Urbanización ilegal en el Alto Valle: presentan un proyecto tras el «desalojo» de un loteo social

Un grupo de integrantes de la cooperativa Trabajo Barrio Obrero, que mantiene un conflicto con el municipio de Fernández Oro, se hizo presente este jueves en el Concejo Deliberante, donde presentaron un proyecto de ordenanza con el fin de regularizar la situación de un loteo en disputa. Por su parte, desde el Ejecutivo dieron a conocer resoluciones que «desmienten» a los manifestantes.

El caso, que inició durante la gestión del exintendente Mariano Lavín, se reavivó el lunes. Todo comenzó luego de que el Juzgado de Faltas resolviera secuestrar y retener todo elemento que coopere con una posible urbanización en una superficie de 26 hectáreas. Según la legislación existente, el área —adquirida por la cooperativa con fondos nacionales— no está habilitada para ese tipo construcciones, debido a que está emplazada en un área productiva.

En las últimas horas, los integrantes del loteo social fueron recibidos por el Legislativo de la ciudad, donde hicieron entrega de un proyecto propio de ordenanza. La normativa apunta a modificar el Código de Ordenamiento Territorial para convertir la zona en «urbanizable».

«El proyecto habla de cambiar la zona para que sea urbanizable. No solo queremos que sea destinado a viviendas, sino que pedimos que se habilite un mixto entre viviendas y áreas de siembra», explicó Eduardo Álvarez, presidente de la cooperativa, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La promesa es que la iniciativa tenga tratamiento «lo más rápido posible». Asimismo, desde la agrupación solicitaron «formar parte de la discusión» dentro del Concejo.

Álvarez comentó, además, que se acercaron a la sede municipal para hacer entrega de una nota donde exigieron la recuperación de los bienes secuestrados durante el operativo del lunes. Aunque no fueron recibidos personalmente por el intendente Gustavo Amati, un grupo de funcionarios recepcionó el pedido.

«Pedimos la devolución de las cosas que se robaron«, añadió Álvarez.

Urbanización ilegal en el Alto Valle: qué dice el municipio de Fernández Oro

El proceso comenzó hace dos años cuando la organización, por medio de un programa de integración sociourbana de Nación, compró el loteo en una zona productiva con una superficie de 26 hectáreas. Allí se inició el proceso de fraccionamiento de 250 loteos.

Desde la organización indicaron que había un acuerdo de palabra con el exintendente Lavín para desarrollar un loteo social y que el actual jefe comunal Gustavo Amati impulsó la orden de retirar cualquier elemento para fomentar la construcción. Sin embargo, ambas gestiones desmintieron tal versión y sostuvieron que hubo oposición a la urbanización desde el primer momento.

«No importa si es un loteo social o un desarrollo urbanístico, es una zona rural y el Código es claro en que no es apto para la construcción», indicó días atrás el juez de Paz Lucas García Lagos, quien libró la orden de «limpiar» el lugar.

El exintendente y actual titular del IPPV, Mariano Lavín, se expresó en el mismo sentido y detalló que la organización siempre supo que ese lugar no era apto para construir. «Es cierto que tuvimos una serie de reuniones, pero siempre se dejó claro que es una zona rural. Vinieron con algunos proyectos para ver si se podía avanzar; nosotros los escuchamos porque es lo hacemos siempre, pero finalmente dijeron que iban a avanzar de cualquier forma y esa fue la última reunión», indicó.

En las últimas horas, el municipio de Fernández Oro compartió dos notas, correspondientes al 27 de julio de 2023 y 20 de agosto de 2023, donde la comuna certifica que no hará entrega de la «viabilidad técnica para desarrollar un loteo en una zona destinada a la producción».

«Con estos documentos, se pone de manifiesto que es mentira que la gestión de Mariano Lavín le autorizó un loteo a la dirigente social Lila Calderón«, afirmaron desde el Ejecutivo local en un comunicado de prensa.

La primera de las notas menciona que el Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental de Fernández Oro califica al área en cuestión como una «zona rural irrigada». En ese sentido, se explica que debe estar destinada a la «explotación rural o actividades productivas del sector primario de la economía«, principalmente para la fruticultura, horticultura o apicultura.