Preocupa en Bariloche el retaceo de fondos para la política habitacional
El Instituto de Tierras y Viviendas recibió en el primer semestre 68 millones de pesos, apenas un 5% de su presupuesto anual. La estrechez de recurso obligó a postergar obras para los barrios en vías de regularización. Tampoco hay nuevos loteos sociales.
El énfasis que puso el intendente Walter Cortés en subrayar la prioridad que su gobierno otorgaría a resolver la demanda habitacional no parece tener todavía un correlato en la asignación de recursos, ya que el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas lleva varios meses sin recibir el presupuesto que tiene asignado.
El Consejo Social de Tierra -un organismo consultivo que integran referentes del Instituto, del Concejo Municipal y de otras entidades y organismos vinculados a la gestión del hábitat-, se hizo eco de esa situación y se apresta a exigir explicaciones al intendente.
Cortés anunció más de una vez que se proponía incidir con decisión en el mercado inmobiliario mediante la entrega de terrenos sociales en volúmenes que cifró entre 1.000 y 2.000 unidades. Llegó a establecer cuánto deberían pagar los beneficiarios, cuando en enero pasado habló de una cuota mensual de 27.000 pesos. También anticipó que la adjudicación sería por sorteo, para evitar favoritismos.
Pero nada de eso ocurrió todavía. Las misiones regulares y menos ampulosas que tiene el IMTV, entre ellas el pago de agrimensores para ejecutar mensuras y la ejecución de obras de electrificación para regularizar barrios que llevan largo tiempo en espera, corren serio riesgo por la falta de fondos.
Según la ordenanza de creación del IMTV y la que generó luego el programa Hábitat Bariloche para dar respuesta a la crisis, el Instituto tiene asegurado un porcentaje fijo de ciertos tributos municipales que le garantizaban para este año un presupuesto estimado en 1.300 millones de pesos. Pero a lo largo de todo 2024 y sobre el cierre del primer semestre la secretaría de Hacienda solo le transfirió 68 millones.
Incertidumbre y replanteos
El modesto plan de trabajo del organismo autárquico que debe timonear las políticas habitacionales incluye la electrificación del lote social El Maitén por 200 millones de pesos -que ya está en marcha- y un proyecto similar para dotar del mismo servicio al barrio regularizado 29 de Septiembre, donde el municipio mantiene y paga tableros comunitarios. Este segundo proyecto, de más envergadura, tiene un presupuesto tentativo de 600 millones de pesos.
Además el IMTV tiene comprometidos trabajos de agrimensura por 150 millones de pesos, que decidió frenar ante la falta de garantía en el flujo regular de fondos para continuar con esas contrataciones.
Los ingresos para el desarrollo de las políticas habitacionales que tiene encomendadas el Instituto no deberían depender de “la voluntad política”, ya que están garantizados desde la aprobación de la ordenanza 1987/08, que le asegura un fondo específico conformado con el 17% de las obligaciones tributarias recaudadas por el módulo fiscal, y la ordenanza 3.446 sancionada este año con apoyo unánime de todos los bloques, que prorrogó por tiempo indefinido el programa Hábitat Bariloche, creado en 2020.
Esta última norma es la involucra el volumen de dinero más importante, al reservar para las políticas habitacionales el 60% del Impuesto a los Inmuebles Libres de Mejoras, que hasta el mes pasado había recaudado 510 millones de pesos.
Es decir que al IMTV le correspondieron en el período enero/mayo y solo por ese programa no menos de 306 millones, pero recibió apenas un 20%.
Otra fuente de recursos debería ser el recupero por lotes sociales entregados con anterioridad, pero allí también hay notorios incumplimientos: la mayoría de los adjudicatarios no paga y el Instituto apenas recaudó en lo que va del año unos 20 millones de pesos.
Proyectos postergados
Ese estrangulamiento presupuestario impone fuertes limitaciones al desarrollo de obras de infraestructura, pago de mensuras, escrituras y el avance en la regularización de tomas de tierra, y pone fuera del alcance del municipio -al menos por ahora- la implementación de nuevas urbanizaciones.
Cortés dijo en su momento que la oferta de lotes que prometió surgirá de las compensaciones por plusvalía que proyecta acordar con inversores interesados en desplegar importantes desarrollos privados, la mayor parte en el este de la ciudad. Esos acuerdos deberían pasar por el Concejo, pero hasta hoy no hubo avances concretos en esa línea.
La escasez de fondos públicos aplicados a la política de hábitat fue evaluada con preocupación en la última reunión del Consejo de Tierras. Allí se gestó un escrito dirigido a Cortés en el que le pedirán “información sobre el cumplimiento de los principio de regularidad financiera” en relación con el presupuesto asignado al Instituto.
Los representantes de ese organismo en el Consejo de Tierras ya dejaron expresa constancia de que el dinero no llega, pero el Consejo quiere escucharlo del intendente. “Para realizar una correcta observación y evaluación de los procedimientos se hace necesario contar con información sobre la ejecución financiera asignada mediante la transferencia de fondos, y si se han cumplido con los pasos de adjudicación en tiempo y forma”, le plantean en la nota.
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