Un proyecto que incluye barrios privados y loteos VIP genera polémica en San Martín de los Andes

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes tenía todo acordado para sancionar una ordenanza destinada a promover la extensión del ejido municipal, pero un reparo de último momento que expuso el bloque de Juntos por el Cambio obligó a devolver el proyecto a comisión.

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Está en juego no solo la posibilidad de ampliar la injerencia del municipio sobre un área muy superior a la actual, sino también la incorporación de varios loteos VIP y barrios privados que fueron habilitados por el gobierno provincial de Neuquén y que hoy no tributan a gobierno local alguno.

Las trabas impuestas en la sesión del último jueves por los concejales de Juntos por el Cambio generaron el disgusto de sus pares del Frente de Todos, que quieren avanzar con la ordenanza cuanto antes. Asumen que se trata de un debate espinoso que luego tiene que pasar por la legislatura provincial y que “difícilmente prospere en un año electoral”.

El bloque del MPN tiene decidido acompañar (de hecho el proyecto fue presentado por el intendente Carlos Saloniti) pero aceptó tomarse más tiempo porque prefiere que un tema tan “estructural” salga con el mayor consenso posible.

El concejal del Frente de Todos y principal impulsor del proyecto, Santiago Fernández, dijo que ya habían efectuado todos los análisis y consultas, incluida la audiencia pública que se realizó el pasado en diciembre pasado, y que existía acuerdo de los tres bloques para aprobarlo esta semana. Atribuyó el nuevo giro político que demora los tiempos al “fuerte lobby de los desarrolladores inmobiliarios”, que aspirarían a mantenerse fuera de la órbita municipal.

Fernández explicó que hoy el ejido sanmartinense tiene 14.000 hectáreas y es “mucho más acotado que el de Junín de los Andes, por ejemplo, que está departamentalizado”. La iniciativa en evaluación apunta a llevarlo a 36.000 hectáreas, de modo que abarcaría desde “la divisoria de aguas del cero Chapelco hasta la curva del arroyo Quilquihue, unos 5 kilómetros más allá del aeropuerto”, según detalló el concejal.

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Dijo que esa expansión dejaría dentro del área a cargo del municipio “varios loteos de segunda residencia, algunos con cancha de golf, cancha de polo, lodges de pesca” y otros fracciones de alta valuación inmobiliaria.

Fernández señaló como un contrasentido que “la provincia apruebe esos desarrollos y que sus dueños los promocionen como parte de San Martín de los Andes, porque así lo dicen expresamente sus páginas web, pero no tributen en el municipio”.

Dijo que el propósito de la ampliación no es meramente recaudatorio sino “de planificación”, ya que San Martín tiene desde hace años un criterio específico para la aprobación de loteos, que obliga -por ejemplo- a incorporar todos los servicios a cargo de desarrollador y a ceder un 16% de las tierras como reserva fiscal, exigencias estas que no cuentan para los que autoriza la provincia.

Fernández subrayó que esa disparidad ya causó graves dificultades para el ordenamiento urbano y citó el caso del loteo Caleuche, que surgió hace 40 años bajo permiso provincial y tiempo después fue absorbido por el municipio, “sin servicios y sin un solo espacio verde”.

Según el concejal, los últimos desarrollos inmobiliarios surgidos en la periferia de la ciudad pero al margen de las pautas municipales “responden a una lógica de planificación dictada desde un escritorio, sin inserción territorial”. Explicó que la ampliación del ejido ayudaría a poner fin a esas distorsiones.

Fernández destacó que en San Martín de los Andes el planeamiento urbanístico es una prioridad y “por eso la ciudad puede exhibir un orden, una previsibilidad y además una cobertura de cloacas del 90%, como no hay en casi ningún lugar del país, y en la provincia menos”. Dijo que de los beneficios ambientales de esa política también se sirven los desarrollos y barrios privados ubicados en las fracciones lindantes con el ejido. “Los que viven afuera disfrutan y lucran con ese esfuerzo, pero no tributan”, se lamentó Fernández.

Dijo que “lo que está en juego es la planificación a largo plazo” y San Martín no puede esperar más. La ampliación del ejido, subrayó, no se puede improvisar y por eso demandó “estudios muy detallados y un análisis económico” que fueron sometidos a audiencia pública.

“Esta ordenanza debería salir aprobada ahora, para que luego la Legislatura provincial apruebe la ley de ampliación del ejido. Queremos darle todo el segundo semestre, porque el 2023 ya es año electoral y no va a salir”, razonó.

Según Fernández, el Ejecutivo municipal lo entendió así y el proyecto estaba encaminado, pero surgió la nueva negativa de Juntos por el Cambio, para estudiarlo más. Las diferencias que plantearon tendrían que ver con los nuevos límites jurisdiccionales del municipio. Los concejales se comprometieron a tratarlo una vez más en comisión el próximo martes para poder llevarlo a la próxima sesión.

El concejal Fernández señaló que tantas idas y vueltas no son ajenas al “lobby grandísimo” que hay por parte de los emprendimientos inmobiliarios, cuyos propietarios “venden San Martín, consumen San Martín y tendrían que tributar en el municipio”.