no era miembro de la comunidad. Esa jornada finalizó con Rafael asesinado, y una joven mapuche y otro miembro de la comunidad heridos con proyectiles.
Después del homicidio de Rafael, las fuerzas federales se replegaron y la comunidad recuperó los predios y no dejó pasar a nadie para hacer las pericias. Los defensores de los albatros sostienen que eso impidió secuestrar las armas que presuntamente portaban algunos mapuches.
Recién el 7 de diciembre de 2017, el juez Villanueva y los peritos pudieron recorrer el predio. Solo hallaron decenas de vainas de proyectiles compatibles con las armas que portaban los albatros.
Mientras los padres de Rafael siguen esperando que se haga justicia y que el crimen de su hijo, no quede impune.
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