Suba de tarifas: la oposición quiere involucrar al municipio de Bariloche
Los concejales evalúan un proyecto para atender las demandas urgentes de los usuarios que no pueden pagar las facturas. Quieren que el gobierno local gestione y reclame para que las subas se adecuen a la capacidad de pago por ingresos.
La tarifa de gas bajará en octubre en todo el país. (archivo)
El municipio declarará la “emergencia tarifaria en materia de servicios públicos” y promoverá una reducción de los montos facturados a los usuarios para que se adecuen a sus ingresos, si prospera el proyecto presentado por un concejal de Incluyendo Bariloche, que dijo haber encontrado ya ecos entre algunos de algunos de sus pares.
El concejal Leandro Costa Brutten dijo que el municipio no puede quedarse de brazos cruzados ante la situación apremiante que viven muchos usuarios “comerciales y particulares”, debido a los incrementos aplicados luego del recambio de gobierno nacional y que “varían entre del 400 y el 1.600%”.
Como ocurre también en otras ciudades, los concejales de Bariloche ocupan la primera línea en la relación del Estado con los ciudadanos y desde hace meses escuchan a diario el relato de personas que reciben facturas “impagables” y viven como una amenaza real los cortes de gas, agua o luz, sin posibilidad de reconexión.
“Por este camino se va a inaugurar una nueva categoría que es la de los pobres energéticos, en un país que produce abundante energía”, denunció Costa Brutten.
A su entender, la medida será efectiva si son varios los municipios en todo el país que aprueben instrumentos similares y llegan al gobierno nacional. Dijo que la iniciativa le llegó desde una ong de Mar del Plata, donde ya existe un debate sobre el tema, y aseguró estar en contacto con concejales de Roca y de Viedma para impulsar en paralelo ordenanzas similares.
“Los servicios domiciliarios de luz, agua y gas son indispensables para garantizar el derecho a la salud y a la vida digna” es el principio general que tomó costa Brutten para fundar su propuesta de intervención municipal en un tema que depende de regulaciones ajenas a su jurisdicción.
Citó convenciones internacionales y defendió la necesidad de “regular los aumentos desmedidos”, porque por este camino “cada vez serán más las familias (de Bariloche) que no puedan pagar sus facturas”. Dijo que los aumentos en gas natural en algunos casos superan el 300%, el agua que administra ARSA aplicó subas del 43% y en energía eléctrica las tarifas llegaron con aumentos “que rondan el 350%”.
Revisar tarifas
Para Costa Brutten, los ajustes tarifarios no deberían superar los aumentos de los salarios municipales y así lo escribió en el artículo 2 de su proyecto. Pero luego, a sugerencia de otros concejales, decidió eliminar ese parámetro y proponer que las tarifas sean retrotraídas al valor vigente hace un año, y no modificarlas antes de realizar una revisión técnica exhaustiva de costos.
La iniciativa solicita a los gobiernos nacional y provincial “la suspensión de los aumentos vigentes y encomienda al Ejecutivo municipal que “utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar le acceso al los servicios públicos esenciales” a todos los barilochenses.
Dijo que los aumentos aplicados en gas y otros servicios “no están justificados en los costos y en algunos casos son superiores a los solicitados por las mismas empresas”. Señaló que aun con las tarifas previas al cambio del gobierno, “los balances de las empresas concesionarias no dan quebranto”.
Qué pasa con el transporte
En el proyecto de Costa Brutten llama la atención que no haya referencia alguna al transporte público, que a diferencia de los otros es un servicio regulado y tarifado por el municipio. Este medio le consultó por ese punto y dijo que el proyecto también a los colectivos urbanos, que en esta ciudad están a cargo de la firma Mi Bus, y cuyo boleto hace poco triplicó su valor.
Costa Brutten aseguró que “están comprendidos el precio de la nafta y todos los servicios regulados, también el transporte”. Desmintió además que en forma automática haya que aumentar los subsidios del Estado si se retrotraen las tarifas.
“Yo estuve en la audiencia pública y no hubo informe técnico de nada, la empresa no presentó el balance del último año, todo eso se debe investigar”, aseguró.
Dijo que lo que está en juego es “el quiebre del contrato social” por el lado del “eslabón más débil”, que son los usuarios de los servicios. Señaló que si mucha gente no paga su factura porque no puede de ningún modo, las empresas verán caer su facturación y también se perjudicarán. “Es como decir que el boleto de colectivo tiene que estar a 2.500 pesos, pero si nadie viaja igual la empresa quiebra -afirmó el concejal-. Es un tema que los municipios no deben dejar pasar, hay que generar un alerta nacional por una situación que es grave”.
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