Neuquén perdió 170 millones por un mal manejo con bonos

La provincia de Neuquén perdió cerca de 170 millones de pesos como consecuencia del mal manejo realizado con bonos que recibió de Nación la administración de Jorge Sobisch en 1993, en concepto de regalías mal liquidadas.

Una parte importante de esta pérdida corresponde a las compras de acciones hidroeléctricas que fueron adquiridas a altos valores de mercado, las que luego cayeron -por diversas causas- a partir de 1995.

Otra pérdida significativa, que le costó al erario público algo más de 70 millones, corresponde a la compra-venta de títulos y bonos en momentos en que no era aconsejable hacer este tipo de operaciones.

Con estos antecedentes, el fiscal Mario Rodríguez Gómez aportó el viernes pasado pruebas ante el juez Daniel Geloni, para el inicio de indagatorias a funcionarios que actuaron en el primer gobierno de Jorge Sobisch (1991/1995).

La causa se circunscribe a denuncias ya efectuadas en estos mismos términos en Río Negro y Chubut: el desmanejo de bonos y títulos en el sistema financiero por parte de funcionarios provinciales, teniendo como brazo ejecutor de esta maniobra siempre a la misma financiera: Argemofin SA. Por otro lado, se sabe -como ya se adelantó en ediciones anteriores- que el actual titular del PAMI y ex vocero de Raúl Alfonsín, Federico Polak, participó en forma activa en estas negociaciones financieras tanto en Río Negro como en Chubut (Ver aparte).

Polak fue interventor de estos dos bancos provinciales y, por el lado de Argemofin SA estuvo presente, en ambos casos, el actual director del Banco Nación (BNA), Guillermo Busso.

El fiscal que lleva adelante la causa en Neuquén en una primera instancia solicitó la indagatoria al ex presidente del Banco de la Provincia (BPN), Carlos Chiáppori; al actual ministro de Economía de la provincia, Alfredo Pujante; al director de BNA, Guillermo Busso y a directivos de Argemofin S.A.

Como en el caso de las provincias mencionadas, las pruebas de la Fiscalía se centran en la posible venta fraudulenta de títulos públicos efectuados a través del BPN en el período que va de agosto 1994 a diciembre 1995.

Estos títulos correspondían a parte del dinero que recibió la provincia tras el acuerdo por regalías mal liquidadas que firmó con la Nación (ver aparte).

Conforme a datos brindados por la Fiscalía y que se incorporarán al expediente en las próximas horas, el Ejecutivo provincial autorizó en el período mencionado al BPN la venta de títulos públicos en manos de la administración neuquina.

Pero la denuncia penal del fiscal no apunta al mal manejo de los fondos que percibió la provincia, es decir la negligencia de los operadores y funcionarios provinciales para defender el patrimonio neuquino.

La ofensiva de la fiscalía se concentra en las «operaciones de pase», alrededor de 65, que son las que fueron estudiadas, sobre la mayor parte de las cuales no existió retroventa de los títulos, con el agravante de que gran parte de estas operaciones estuvieron por debajo del valor mínimo de cotización de ese día en el mercado abierto electrónico (MAE).

Específicamente sobre este punto, la Fiscalía estima que las pérdidas alcanzarían los 15 millones de pesos.

Cabe recordar que, en el período que se menciona, se efectuaron las encarnizadas internas del MPN, siendo una de las fracciones que competían para mantenerse en el gobierno la línea que lideraba el gobernador de ese momento, Jorge Sobisch.

La mayor parte de estas transacciones se realizaron a través de la financiera Argemofin SA, entidad que también actuó en la comercialización de títulos y bonos en Río Negro y Chubut, con resultados económicos similares a los obtenidos en Neuquén.

En mucho menor medida trabajaron con la provincia en este tipo de operaciones el Banco Galicia, Citibank, Banco Mildesa, el Banco Interfinanzas, Valfina SA y Leccorp SA, estos dos últimos como agentes de bolsa.

En las ventas, en las que actuó este último lote de agentes financieros, los títulos que se vendieron estuvieron siempre por encima del precio mínimo del día del MAE o, en los casos más extremos, en el mínimo del día, pero nunca por debajo de este último.

Las «operaciones de pase» se definen como la venta de títulos públicos con un pacto de retroventa estipulado en un plazo dado, por el cual el vendedor se compromete a recomprarlos y el comprador a revenderlos por igual valor al que se vendió más una suma adicional equivalente al interés bancario que se hubiese aplicado al monto de la primera operación.

Al no poder cumplir con los compromisos de recomprarlos por carecer de efectivo para ello, la provincia autorizaba su venta a la entidad financiera que había participado de la operación y que tenía como garantía estos documentos, para de esta manera cancelar la deuda.

La Fiscalía presentó varias «operaciones testigo» donde se muestra que las ventas de esos documentos estuvieron por debajo del valor mínimo de cotización de ese día en el MAE.

Esta información refuerza el contenido del estudio que realizó la Fundación Capital en 1997, en el cual se señalan parte de las operaciones que efectuó la provincia y algunas de las ventas efectuadas por debajo de los mínimos del día en el MAE, muchas de ellas nunca declaradas en este mercado.

El otro punto es la sobretasa que pagó el BPN sobre préstamos tomados, colocando como garantía los títulos mencionados.

En este sentido, el promedio de la tasa de interés pagado por la entidad oficial rondaba el 18%, cuando por una operación de pase de similares características, para la misma fecha de análisis y por un día (tasa más caliente), el BCRA tomaba como tasa de referencia valores por debajo del 8% anual, tal como lo confirma el informe del Gabinete Técnico Contable de la Fiscalía de Neuquén.

Todo un desmanejo de las financias públicas provinciales.

Argemofin, proveedor habitual de dinero «fresco» para Río Negro

La relación de Río Negro con Argemofin se incrementó desde que Federico Polak fue designado interventor en el Banco Provincia de Río Negro, a fines de 1992. Polak ocupó ese cargo hasta mediados del «93, en que pasó a desempeñarse como presidente del Banco Provincia del Chubut. Sólo en un año y medio, fueron tomados 82,4 millones de pesos en préstamos, pero a pesar de lo abultado de la cifra, nada es posible conocer acerca de las condiciones pactadas.

La información es tan críptica que resulta imposible conocer el monto total de los créditos y las condiciones pactadas, tales como tasas de interés, comisión de la financiera y plazos. La metodología de «información pública» elegida es reveladora de lo paradójicamente escaso que se conoce sobre el particular.

Sólo en el período entre enero de 1992 y junio de 1993, fueron publicados en el Boletín Oficial decretos referidos a 13 operaciones de crédito y una renovación de otro préstamo anterior.

En total, en ese año y medio, se tomaron con Argemofin préstamos por valor de 82.400.000 pesos, o su equivalente en títulos públicos nacionales, Bonex o directamente dólares estadounidenses.

En todos los casos, las operaciones fueron realizadas a través del entonces BPRN, que todavía existía como ente autárquico estatal.

La fórmula utilizada para los decretos es similar: Se cede en favor de Argemofin hasta un porcentaje determinado de regalías o coparticipación federal, hasta cubrir el capital, intereses y gastos del préstamo que por un importe determinado se consigna, y que es concertado a través del BPRN. Nada se indica sobre los montos de los intereses y gastos.

Por autorizarse el depósito automático de la Nación en favor de la cifra, los préstamos tenían en realidad «riesgo cero», ya que la firma privada tenía asegurado el cumplimiento de su deudora.

El artículo 2 de cada decreto, agrega que «a los fines de la determinación de los saldos deudores, bastará la certificación pertinente expedida por la entidad acreedora, sin perjuicio de su oportuna rendición de cuentas ante la provincia».

Las firmas, en todos los casos, son del gobernador Horacio Massaccesi, del ministro de Hacienda Raúl Di Nardo. En los últimos dos decretos, éste es reemplazado por su sucesor, Daniel Pastor, aunque Di Nardo se mantiene como firma autorizada para la operación, en su calidad de coordinador ejecutivo del Consejo de Política Económica y Fiscal.

«Río Negro» intentó conocer -en su momento y también ahora- las condiciones pactadas en estos préstamos. La última averiguación fue ante el secretario de Hacienda, el contador Pablo Federico Verani. A él le fueron solicitadas las escrituras de registro de los acuerdos mutuos firmados en cada una de estas operaciones. Tal requerimiento aún no halló respuesta.

Polak

Sobre la persistencia en pactar operaciones con Argemofin, Federico Polak dijo a este diario que » hay financieras y bancos dedicados exclusivamente a la banca provincial, y Argemofin era una de ellas. Otra era Lecorp, o el Banco Macro. No hay tal coincidencia. Siempre va a encontrar en los préstamos a las provincias a los mismos prestadores, haciendo un pull o actuando solos».

Cuando se le consultó si conoce a Javier Madanes Quintanillas, uno de los directivos de Argemofin y también de la chubutense Aluar, señaló que «alguna vez lo he visto. No es amigo personal, pero lo he visto».

En cuanto a Guillermo Busso -actual director del BNA y ex director de Argemofin- manifestó Polak que «lo ví sólo el día en que fue a declarar en el juicio que me hicieron en Río Negro».