Por los aumentos en las boletas de luz, demandan a CALF y a la municipalidad de Neuquén
La Defensoría del Pueblo planteó la inconstitucionalidad del contrato de concesión del servicio que se firmó el año pasado.
El frente del Concejo Deliberante de Neuquén, en la calle Leloir, CALF hizo despliegue operativo frente al Concejo para la aprobación del nuevo contrato. (Foto Yamil Regules)
La Defensoría del Pueblo de Neuquen demandó a CALF y a la municipalidad de Neuquén por el contrato de concesión que se firmó con la prestadora eléctrica de la ciudad, en base a los «exorbitantes aumentos» que se produjeron con la puesta en marcha del nuevo convenio. Mientras esto se define, el defensor Ricardo Riva requirió que se anulen todos los incrementos que aplicó CALF este año. Planteó además que se se suspendan los cortes de servicio por falta de pago.
Antes de ir a la justicia, la Defensoría buscó respuestas del Ejecutivo Municipal, que tiene a su cargo el contralor de la prestación eléctrica. Riva especificó que ante el silencio del órgano de control a los planteos que se le fueron realizando y la insistencia de los reclamos vecinales por las subas en las boletas, se avanzo con un «análisis del proceso de otorgamiento de la concesión».
«Surgió una serie de ilegalidades y de regresiones inconstitucionales por las cuales la Defensoría del Pueblo consideró que se debe revisar el marco regulatorio y el contrato», explicó Riva . Entre otros aspectos del trazo grueso, no hubo información «veraz, previa y suficiente» durante la sanción del marco regulatorio y de la concesión que se firmó por 20 años, según se indicó.
La Defensoría planteó que no se tuvo en cuenta la realización de una audiencia pública «bien hecha, donde la comunidad pueda advertir las cosas que no les parece bien para que se revisen, un espacio como elemento dialógico que permita fortalecer la propuesta de la prestación del servicio», dijo el defensor.
El planteo de inconstitucionalidad del actual contrato buscará la revisión del marco regulatorio y del convenio «bajo la premisa de que la energía eléctrica es un servicio público esencial y un derecho humano fundamental».
Respecto a los incrementos tarifarios realizados bajo la explicación de que hubo mayores costos salariales e incremento en la compra de energía, se señaló que no se cumplió con la equidad entre tarifa y servicio porque no se produjo en un 200% de suba de estos ítems, como se aplicó al servicio facturado.
La defensoría enumeró la presentación de vecinos organizados como socios autoconvocados de CALF que en mayo fueron hasta la Defensoría porque no tenían respuestas por las presentaciones que habían realizado ante la Cooperativa por los aumentos. Los grupos de contribuyentes también habían peticionado ante el Municipio y el Concejo Deliberante de la ciudad, con notas firmadas por más de un centenar de socios.
«Corresponde hacer las impugnaciones correspondientes, en defensa de los derechos de los usuarios del servicio público concesionado», se planteó desde la Defensoría del Pueblo. En la presentación judicial, se sindicó la existencia de «cláusulas abusivas» en contra de los usuarios debido a los mecanismos de cobranza que vulneraban el «derecho al acceso a la energía como un derecho humano».
Se mencionó, por ejemplo, la incorporación de nuevos ítems en mayo pasado, que no se explicaron al usuario y que sumaron valor al cobro del servicio eléctrico. La defensoría detalló cláusulas contractuales que calificó de «regresividad inconstitucional» y pidió que se condene a CALF y la comuna a «revisar el contrato de concesión y el marco regulatorio», con la garantía de instancias de participación de la población.
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