Nación fuerza la estrategia para insistir en la central nuclear

A mediados de febrero, el gobierno nacional, a través del Municipio de Sierra Grande, pondrá en marcha una estrategia judicial para insistir en la instalación de la central nuclear en Río Negro. Buscará derribar una ley provincial que impide su instalación en el territorio rionegrino, desoyendo el fuerte rechazo que generó el proyecto, para avanzar con una instalación cuyas características técnicas y potencial peligrosidad se desconocen.

La posible estrategia diseñada por Nación contempla que, a través de Energía, dicte una norma que disponga la localización de la central nuclear en Sierra Grande. Esta formalidad abriría al Municipio el camino para avanzar en la Justicia, con un recurso de “conflictos de intereses y de inconstitucionalidad”.

Un equipo legal –que integran la constitucionalista Marcela Basterra, el exdiputado y exministro radical Oscar Machado y, entre otros, los letrados Micaela Santolaria y Pedro Casariego- evalúan antecedentes y opciones jurídicas. Los primeros argumentos: reivindicar la potestad de Nación del manejo de la actividad nuclear –fijada en la ley 24804– y la decisión municipal de Sierra Grande de permitir el asentamiento de una planta.

Actualmente, la instalación está prohibida en Río Negro por la ley Nº 5227, promulgada en setiembre pasado. Aún así, el proyecto siguió latente y, por ejemplo, nunca existió resignación de parte del intendente serrano, Nelson Iribarren. Así, se lo había hecho saber a Nación y, en esa línea, idearon un proceso, previa realización de una consulta popular en Sierra Grande para su reimpulso.

El 17 de diciembre, esa localidad votó por “Si” o “No” a la planta nuclear. Con baja concurrencia (24%) y sin fiscalización independiente ni participación de la oposición –que llamó a no participar–, el Municipio anunció un triunfo de los que están a favor de la instalación. Este respaldo –según los datos oficiales, del 85%– servirá a la Nación y al Municipio para insistir con el proyecto.

A principios de enero, en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri le adelantó la decisión al gobernador Alberto Weretilneck. “Plantean llevarlo adelante. Yo le dije que la provincia fijó su posición aunque yo creo que la planta es importante y trascendente. El gobierno (provincial) se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán como hacerlo”, declaró Weretilneck.

Así, Macri entendió que el gobernador no obstruirá su intento. En cambio, el vicegobernador Pedro Pesatti promete una activa resistencia. El diputado macrista Sergio Wisky encabeza el empuje nacional. “Esa instalación sería extraordinaria”, afirmó.

La reaparición del proyecto correspondió al senador Miguel Pichetto, que lo retomó el mismo día de la elección de octubre pasado. Sus fundamentos: “la extensa trayectoria en materia nuclear” de Río Negro, con el Invap y sus reactores; significa la “inversión más grande de la historia de la provincia”, con “más empleo” en “cantidad y calidad”; y la “energía nuclear juega un rol clave para bajar la emisión de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo a la protección del medio ambiente”. La propone para Sierra Grande ya que está “gravemente afectada por diferentes crisis económicas, que la condenan a un futuro incierto”.

En Sierra Grande, Iribarren apura a la Nación para cumplir con el trámite de localización y avanzar en la acción judicial frente al STJ. Esa formalización daría cierto cuerpo al proyecto y, consecuentemente, razones municipales para su reclamo judicial. Quiere evitar un traspié formal, como ya ocurrió. A fin de año, este tribunal declaró “improcedente” un recurso del barilochense Antonio Sánchez, que pedía la inconstitucionalidad de la ley de prohibición. La Justicia ni profundizó el análisis ya que cuestionó la legitimidad del accionante.

Hay voces en defensa de la ley y contrario a los pasos nacionales. La senadora Magdalena Odarda, con residencia en Sierra Grande, reafirma que “es constitucional y válida” mientras advirtió del “lobby” del gobierno nacional para “avanzar en la central en Río Negro, a pesar del multitudinario rechazo”. Reivindica el “desarrollo eólico” y cuestiona que no es explotado en la provincia. Odarda sale al cruce de la ofensiva nacional y advierte que la ley Nº 24804 también establece que los “emplazamientos nucleares deben tener la aprobación de los estados provinciales y que las provincias son autónomas en esa decisión”, sobretodo “las que pueden afectar al ambiente”.

El dato

Por qué NO

Porque una sola planta genera toneladas de desechos radiactivos al año, algunos más peligrosos que otros. Los más persistentes pueden tardar cientos de miles de años en disminuir su peligrosidad. Por los riesgos de accidente y fugas, peligro siempre presente. Es una energía cara y sucia si se tienen en cuenta todos los desembolsos que hay que realizar para poner en funcionamiento una central nuclear (y no solo los directos), es una de las formas más caras de producir energía eléctrica. La energía generada es barata, comparada con los costos del combustible, pero al tener que amortizar la construcción y posterior desmantelamiento, la encarece sensiblemente. La mayoría de las veces, solo se la compara con las centrales termoeléctricas y se dice que emiten mucho menos C2 (dióxido de carbono), pero nunca se habla de los residuos que genera, qué se hace con ellos y quienes pagarán los altísimos costos de la gestión de los mismos. Emplea un material combustible agotable y contaminante. El mineral utilizado es el uranio. Se encuentra en la naturaleza, aunque en bajas proporciones y no se regenera, debe ser extraído por minería con los riesgos asociados. En la mayoría de los países esto va en declive y se encaminan hacia energías limpias, renovables y sustentables. Porque hay zonas protegidas y algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, con un mercado turístico reconocido a nivel mundial y aún sin explotar, con la posibilidad potencial de generar energía eléctrica, a través de emprendimientos mareomotrices, undimotrices, eólicos o solares. El proyecto es de tipo capital intensivo y llave en mano, tiende a configurar un territorio tipo extractivo, viola el principio de equidad intergeneracional, base del desarrollo sostenible.

El impacto en el empleo local sería bajo en la medida que se contratarían personas con experiencias en centrales.

No tiene licencia social. Se han juntado más de 25000 firmas en su contra. Y hay leyes que prohiben su instalación en Río Negro (provinciales N 5227, 2772, 2951, la nacional 24804, Constitución Provincial y ordenanzas municipales de Viedma, SAO y Sierra Grande).

Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)

Por qué SÍ

Estoy convencido de su instalación en Sierra Grande. Tuve el privilegio de conocer el proyecto, desde el minuto uno. Y no me quedan dudas que es serio, responsable, sustentable en el tiempo y, por sobre todas las cosas, beneficioso para la localidad y toda la región.

No se agota en su obvio significado económico, sino que atraviesa transversalmente todas las capas de la sociedad, y se instala, sin ir más lejos, en el plano cultural, en el intercambio de saberes y costumbres porque modificará nuestra idiosincrasia. Y claro está, presente siempre, la idea de crecimiento. Un crecimiento demográfico proyectado a escalas inéditas, y la posibilidad de generar no solo las fuentes de trabajo directas que implican la construcción y puesta su funcionamiento sino las derivadas del necesario efecto “rebote”, que genera en el intercambio de bienes y servicios.

Además, la energía nuclear, lejos de estar en retroceso a nivel mundial, se presenta como la alternativa más plausible en Europa Occidental y, luego, de un período de amesetamiento, han comenzado a proyectar y construir decenas de nuevas centrales nucleares.

Lamento profundamente el innecesario desgaste que ha producido los vaivenes del gobierno de Río Negro en esta materia, y que solo ha redundado en impregnar un temor infundado en parte de la población por falta de información técnica y precisa, que no le permitió comprender –con meridiana claridad– cuál es el corazón de este proyecto histórico, único e irrepetible. Los pocos que se muestran reticentes

–seguramente– se plegarán a la gran mayoría que apoya cuando el proyecto avance y así se fortalezca aún más esa “licencia social” ya lograda.

Se trata de convicciones. Y son convicciones que trascienden lo ideológico y cualquier aspiración política. Es un hecho que nos excede y compromete a la dirigencia política para ir en el mismo sentido, llevar la paz social y lograr que todos los ciudadanos abracen la bandera del progreso sustentable.

Nelson Iribarren (intendente de Sierra Grande)

Contradicciones y necesidades

Por Sergio Ceci – sgceci@gmail.com

La opción legislativa –probablemente– no haya sido la mejor técnicamente hablando aunque ya registraba un antecedente parlamentario, con media sanción en julio de 1995, y nunca pudo ser tratado en segunda vuelta por una fuerte y atendible intervención de Invap. El año pasado, esta institución no pudo evitar la ley y debió conformarse con excepciones para sus proyectos, como la venta a Holanda que tuvo avales legislativos –ley 5.218- que paradójicamente vienen de un estado con “ley antinuclear”.

Luego, se suma otro elemento contradictorio cuando se establecen alícuotas del 1,8% –ley Nº 5265– de Ingresos Brutos para la “Generación de energía térmica nuclear”. Es decir, una norma posterior grava una actividad que otra ley (Nº 5227) claramente prohibe.

En lo que aquí interesa, es necesario tener en cuenta el régimen constitucional nacional, de base federal, que asigna competencias provinciales y delega otras al Estado Nacional, como la generación de energía eléctrica. Así, la solución parlamentaria de Río Negro fue la mejor que el gobierno Provincial pudo lograr en ese contexto político pero, si adoptamos una mirada técnica o jurídica, esa ley prohibitiva es políticamente simbólica, por ser jurídicamente innecesaria, o de efecto neutro, en tanto para emplazar una central nuclear en una provincia, es necesario construir depósitos o repositorios de combustible gastado y residuos radiactivos en las propias instalaciones de la planta.

Las leyes nacionales de Actividad Nuclear –Nº 24804– y de Residuos Radiactivos –Nº 25018– fijan que cualquier emplazamiento de este tipo se encuentra bajo jurisdicción, regulación y fiscalización del Estado Nacional.

El marco normativo también establece sí o sí que una ley provincial autorice la instalación de una planta nucleoeléctrica de potencia en su territorio, que también almacenarán sus residuos radiactivos. Sin ello, la instalación está prohibida entonces la ley prohibitiva redunda y pretender la declaración de su inconstitucionalidad poco sumará –jurídicamente– a la intención de erigir la planta. Además, será necesaria otra ley provincial que conforme el Código de Aguas le otorgue permiso o concesión de dicho recurso, aún si fuese sobre aguas marítimas.

Se debe evitar sumar a la ya existente crisis política e ideológica sobre las bondades o maldades de la energía nuclear, una controversia judicial innecesaria, neutra o abstracta, y en todo caso barajar y dar de nuevo, permitiendo que los rionegrinos accedan a un debate informado, transparente y comprometido.

Este tema, de tanta trascendencia política, social, ambiental y económica, no debe caer en las grietas que nos desunen, no debe arrastrarse a las escurridizas arenas jurisdiccionales, buscando un atajo que incluso puede derivar en un camino sin salida. Más bien, volver las cosas a su cauce normativo, y pedirle al Gobierno Nacional y Provincial que transparenten sus acciones, estudios y permitir que la decisión se construya participativamente tal como lo prevé el marco jurídico nacional.

Profesor adjunto de Derecho de la Energía (UNRN) y ex fiscal de Estado

El gobierno [provincial] se expresó con la ley que dice que no puede haber una planta nuclear. Pero, si el gobierno nacional o Cambiemos considera que ellos pueden llevarla adelante, entonces sabrán cómo hacerlo”.

Gobernador Alberto Weretilneck, luego de su encuentro con el presidente Macri a principios de enero

Ocho meses de idas y vueltas