Neuquén no se endeudará porque «fue muy grande» el crecimiento de ingresos

El ministro de Economía Guillermo Pons dijo que cuando se apuró la sanción de la ley de endeudamiento, tras la crisis con los autoconvocados de Salud, no se podía prever el crecimiento de los ingresos por recaudación, regalías y por coparticipación.

Diputados de la oposición se cruzaron ayer con el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Pons, luego que el funcionario admitiera que no necesitará el endeudamiento de 12.800 millones que solicitó a la Legislatura en abril para afrontar los aumentos salariales de los estatales. “El crecimiento de los ingresos fue muy grande, no teníamos forma de preverlo”, aseguró. 

El ministro asistió ayer a la comisión de Presupuesto para explicar la previsión de recursos y gastos del 2022 y mostrar cómo ha sido la ejecución en lo que va del año. Indicó que, actualmente, la provincia cuenta con un resultado primario positivo equivalente a 181 millones de dólares, situación que no se daba desde el 2018

Si bien señaló que desde enero de este año hasta abril los recursos venían creciendo, dijo que en mayo hubo una disminución nuevamente, por ello “recién en julio se consolidó tendencia”. “Cuando hicimos el acuerdo salarial estábamos viendo que recursos estaban teniendo comportamiento de crecimiento, pero no en los niveles en que terminaron dándose en agosto, septiembre y octubre”, argumentó Pons. 

Respecto de la deuda utilizada durante este año, detalló que totalizó hasta el momento 12.687 millones de pesos entre emisión de Letras del Tesoro y un préstamo con Nación. “Están disponibles aún 10.432 millones autorizados por presupuesto, que probablemente ya no lo utilicemos, más los 12.800 millones de la ley que no van a tener uso”, indicó. 

La declaración del funcionario provocó risas irónicas entre legisladores de la oposición, quienes interrumpieron la exposición para cuestionar los motivos por los cuales se apuró el tratamiento de la deuda en la Legislatura. 

No es cuestión de quién tiene razón o no, sino de qué información tenemos al momento en que estamos tomando las decisiones. Fue muy grande el crecimiento de recursos, no teníamos forma de preverlo”, manifestó. Pons sostuvo que “el comportamiento de los ingresos no fue de una tendencia creciente permanente” y recordó que, cuando se solicitó la autorización a mitad de año, “epidemiológicamente teníamos una segunda o tercera ola que nos llevó graves problemas con las terapias al 100% y las discusiones de si se volvía a la presencialidad o no”.

“Hay que contextualizar los momentos para saber qué grado de incertidumbre teníamos respecto a cómo se iba a seguir. Hay algunas cosas que salieron bien y hoy podemos decir que creemos que no necesitamos financiamiento para este año”, manifestó. 

El presupuesto del 2022 prevé recursos por 322.468 millones de pesos y un gasto menor, de 310.246 millones. El proyecto no se puso a consideración ayer tras la exposición del ministro, sino que continuará en debate al menos otras dos semanas. El objetivo es que obtenga despacho para llegar a tratarse en las sesiones del 1 y 2 de diciembre. 


Busamia explicó el presupuesto judicial 


La comisión de Asuntos Constitucionales recibió ayer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, quien explicó los detalles del presupuesto del Poder Judicial del 2022, estimado en 16.022 millones de pesos. El proyecto no recibió despacho, pues seguirá en tratamiento hasta el martes que viene. 

El vocal indicó que los ejes para el año que viene estarán enfocados en mejorar el fuero de familia y la oficina de violencia, además de continuar con el proceso de modernización de los sistemas de gestión. 

En cuanto a los ingresos, explicó que el 78% llegarán a partir de la coparticipación federal e ingresos propios, mientras que el porcentaje restante deberá aportarlo la Tesorería de la provincia. “Hemos hecho esfuerzo en el diseño presupuestario para no excedernos en las contribuciones figurativas”, indicó Busamia tras explicar que la cifra, de 3.460 millones, será similar al que se alcanzará este año. 

El magistrado detalló que durante el 2020 y buena parte de este año hubo una política de restricción de gastos que limitó la cobertura de cargos, por lo que aún cuentan con cupos no utilizados. “No se está pidiendo autorización para ampliar la planta de personal, nos vamos a mantener”, aseguró. 

Frente a una consulta sobre los alquileres que paga el Poder Judicial, Busamia explicó las dificultades para acceder a edificios adecuados y el precio por metro cuadrado. “Resulta prioridad pensar la política de inmuebles, pero tenemos el condicionante de que hay que acudir a fuentes de financiamiento distintas a la coparticipación federal”, planteó. 

“Los primeros 15 años la ley de autarquía funcionó bien, pero en los últimos 15 fue cuando comenzó el desequilibrio. Se alteró mucho la base de la coparticipación, hoy esos fondos no nos alcanzan ni para cubrir los gastos corrientes”, sostuvo. 


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