Se multiplican las críticas a Walter Cortés por la compra directa de una planta de hormigón
Los concejales de la oposición examinaron la polémica operación y subrayaron que la planta de hormigón adquirida por el municipio está lejos de solucionar las demanda. Haría falta equipamiento extra por 1.000 millones de pesos.
La operación de compra directa que cerró días atrás el municipio de Bariloche para incorporar una “planta dosificadora de hormigón” por 192 millones de pesos sigue en el ojo de la tormenta, no solo por la investigación solicitada al Tribunal de Contralor sino también por las objeciones múltiples que despertó en el Concejo Municipal.
La reunión de hoy de la comisión Legislativa funcionó como caja de resonancia de esos cuestionamientos, que apuntaron sobre el precio pactado, las sospechas sobre la empresa proveedora y también sobre la real utilidad del equipo adquirido, que tendría el fin de atender en lo inmediato el déficit de pavimento en los barrios, como fue señalado por el intendente Walter Cortés en la resolución de pago.
El concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN), con experiencia en el rubro por su actividad privada, dijo que la planta sola no sirve de mucho y harían falta otras inversiones por más de 1.000 millones de pesos para ponerla en uso. “Hace falta montar un laboratorio para certificar el hormigón H30, comprar vehículos especiales, contar con una cantera de áridos habilitada (porque la planta se monta ahí); además de comprar el cemento, hierro, aditivos, y contar con personal calificado que el municipio no tiene”, enumeró.
También dijo que en el país solo existen tres empresas proveedoras de esas plantas y ninguna fue consultada. En cambio, el municipio les pidió cotización a otras sin antecedente alguno en la materia. La que resultó proveedora figuraba en realidad ante la AFIP como una agencia de autos usados.
Según Ferrari, el precio de mercado de ese tipo de plantas no supera los 65.000 dólares, menos de la mitad de lo que pagó el municipio.
El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) ya había señalado irregularidades parecidas y pidió la apertura de una investigación al Tribunal de Contralor. En la Legislativa de hoy también expresaron dudas y sospechas Natalia Almonacid (JSRN), Roxana Ferreyra (Nos Une), Laura Totonelli (JSRN) y Facundo Villalba (Primero Río Negro) quien propuso un pedido de informes colectivo con 25 puntos, aunque luego su moción no fue validada.
También cuestionó que la venta sea facturada por una “empresa intermediaria”, distinta a la que realizó la cotización, y también ajena al rubro. Los concejales del oficialismo, incluido el presidente del Concejo Gerardo del Río, siguieron el debate pero guardaron silencio.
Cortés firmó la resolución de pago en favor de la empresa Del Rey Automotores (de Neuquén) el último viernes, para poder encuadrarla en las licencias y permisos que le concedió la Emergencia Económica, cuya vigencia caducó hoy, como subrayaron también los concejales de la oposición.
Totonelli fue una de las que no ahorró críticas. Dijo que le hacía “mucho ruido” la ausencia de precios de referencia, así como la falta de especificación técnica sobre el equipamiento comprado. Se preguntó también “cómo se financiarán los 1.000 millones extra que hacen falta” para tornar operativa la planta y dijo que nadie les aclaró “si se estudiaron opciones técnicas distintas”, como la de pavimentar calles con materiales menos onerosos que el hormigón.
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