Transporte urbano: presionado por un amparo, el municipio de Bariloche frenó el aumento del boleto

Fue acordado hoy en una audiencia de conciliación. Los representantes del intendente Cortés aceptaron retrotraer el aumento que hubiera llevado la tarifa a 1.487 pesos desde el sábado próximo.

Un grupo de amparistas encabezado por la legisladora de JSRN Marcela González Abdala consiguieron hoy el compromiso del gobierno municipal para desactivar el nuevo aumento del boleto en el transporte que iba a regir desde el 1 de septiembre, según lo había resuelto el intendente Walter Cortés sin apego a la normativa vigente.

En una audiencia de conciliación convocada esta mañana por el juzgado contencioso administrativo a cargo de Iván Sosa Lukman las partes acordaron “dejar sin efecto” la escala de aumentos impuesta por el Ejecutivo municipal a fines de julio, que hubiera llevado el boleto inicial a 1.487 pesos, es decir un aumento del 16% por encima del valor vigente, cuando ya el 1 de agosto fue aplicada otra suba del 20%. En ambos casos largamente por encima del parámetro de inflación.

La exigencia de los amparistas, que fue acogida por el municipio, fue que en adelante cualquier modificación tarifaria se ajuste a lo previsto en el contrato con la empresa Amancay/Mi Bus, consolidado por ordenanza, según el cual las revisiones deben ser semestrales, con estudio de costos ampliamente difundido y con audiencia pública previa.

Esos pasos fueron obviados por Cortés, quien avanzó por resolución en el interés de resolver las urgencias de la empresa y -según dijo- de evitar que “Bariloche se quede sin transporte”.

El resultado de la audiencia de conciliación representó un triunfo para los impulsores del amparo, que habían realizado su presentación la semana pasada y consiguieron un rápido resultado.

Además de la legisladora González Abdala, figuraban como firmantes varios usuarios del transporte y también el secretario general del gremio Utedyc, José Luis Poggi.

Participaron del acuerdo por el municipio el director de Tránsito Carlos Catini y los asesores letrados Yanina Sánchez y Mariano Muñoz. En representación de la empresa a empresa Mi Bus intervino el abogado Ignacio Gigena.

González Abdala destacó la importancia de haber logrado la retrocesión del aumento que iba a ser de aplicación automática en pocos días. Subrayó que el procedimiento seguido por Cortés “se apartó de la legalidad” y ahora deberá respetar la normativa.

Explicó en la audiencia (y luego en declaraciones a este medio) que el camino que debería seguir, si quiere cambiar las reglas, es proponer una modificación al contrato y luego conseguir su aprobación por ordenanza.

La abogada del municipio anticipó que la próxima semana enviarán al Concejo un proyecto con ese fin. El director de Tránsito admitió que la puesta en marcha del proceso de revisión como tal como está regulado llevará varias semanas, “no menos de un mes”, en los cuales la tarifa quedará obligadamente congelada.

En la audiencia también estuvo el secretario general adjunto del gremio UTA, Pablo Figueroa, en representación del personal de Mi Bus, quien logró incluir en el acta la advertencia expresa de que el acuerdo para anular el próximo aumento del boleto no afectará los salarios de los trabajadores.

“Lo que hicimos no es otra cosa que defender las instituciones”, dijo Abdala. Aclaró que no estaba en juego ninguna evaluación sobre la razonabilidad o no de los aumentos, sino la vía elegida.

La legisladora fue jefa de Gabinete municipal hasta diciembre pasado y durante años tuvo a su cargo la relación con MI Bus y la gestión de la política de transporte.

Subrayó que Cortés tiene desde marzo pasado la potestad concedida por la ordenanza de emergencia para renegociar el contrato del transporte y proponer cambios, que deben ser validados por el Concejo, “pero no lo hizo y decidió cambiar las reglas por resolución”, incluida la adopción unilateral de un nuevo mecanismo de aumentos bimestrales, según una fórmula que luego tampoco aplicó.

Barajar y dar de nuevo

Con el nuevo escenario pactado a partir de la intervención judicial, el municipio se abstendrá de aplicar la nueva escala tarifaria que hubiera llevado el boleto testigo a 1.487 pesos (con descuento del 25% para los residentes), mientras que el boleto al cerro Catedral iba a subir en septiembre de los actuales 4.395 pesos a 5.129 pesos. En la misma resolución se había establecido que el pasaje desde el centro al Aeropuerto pasaría a costar a partir de septiembre 4.553 pesos, cuando el precio actual es de 3.901.

Si la empresa pretende modificar esos valores deberá cumplir con el mecanismo que rigió durante todo el gobierno anterior, es decir presentar un cálculo de costos, confrontarlo en audiencia pública y someterse al análisis técnico del municipio, que solía otorgar montos algo inferiores a lo solicitado.

Desde que asumió como intendente, Cortés ya había aplicado otro tarifazo del 300% en abril, de modo que los aumentos al transporte durante su gobierno sumaron un 471% y hubieran superado el 500% en septiembre. Los justificó en la suba de costos y en la desaparición del subsidio nacional.

Hoy, luego de la audiencia, el Ejecutivo municipal informó en un breve comunicado sobre el acuerdo para frenar el aumento y afirmó que comprendía “la necesidad de mantener el valor del boleto, considerando la difícil situación económica que enfrentan los vecinos”.


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