Nueva demanda por el contrato del cerro Catedral
Barilochenses nucleados en el grupo "Vecinos por un cerro para todos" impulsaron la presentación que busca declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza de prórroga hasta 2056. Hace pocos días cayó otra causa y se daba luz verde a la firma.
En 2018 se creó el grupo "vecinos por un cerro para todos" que promovió la demanda contra el municipio por la prórroga del contrato del Catedral. Archivo
El gobierno municipal y la empresa Capsa ya tenían la lapicera lista para firmar la prórroga de la concesión del cerro Catedral, pero deberán cambiar de planes si prospera una nueva presentación judicial realizada el viernes ante el Superior Tribunal de Justicia, que habilitó la feria para darle tratamiento.
El grupo “Vecinos por un cerro para todos” pidió al tribunal que declare “inconstitucional” la ordenanza sancionada con mayoría especial en 2008 que habilitó al intendente Gustavo Gennuso a firmar el contrato.
Por ese acto administrativo el municipio extendería en forma automática la concesión con Capsa que vence en 2026 por otros 30 años, a cambio de una inversión de 22 millones de dólares y el derecho a desarrollar una nueva urbanización al pie de la montaña, con miles de plazas turísticas.
La elusión del llamado a licitación nacional e internacional y la falta de estudios de impacto ambiental por las obras a realizar, son las principales objeciones planteadas en el escrito, que ingresó el viernes al STJ con el aval de ocho firmas y la adhesión de otras 33 personas, en su mayoría referentes de organizaciones políticas, vecinales, sindicatos y entidades ambientalistas.
“Seguimos luchando porque el futuro del principal activo económico de nuestra ciudad se defina en un proceso participativo y plural que respete el cuidado del ambiente”, refirió Vecinos por un Cerro a través de su comunicado.
El investigador y docente de la UNRN Tomás Guevara explicó que otra de las razones por las que aspiran a lograr que la Justicia desactive la ordenanza es “el desconocimiento del proceso de participación popular”, que había incluido la recolección de más de 6.000 firmas para un llamado a referéndum y fue ignorado por el gobierno de Gennuso.
Aun con la ordenanza sancionada y promulgada, la firma del contrato se demoró más de dos años por una medida cautelar presentada en aquel momento por varios dirigentes políticos. Pero uno de ellos, el legislador Alejandro Ramos Mejía, desistió y la Cámara Civil de esta ciudad consideró que ese renunciamiento tornaba abstracto el planteo.
Guevara aseguró que la comunidad de Bariloche necesita mayor grado de certeza sobre la legitimidad jurídica de la ordenanza, porque la Cámara resolvió por un tecnicismo y “no se pronunció sobre la cuestión de fondo”.
En ese entendimiento, el STJ declaró el mismo viernes la suspensión de feria que rige desde el comienzo de la cuarentena “para tratar la medida cautelar solicitada”.
Para los vecinos autoconvocados lo que hizo caer la primera causa fueron los “ardides legales”, y aunque no lo nombran parecen atribuir la principal responsabilidad a Ramos Mejía, compañero de partido de muchos de ellos.
Aclararon que comparten el objetivo de “promover la inversión, la actividad económica y puestos de trabajo, más en el contexto de pandemia”, que afectan a la ciudad y el país. “Pero Gennuso intenta hipotecar nuestro futuro como comunidad y el de nuestros hijos, y no podemos permitirlo -afirmaron en su nota-. Nadie le dio mandato para eso”.
Guevara dijo que la ordenanza colisiona con legislación de la provincia que impone la realización de estudios de impactos ambientales.
También dijo que no hay motivo alguno para soslayar el llamado a licitación.
La presentación lleva la firma de Guevara, del consejero provincial del PJ Leandro Costa Brutten, el secretario general de CTA Jorge Molina, el director de Crearte Luis Suero, el dirigente de Unter y CTA Edgardo Straini, el integrante de Árbol de Pie Luis Rossi, la investigadora del Conicet Marina Stecconi y el legislador del Frente de Todos, Ramón Chiocconi.
Entre otros también sumaron su adhesión el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci, referentes de la APDH, el grupo Encuentro, del gremio Sitrajur, el Frente de Tierra y Vivienda, el parlamento mapuche, Nuevo Encuentro y el Movimiento por la Infancia.
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