La historia de un juicio que a la Municipalidad de Bariloche le costará 800 millones
La empresa 3 de Mayo promovió en 2016 la demanda contra el estado local por 36 millones de pesos, más los intereses. Logró dos sentencias judiciales favorables que elevaron la indemnización. Esta semana, la administración de Gennuso acordó pagar en 4 años la deuda.
El intendente Gustavo Gennuso posterga su presencia en el Concejo por el tema del basural. Archivo
La negociación entre los representantes del gobierno del intendente Gustavo Gennuso y de los dueños de la empresa Microómnibus 3 de Mayo fueron complejas. Y arduas. Durante semanas hubo tironeos para tratar de llegar a un acuerdo que para la Municipalidad de Bariloche, inevitablemente, sería muy costoso.
La empresa reclamaba el cumplimiento de una sentencia que admitió su demanda contra la Municipalidad de Bariloche por los daños y perjuicios que les causó la decisión de la exintendenta María Eugenia Martini de incautarles a finales de 2014 todos los bienes. Martini resolvió poner esos bienes a disposición de la firma Autobuses Santa Fe, que se hizo cargo de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en lugar de la 3 de Mayo.
Los apoderados legales de 3 de Mayo promovieron en 2016 la demanda civil contra la Municipalidad por 36.051.585 en concepto de capital, más los intereses y costas del proceso.
El 17 de febrero del 2020, el juez civil de primera instancia de Bariloche Mariano Castro admitió la demanda y condenó al Municipio a pagarle 22.302.260, en concepto de capital a la empresa por los daños y perjuicios ocasionados. Con los intereses, el monto ascendió a 72.243.896 pesos, más 15.171.218 pesos de honorarios para los abogados de la empresa.
La Municipalidad apeló la sentencia y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche desestimó el recurso.
Peor aún. En el fallo que la Cámara dictó el 16 de mayo pasado elevó el capital de la condena a 70.116.698 pesos y con los intereses la indemnización impuesta a la Municipalidad subió a 251.444.322 pesos.
Las negociaciones
A partir de esa sentencia, la gestión de Gennuso redobló los contactos con los apoderados de la empresa para llegar a un acuerdo extrajudicial que dé por finalizado el conflicto. En la administración de Gennuso descartaron un fallo favorable en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con un alto riesgo de que el monto de la condena subiera mucho más.
Como parte de esos contactos, surgió a finales de junio pasado el acta de intención que la secretaria Legal y Técnica del gobierno municipal, Mercedes Lasmartres, firmó con el apoderado legal de la firma 3 de Mayo, Rodolfo Rodrigo.
En esa acta se fijaba aplicar al capital de la deuda un 70 por ciento de interés anual. Por eso, la deuda se triplicaba. El Municipio propuso pagar en 48 cuotas mensuales de 15.700.424 pesos, con 42 centavos. Es decir, un total de 753.620.352 pesos. Ese monto llega a los 803 millones de pesos con los honorarios que cobrarán los abogados de la empresa.
Pero en ese acuerdo preliminar había una cláusula que actualizaba en el futuro la deuda por inflación. Allí surgió el principal contrapunto.
Gennuso ya había salido a ventilar a finales de junio pasado que había logrado un acuerdo con la empresa 3 de Mayo. Pero puertas adentro ordenó eliminar esa cláusula.
La cláusula de la discordia
Los apoderados legales de la empresa, encabezados por Rodrigo, se plantaron. Expresaron que no estaban dispuestos a eliminar esa cláusula para indexar la deuda del convenio, que debía pasar por la Comisión General de Transacciones, para que sea válido.
La presidenta del Concejo Deliberante, la oficialista Natalia Almonacid, informó que antes de que se reuniera la Comisión pidió al intendente evaluar alternativas. Consultó si existía la posibilidad de afrontar un pago al contado de la deuda para evitar los intereses.
Solicitó que la Secretaría de Hacienda certifique que no había esos fondos para que quedara todo en el expediente. Dijo que el titular del área de Hacienda, Diego Quintana, informó que no contaban con esos recursos.
Almonacid sostuvo que había consultado si había posibilidades de conseguir un préstamo con una tasa de interés menor al 70% anual del plan de pagos preacordado con 3 de Mayo. Quintana respondió que no había créditos bancarios disponibles con menor tasa de interés. Según Almonacid todo eso quedó consignado en el expediente.
Contó que el punto de discusión que llevó más tiempo y varios borradores con propuestas y contrapuestas entre la Municipalidad y la empresa fue justamente la cláusula de la revisión de la tasa de interés del plan de pago atada a la inflación.
La empresa proponía volver a sentarse en un año si la inflación interanual del Banco Central superaba los dos dígitos para actualizar la deuda. Proponía redeterminarla de acuerdo a la tasa nominal anual informada por el Banco Nación para préstamos para consolidación de deudas.
“No queríamos volver a sentarnos en un año, porque así no terminaríamos más con este tema de la deuda”, explicó Almonacid.
Dijo que se analizaron cuatro o cinco propuestas. Hubo momentos en los que los apoderados legales de la empresa amagaron con cortar la negociación y pedirle a la justicia que ejecute la sentencia con una tasa de interés superior al 70%.
El fantasma de la quiebra
“Ninguno de los representantes de los tres poderes quería avalar una actualización de la deuda”, aseguró Almonacid, que integra la Comisión de Transacciones en representación del Concejo Municipal, junto con la titular del Tribunal de Contralor, María Cid, y Gennuso, por el Ejecutivo.
Al final, los apoderados de 3 de Mayo aceptaron eliminar la cláusula. Estaban urgidos, porque se les vencía la segunda cuota del plan de pagos que 3 de Mayo había firmado con la AFIP.
Si se caía ese plan, la 3 de Mayo “caía en quiebra”, contó Almonacid. “Y la intención del Municipio no era llevarla a la quiebra”, afirmó.
La presidenta del Concejo aseguró que los abogadas que intervinieron en el proceso judicial, como Natacha Vázquez, Marcela González Abdala (actual jefa de Gabinete municipal) y Paula Fagioli, no cobrarán los casi 25 millones de pesos de honorarios que les había fijado la Cámara Civil. Tampoco Lasmartres los 6.165.386 de honorarios por intervenir en el proceso.
Almonacid afirmó que no cobrarán porque perciben o percibieron una remuneración del Estado municipal. Dijo que eso quedó aclarado y consignado en el convenio definitivo. También, que la empresa ya no tiene nada para reclamar “ni de manera judicial ni de manera administrativa contra la Municipalidad”. El acuerdo final se firmó el lunes y así se cerró la historia de un largo y politizado proceso judicial que le costará casi 800 millones de pesos a la Municipalidad.
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