Murió la víctima de un robo en Neuquén y se agrava la situación de los detenidos

Les formularán una nueva acusación, ahora por homicidio. Son una pareja y están con prisión preventiva por seis meses.

La muerte de Antonio Domingo Martínez Pichún, el hombre de 97 años golpeado por dos jóvenes que le robaron la jubilación, provocó un cambio en la causa penal. En las próximas horas los detenidos serán acusados de un nuevo delito y podrían ser condenados hasta 25 años de prisión.

Antonio había sido asaltado el 7 de mayo pasado en su domicilio justo después de cobrar 8.000 pesos de jubilación. Una de sus nietas lo dejó solo por unos momentos mientras realizaba un trámite, y esa ocasión fue aprovechada por una pareja vecina del barrio Islas Malvinas para ingresar al inmueble.

Golpearon al jubilado, quien tenía problemas de audición, y lo dejaron gravemente herido en el suelo. Así lo encontró su nieta cuando regresó. Desde entonces estuvo internado hasta que se produjo su fallecimiento.

Los dos imputados fueron detenidos y se les dictó la prisión preventiva por seis meses, la cual fue confirmada ayer poco antes de producirse la muerte de la víctima.

Hasta ahora venía interviniendo en el caso la fiscal de Robos, Soledad Rangone, quien en las próximas horas le pasará el legajo a su par de Homicidios, María Eugenia Titanti, para que continúe la investigación como homicidio en ocasión de robo u homicidio criminis causa, entre otras posibles figuras legales.

Al respecto el querellante Gustavo Lucero dijo que «nos interesa en particular el resultado de la autopsia, para conocer las causas de la muerte».

Los imputados fueron impuestos de la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En su momento la fiscal Rangone argumentó el peligro de fuga en que la pena en expectativa es alta, incluso antes de la muerte de la víctima, pero también en la conducta que han demostrado en otros casos: por ejemplo, ambas personas tienen cinco investigaciones en contra por incumplir las restricciones a la circulación dispuestas por la pandemia Covid-19.

Respecto del peligro de entorpecimiento de la investigación, la fiscal reiteró los argumentos que originalmente sostuvieron la prisión preventiva: el acusado y la acusada podrían amedrentar o influir a los testigos del hecho, en su mayoría familiares, amigos o vecinos de la víctima.

El hombre alcanzó a decir los datos de los agresores ya que los conocía, y permitió dar con ellos el mismo día de la agresión. El sábado 8 de mayo fueron imputados como coautores del delito de robo simple (artículos 164 y 45 del Código Penal).

Con un informe médico en el que se constató la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima, la fiscalía reformuló cargos el 13 de mayo y pidió la prisión preventiva por seis meses para ambas personas. La jueza hizo lugar a la solicitud y aceptó los nuevos cargos: robo agravado por lesiones gravísimas, en calidad de coautores (artículos 166, inciso 1; y 45 del Código Penal).

Ahora habrá una nueva audiencia y se les formulará una imputación mucho más grave, que incluso podría derivar en un juicio por jurados.


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