Neuquén tiene ahora menos terapistas que antes de la pandemia
Las renuncias en el hospital Castro Rendón luego del amparo presentado en enero achicaron los equipos. Solo hay 20 camas de terapia intensiva habilitadas. Los profesionales que sostienen el reclamo judicial aseguran que hacen falta “decisiones radicales” para salvaguardar el servicio.
El expediente judicial quedó en manos de la jueza María Eliana Reynals. Foto: Oscar Livera.
La renuncia de cinco médicos terapistas en el hospital Castro Rendón y su impacto en la disponibilidad de camas de cuidados intensivos acerca a la provincia a un escenario crítico para enfrentar la segunda ola de covid-19. El nosocomio de mayor complejidad de Neuquén cuenta ahora con un tercio de las UTI que llegó a habilitar durante el pico de la pandemia y tiene menos profesionales de esa especialidad de los que había en febrero del 2020.
“Hoy sería imposible exceder las 20 camas. Tenemos este recurso material y humano para atender la nueva ola, sin proyección de que se sume gente al equipo, sin planificación y con las mismas circunstancias: trasladando personas porque no hay disponibilidad para pacientes no covid”, afirmaron ayer a RÍO NEGRO tres de los intensivistas que en enero presentaron una acción de amparo contra la provincia.
Los profesionales detallaron que, de las 39 camas que supo haber en la Unidad Covid para atender la pandemia solo quedaron diez, más otro número igual para pacientes con otras patologías o traumatismos. Y de los 11 terapistas que encabezaron el recurso judicial para salvaguardar el servicio, renunciaron cinco. Quedan seis en sus puestos, pero solo cuatro cumpliendo funciones: dos de las especialistas entraron en licencia por embarazo.
“Hoy hay un 50% menos de personal full time que al inicio de la pandemia”, aseguraron los terapistas, quienes aclararon que el número “engordado” que se dio desde la dirección para contestar el amparo incluyó, además de las dos jefas de servicio, a profesionales que hacían apoyo o eran de otras especialidades, pero que no trabajaban a la par. “Siempre fuimos 11”, aseguraron.
“Con esto queda claro lo brutal que fue la carga de trabajo, no sólo desde lo emocional y físico. Fue también un desmerecimiento de la especialidad, como si se nos pudiera reemplazar por cualquier cosa y por eso hoy tenemos cinco compañeros afuera: van a buscar otra cosa. Que, por lo menos, si los van a maltratar, les paguen mejor”, analizaron.
Si bien la especialidad convive de manera habitual con decisiones críticas, y aún con la muerte, señalaron que no estaban acostumbrados a la calidad de atención que debieron brindar.
Para los profesionales, es necesario que el gobierno tome una “decisión política” que demuestre que está interesado en sostener el servicio de terapia intensiva que es referencia en la Patagonia. “El único hospital público que hace cirugías de alta complejidad es el Castro Rendón. Todo esto corre riesgo si no se soluciona esta situación. No tenerlo en cuenta para tomar una decisión demuestra una incapacidad de proyección que nos sorprende”, plantearon los profesionales, quienes aseguraron que deben tomarse “decisiones radicales”.
El abogado Milton Kees pidió que la provincia idee “soluciones creativas” para contener el malestar y recuperar el servicio y mencionó como opción declarar el intensivismo como “especialidad crítica”. “No deberíamos enviar los mismos recursos a todos los profesionales sino reforzar a aquellos que se vuelven más críticos”, sostuvo.
“En el fondo, es un problema de oferta y demanda como ocurrió en algún momento con la anestesia y cirugía», dijo.
Ellos se animaron a hacer este amparo no solo por ellos, sino para las generaciones futuras y para salvar la especialidad”.
Carolina Ubaldini, abogada de los médicos terapistas.
La abogada del estudio que representa a los terapistas, Carolina Ubaldini, estimó que la jueza María Eliana Reynals podría resolver la acción de amparo entre fines de abril y principios de mayo. Sobre el estado actual del expediente, indicó que “no está para resolución todavía porque se están realizando las pruebas”, ya que los profesionales se sometieron a pericias psicológicas, hay un perito de seguridad e higiene haciendo un análisis sobre el estado del hospital y aún falta una instancia de testimoniales.
“El que haya renunciado más gente desde que se presentó el amparo, implica una sobrecarga horaria para quienes siguen en el servicio. Eso probablemente repercutirá en la decisión final que se tome”, evaluó la abogada.
“Todavía pueden pasar muchas cosas y la situación se puede ir agravando. En enero, los 11 esperaban seguir acá al día de hoy, pero cada uno tiene su historia personal y tiene que decidir en función de eso”, planteó.
El amparo fue declarado admisible por la jueza de feria, Elizabeth García Fleiss, el 19 de enero. El 3 de febrero se abrió una instancia de conciliación para acerca a las partes, pero no resultó exitosa.
“Creemos que la resolución no va a ser global ni va a solucionar las cosas a largo plazo, pero sí puede dar un oxígeno en el corto plazo y poner las cartas arriba de la mesa para decirle a la provincia: acá hay un problema para solucionar y que repercute en toda la sociedad”, evaluó Ubaldini.
La abogada aclaró que, muchas veces, un amparo se puede resolver sin pruebas, pero en este caso “eran indispensables para resolver” por lo que consideró que avanza en tiempos “rápidos”.
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