Los radares recaudan millones controlando el tránsito hacia Vaca Muerta
Solo al municipio de Campo Grande le significa la posibilidad de sumar 36 millones al mes. Las multas se multiplicaron en los últimos meses y infractores dudan de la habilitación de los dispositivos.
Campo Grande, como El Chañar, tiene resistidos dispositivos para controlar la velocidad. Foto: archivo Yamil Regules.
La explosiva cantidad de multas generadas en las últimas semanas por superar la velocidad permitida en el corredor de Vaca Muerta, sigue alimentando la polémica en torno a la aplicación de los radares en las rutas. Esta vez, un municipio de Río Negro quedó en el ojo de la tormenta y según los datos relevados, el poder recaudatorio de estas multas es millonario.
Campo Grande es una localidad que tiene unos 6.000 habitantes en sus cuatro aglomeraciones y la zona rural que la integra. Sin embargo, el tránsito de sus rutas es intenso, siendo en su mayoría camiones y camionetas de empresas relacionadas a la industria petrolera. Son justamente estos conductores los que comenzaron a recibir de manera compulsiva infracciones derivadas de los dispositivos dispuestos para el control.
La habilitación de estos mecanismos, ideados principalmente para mejorar la seguridad vial, es engorrosa y su explicación termina siempre en una contienda entre la jurisdicción municipal y nacional. Es esta enmarañada realidad la que tiende a desanimar a muchos de los infractores que deciden pagar multas que promedian los 30.000 pesos. RÍO NEGRO tuvo acceso a los detalles de los procesos contractuales y de cobro, tanto de los radares cinemómetros habilitados por la municipalidad para ser utilizados sobre la Ruta Nacional 151, como de los dispositivos generadores de fotomultas instalados en la Ruta Provincial 69.
¿Cómo y cuanto se recauda en multas?
En Campo Grande se realizó una licitación en el año 2021 para adjudicar el servicio de controles con dispositivos. La empresa «Controles SRL» fue la que se presentó al llamado y ganó la posibilidad de utilizar sus radares.
En diálogo con RÍO NEGRO la firma aclaró que en campo grande hay dos tipos de controles. Por un lado, el de velocidad que se hace con radares móviles en puntos de la Ruta 151, y las fotomultas en el ingreso a Sargento Vidal.
El promedio de las mutas, dependiendo de la gravedad de la infracción ronda los 30.000 pesos. Por ejemplo, si el automovilista pasó por la zona de control fotográfico sin las luces bajas encendidas, se le imputará una sanción de 26.000 pesos. Aunque se aclara que, por pago anticipado, es decir dentro de los siguiente cinco días de recibida la multa, hay un descuento del 50%.
Los números se inflan considerablemente si se tiene en cuenta que tanto la empresa como el municipio confirman que en promedio, se realizan casi 1.200 multas. Esto daría un número cercano a los 36 millones de pesos.
Según lo establecido en el contrato, la empresa se queda con el 60% de las multas imputadas y la Municipalidad de Campo Grande con el 40% restante. El cobro de las mismas lo realiza el área asignada del gobierno local a una cuenta bancaria establecida para esto y desde allí se hace la correspondiente transacción a la empresa en concepto de servicios. El pago es por disponer los dispositivos en las rutas, relevar los datos y procesarlos para posteriormente entregarlos al municipio quien finalmente imputa la multa al infractor.
La empresa explicó que en un 90% de los casos las personas no eligen pagar anticipadamente y que en muchos casos lo hacen recién cuando se ven imposibilitados a realizar trámites con sus vehículos porque «les aparece en los sistemas nacionales que deben pagar una multa».
¿Quién los habilita?
En Campo Grande hay dos tipos de controles. Por un lado el de velocidad que se hace con radares móviles en puntos de la Ruta 151 y las fotomultas con aparatos fijos en el ingreso y egreso a Sargento Vidal.
Para controlar la velocidad se utilizan cinemómetros que están homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y las cámaras que registran infracciones en el cruce de la Ruta 69 y la calle General Pacheco, también cuentan con la regulación técnica. En el segundo caso el registro fotográfico registra infracciones ajenas a la velocidad, por ejemplo cruzar un semáforo en rojo, girar en U o circular sin las luces bajas encendidas conforme lo exige la ley.
A pesar de tener el visto bueno técnico de un organismo nacional, la implementación de estos aparatos no tiene el aval de la Agencia Nacional Vial, y rastrear con números de serie los radares se hace imposible.
Desde la empresa explicaron que la potestad exclusiva para habilitar el uso, es de la municipalidad. Más allá de lo que establezcan los organismo nacionales.
En el caso de los cinemómetros, se aclaró que hay dos dispositivos habilitados pero por contrato solo se utiliza uno y el otro queda como repuesto. El número asignado para estos aparatos debe aparecer en las multas a los infractores, para su verificación. Sin embargo ninguno pudo encontrarse en el sistema. Las fotomultas «no requieren que se muestren números de serie, porque no tienen el mismo proceso de habilitación técnica al no medir velocidades», explicaron desde la empresa.
En todos los casos la firma aseguró que sus dispositivos cumplen con las leyes nacionales 19.511, 25.650 y 24.449 y resoluciones, contando con aprobación de modelo y verificaciones primitivas y periódicas.
El intendente no niega el carácter recaudatorio, pero defiende el uso con estadísticas
El intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, supo tener trascendencia por varios reclamos relacionados a la seguridad vial. Llevándolo incluso a acompañar un corte de ruta de vecinos que exigían mejoras en la cinta asfáltica tras una serie de incidentes lamentables.
En diálogo con RÍO NEGRO defendió el uso de los radares y consideró que desde su aplicación «se logró ordenar el tránsito». También buscó despegar el sentido recaudatorio, aunque no lo negó bajo ningún punto y aseguró que su municipio «no necesita de las multas porque es un gobierno con fondos ordenados».
«Nosotros establecimos por ordenanza que los fondos de las multas no vayan ni a sueldos ni a gastos corrientes de la Municipalidad», contestó a las críticas.
También explicó que desde que comenzaron con los controles «no se produjeron incidentes con victimas fatales en las rutas».
El enojo de los automovilistas potenciado por los grises legales
A pesar de los argumentos del Intendente y de la empresa de radares contratada, el malestar de cientos de usuarios de las rutas hacia Vaca Muerta que reciben las multas sigue aumentando.
Los antecedentes de otras localidades de Río Negro que siguen imputando infracciones aún cuando la utilización de los dispositivo no fue habilitada por organismos provinciales y nacionales, es uno de los agentes que fomentan las dudas a quienes deben pagar las infracciones de Campo Grande. Otro sin dudas, el valor de las multas.
«Trabajo en un camión y cruzo muchas veces por la zona, ya tengo más de 20 multas por las cámaras, siempre por las luces. No puedo pagarlas porque, si no, no como», explicó uno de los multados que hizo llegar su infracción a esta redacción.
«A los transportistas particulares nos genera un perjuicio enorme, porque no tenemos una empresa atrás que se haga cargo de las multas, todo sale de nuestro bolsillo y son tantas las que recibimos que es imposible pagarlas», reconoció otro multado.
Las quejas llegan de distintas provincias, habiendo infractores hasta del norte argentino que al pasar por Campo Grande fueron multados.
En la provincia de Río Negro la ley provincial de tránsito N° 5263 dice que la Agencia Provincial de Seguridad Vial es el organismo que autoriza o no los radares. A pesar de esto y de ser un municipio que adhiere a la ley nacional de tránsito, los dispositivos de Campo Grande solo están habilitados por el municipio, quien además se adjudica la exclusiva regulación de los mismos por medio de legislación local.
Los radares no deben ser una trampa recaudatoria
Tanto la ley nacional de tránsito, como las agencias viales nacionales y provinciales avalan la aplicación de radares solo como método para reducir la cantidad de incidentes, pero no recomiendan su utilización para recaudar únicamente.
Es por eso que a través de la normativa nacional establece que los puntos de control deben estar debidamente señalizados con un enconado al costado de la banquina de 100, 200 o hasta 800 metros dependiendo la velocidad que se está midiendo. También sobre el primer cono de advertencia debe haber un cartel de control de velocidad.
En todos los casos, el usuario debe estar advertido con anticipación justamente para que disminuya la velocidad en el punto crítico. Debe conocer cual es la velocidad máxima para no incumplirla, de lo contrario la multa es imposible de evitar y se convierte en una trampa recaudatoria.
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