No habrá votos en contra del aborto legal en Río Negro y Neuquén

Hoy se tratará en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que logró media sanción en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado. De los seis representantes que suman Río Negro y Neuquén, tres han anticipado su voto afirmativo y los restantes podrían oscilar entre acompañar la iniciativa o abstenerse.

Silvia Sapag y Oscar Parrilli, de Neuquén, y Martín Doñate de Río Negro, se han expresado a favor de la legalización. Los tres pertenecen al Frente de Todos.

Ni bien el presidente, Alberto Fernández, envió su proyecto, Sapag, hija del cinco veces gobernador de la provincia por el MPN, dijo que lo respaldaría. Parrilli preside la comisión de Justicia y Asuntos Penales, una de las tres a las que fue girada la iniciativa.

Doñate era diputado en 2018 y dio su voto positivo. En su discurso dijo: «Estamos decidiendo si queremos ampliar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y garantizar su salud y su vida, o si las dejamos libradas a su suerte, en una oscura habitación de un barrio pobre, poniendo en riesgo su vida y su futuro, muriendo muchas veces por una hemorragia o una mala praxis.»

Silvina García Larraburu, también del Frente de Todos, votó en contra en 2018. Anunció su cambio de postura tres días antes de la sesión. En esta oportunidad firmó el dictamen de comisión y la presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini, dio por descontado que respaldará la media sanción.

Lucila Crexell del Movimiento Neuquino se abstuvo hace dos años y peleó por la despenalización. Esta vez mantuvo en reserva su voto, pero le hizo un guiño a la legalización.

El exgobernador Alberto Weretilneck y actual senador de Juntos Somos Río Negro planteó en el último día del plenario de comisiones modificaciones al proyecto.

Su propuesta incluye, entre otros aspectos, quitar el concepto de salud integral, postulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ser «demasiado amplio», exigir la denuncia penal en los casos de violación de personas mayores de 13 años para «atacar la causa del problema» y fijar un plazo en estos casos.

Ayer la gobernadora, Arabela Carreras, indicó que había que hacer «ajustes ahora o en el momento de la reglamentación.»