Un concejal de Cutral Co denunció a otro en la justicia por la votación de la tasa vial

El apuntado por el presunto delito de falsificación de documento público es el presidente del Deliberante, Jesús San Martín.

Un concejal denunció a otro en la justicia penal porque, a su criterio, no votó de manera favorable cuando se trató la tasa vial en Cutral Co. En la denuncia se pide que se investigue si se incurrió en el presunto delito de falsificación de instrumento público en el acta y el diario de sesiones donde si figura su intención positiva. Al momento del recuento de voluntades, la ordenanza salió avalada por mayoría.

Las repercusiones por la sanción de tasa vial en Cutral Co y aun antes de su aplicación efectiva continuaron esta semana en la justicia. El concejal del bloque unipersonal Comunidad, Omar Pérez, recurrió a la fiscalía para denunciar penalmente al presidente del Deliberante, Jesús San Martín.

La incorporación del tributo implicó que la ordenanza tuviera doble tratamiento y en el medio la realización de una audiencia pública no vinculante, como lo marca la carta orgánica municipal. El motivo que llevó al edil de la oposición a recurrir a la justicia fue precisamente el modo de votación del presidente del cuerpo, San Martín.

En la denuncia se describe que en el acta de la sesión del 9 de mayo se dejó constancia que la ordenanza de la tasa vial se aprobó por mayoría de los concejales. Esto es: San Martín, Jesica Rioseco, Elida González, Plinio Rubilar, Fabián Godoy y Maximiliano Navarrete.


La votación


«Lo cual es falso atento a que el concejal y presidente, Cristian Jesús San Martín no votó por la afirmativa dicha ordenanza», describe la denuncia. Además, Pérez entiende que en esa sesión San Martín no levantó la mano para expresar su voto afirmativo. Se cuestiona ese acta porque incorpora, a su entender, un dato falso y allí se incurre en el delito de falsificación de instrumento público. Por este motivo recurrió a la justicia para que lo dirima.

La otra cuestión que plantea Pérez es que los votos cosechados para que fuera aprobada esa ordenanza son cinco en vez de seis. Y de este modo, no se consigue la mayoría requerida para este tipo de normas. Pérez pide a la fiscalía que se investigue si se conforma el delito de falsificación de instrumento público.

El mencionado es el artículo 293° que penaliza a quien: «insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio».

En su escrito, Pérez sostiene que el presidente del cuerpo no levantó la mano como manifestación de afirmación como si lo hicieron el resto de los ediles. Pidió a la fiscalía que se solicite las actas y el diario de sesiones, las ordenanzas, el decreto que promulga la norma más los aportes periodísticos recogidos en esa jornada.


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