La ordenanza que manda erradicar el basurero de Bariloche cumple otro año, sin novedades
El Concejo había emplazado a ejecutar el cierre con límite el 4 de diciembre de 2023. Un año después la situación continúa sin cambios.
El basurero opera en condiciones deficientes y el plazo de erradicación sigue incumplido. (Alfredo Leiva)
El emplazamiento para concretar el cierre y remediación del vertedero de basura domiciliaria que estableció el Concejo Municipal de Bariloche por unanimidad -y bajo fuerte presión de los vecinos afectados- está vencido desde el 4 de diciembre de 2023 y hoy cumple un nuevo año, sin avance alguno en las acciones encomendadas.
El mandato fijado en la ordenanza 3349/22 fue en realidad una derivación de la ley provincial 5.491, que manda erradicar los basurales a cielo abierto en todo Río Negro y establece que los planes municipales de gestión de residuos deben tener ese objetivo como “principal”.
La responsabilidad del primer incumplimiento fue atribuida al exintendente Gustavo Gennuso, a quien se le venció el plazo para mudar el vertedero poco antes de dejar el cargo. Su sucesor Walter Cortés, pasados otros doce meses, mantiene al basural ubicado sobre la ruta 40 Sur en condiciones similares.
El complejo de varias hectáreas y de fácil acceso para quienes buscan allí su sustento, funciona como un sitio de disposición final a cielo abierto “sin ningún tipo de tratamiento, compactación y tapado de la basura”, según denunció hace pocos días la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche).
Antes como ahora, la explicación más repetida remite a las demoras que arrastra la provincia en avanzar con el prometido basurero “regional”.
El enojo por la situación en los barrios circundantes se reavivó a partir de varios incendios recientes ocurridos en el repositorio, que desde el municipio calificaron como “intencionales”.
Varios de esos vecinos fueron firmantes también de un amparo presentado años atrás por la contaminación que padecen y que derivó en una condena al municipio para que aplique medidas de remediación, luego revertida parcialmente por el STJ.
Wallace recordó que los plazos de la ordenanza están vencidos y “la municipalidad de Bariloche debe iniciar ya mismo las acciones orientadas a construir un nuevo sitio de disposición final”, con independencia de lo que defina la provincia.
Subrayó que tanto la ley provincial como la ordenanza “fueron votadas con amplio apoyo”, de modo que “no pareciera haber diferencias políticas en torno a esta problemática”.
Demoras comprobadas y pocas explicaciones
El subsecretario municipal de Gestión de Residuos, Gastón Muñiz, dijo que desde el Ejecutivo están abocados a “armar los pliegos” de licitación para definir un nuevo operador privado que se encargue de la operación integral del complejo. Lo mismo había dicho en mayo pasado, pero el proyecto nunca llegó al Concejo.
Muñiz dijo que la provincia tiene un atraso en definir el lugar del vertedero regional y recién cuando haya precisión y avances en ese punto podrían trabajar en la erradicación, que comprendería el armado de “cubos” compactados de basura para trasladarlos al nuevo sitio, asociado al recupero de lo reciclable, con el apoyo de cooperativas.
Según el funcionario, el objetivo es abarcar con ese recupero “el 30% de la basura producida por la ciudad”, en lo que denominó como un esquema de “economía circular”. Señaló que hoy la Asociación de Recicladores Bariloche absorbe no más del 10% “y cuando comenzó la actual gestión no superaba el 1%”.
Dijo que él mismo y su familia viven el barrio El Pilar, el más cercano al vertedero, y sufren los perjuicios de los incendios. “Molestan mucho en toda la zona y entiendo en enojo”, dijo Muñiz. Aseguró que no se inician en forma espontánea, como alguno suponen por la combinación de residuos forestales y sustancias químicas, sino que “son intencionales”.
Muñiz admitió que la falta de cierre perimetral del vertedero es uno de los problemas más graves y que la única solución sería construir un muro de bloques, porque “los alambrados los roban, ha pasado muchas veces”. Hasta hoy es solo un plan.
Sobre el vertedero regional dijo que no tiene novedades. “Por las charlas que tengo con el intendente, sé que están en eso, que el contacto con la provincia es permanente, pero no hay anuncios todavía, ni fechas. Hoy decir plazos es mentirle a la gente”, afirmó.
El pedido de informes de Wallace no se detiene en esos pormenores y exige explicaciones sobre el incumplimiento de la ordenanza de cierre.
Pide que el Ejecutivo describa “qué acciones ha realizado en el primer año de gestión tendientes al cumplimiento de la ordenanza 3.349 y adjunte documentación respaldatoria”.
También reclama información sobre “qué acciones de mitigación del daño ambiental se han realizado”, qué acciones tendientes a “mejorar el recupero, procesamiento, clasificación, agregado de valor y comercialización” de los residuos domiciliarios” y “cuál es el marco contractual” con el que opera la empresa Rowing, que trabajaba ya con maquinaria pesada en el vertedero por contratación directa durante la gestión Gennuso y fue ratificada por Cortés.
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