Fracasó una nueva audiencia judicial por las condiciones laborales en el basural de Bariloche
La jueza Marina Venerandi otorgó una nuevo plazo para que el municipio detalle tareas del personal, defina la instalación de baños, agua y ropa y solicitó que se presenten funcionarios con poder de decisión.
La jueza Laboral de Bariloche marina Verenandi definió una nueva audiencia para avanzar en soluciones por las condiciones de trabajo en el basural. Foto: Chino Leiva
La municipalidad de Bariloche reconoció hoy su impotencia para hacer cumplir la prohibición de ingreso de residuos peligrosos en el basural ubicado en la ruta 40 y para ordenar el régimen laboral de los trabajadores que se desempeñan en ese espacio.
Una nueva audiencia judicial convocada en el marco del recurso de amparo que presentó el Soyem por las condiciones de trabajo en el vertedero fracasó hoy en el intento de garantizar las mejoras solicitadas ya en instancias anteriores.
La jueza laboral Marina Venerandi propuso una nueva reunión a las partes para el próximo miércoles y pidió que concurran funcionarios con poder de decisión. Insistió en que las condiciones de riesgo para los trabajadores deben cesar “con urgencia”.
Por el municipio participó hoy la asesora letrada, Karina Chueri, quien dijo que la semana pasada fue impartida por escrito la orden de implementar una rotación de personal y reducción horaria (tal como fue acordado con el Soyem), pero en la práctica cambió poco y nada. “Las órdenes estuvieron desde del lunes pasado, pero me excede por qué no se ejecutaron”, dijo la abogada.
Desde el gremio señalaron que algunos trabajadores lo ven como una sanción o represalia y temen perder el empleo. Aseguraron que no hay chequeos ni dictámenes de salud precisos sobre las afecciones que sufren y que podrían estar relacionadas con el manejo de residuos.
Durante la audiencia abundaron las referencias al descontrol que reina en el vertedero por el ingreso continuo de materiales contaminantes y las discusiones con los transportistas que llegan con esas cargas. Los operarios municipales aseguraron que algunos choferes si son rechazados descargan igual en el predio, luego de ingresar por otros puntos distintos al portón principal.
Una empleada, Daniela Huentenao, capataz de la mañana, dijo que nada se los impide porque el basural “está abierto”, es decir que carece de cerco o vallado de seguridad. Una especialista en Seguridad e Higiene que realizó inspecciones e informes a pedido de la Justicia, Evelin Hansen, dijo que le consta que entran también barros cloacales enviados por la CEB, que en algún momento tuvo su propio sitio de disposición final.
En la audiencia anterior el juez Rubén Marigo fijó plazo hasta hoy para recibir el informe final de una comisión mixta y dijo que luego dictaría sentencia. Pero Marigo dejó el cargo por jubilación y su reemplazante -Venerandi- aceptó otorgar un plazo mayor.
La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, no ocultó su decepción por las nuevas dilaciones y recordó que hace más de un año que reclaman por las condiciones “deplorables” del vertedero y que tuvieron que recurrir al amparo por la falta de respuestas del municipio. “Esto es más de lo mismo, no vemos un ámbito serio”, se lamentó.
Además de los horarios reducidos y el resguardo ante los residuos tóxicos, el gremio pidió baños para el personal, acceso al agua potable y ropa especial, que no les entregan.
Residuos tóxicos, sin definición
Los abogados del Soyem, Juan Frattini y Gonzalo Ojeda, volvieron a pedir que el municipio impida el ingreso de residuos peligrosos prohibidos por ley. “Lamentablemente no lo podemos garantizar”, dijo la asesora letrada municipal. Aseguró que intentaron hacerlo pero recibieron reclamos de algunos sectores como las fábricas de cerveza y empresas que descartan neumáticos, que pretenden mantener el vertedero municipal como sitio de disposición final para sus desechos.
Frattini le explicó que “la ley dice otra cosa: el emisor de ese tipo de residuos tiene que ver dónde los elimina”, en forma privada si es necesario, “y no tirárselos al municipio”.
Los trabajadores del control de ingreso aseguraron que por ese motivo suelen recibir agravios de los transportistas y que es necesaria la presencia de un inspector con poder de policía, porque si rechazan los camiones “van y tirar los residuos en cualquier lado”.
La abogada Chueri reconoció que a pesar de que fue hablado en el encuentro anterior, no pudieron cumplir con la pauta de asignar un inspector para el basural.
La especialista Evelin Hansen dijo que en su última inspección ocular constató que “solo una persona” del plantel que cumple tareas en el basural tenía ropa de trabajo y el resto estaba “con ropa de calle”. Dijo que la gestión es “totalmente improvisada” y que los trabajadores interpretan que las medidas parciales que tomó el municipio desde que intervino la Justicia “los desprotegen más que protegerlos”.
La jueza Venerandi observó que la situación en el basural “es un problema comunitario”. Dio por demostrado que existe “un problema de gestión importante” y que las soluciones “no van a aparecer en 24 horas”, pero pidió al municipio que tenga “una disposición sumamente activa” para dar las respuestas.
Solicitó para la próxima reunión que le lleven el cronograma de trabajo del personal, con detalle de nombres, un listado de los materiales que el municipio no deja entrar al basural y la información precisa sobre “qué sucede con los baños, con el agua y con la ropa”. Pidió también que se presenten la jefa de Gabinete Marcela González Abdala, además de los responsables de Seguridad e Higiene y de Salud Laboral.
Frattini solicitó también un relevamiento general del vertedero con un mapa y la ubicación de baños y otras locaciones, que el gremio nunca obtuvo, a pesar de los pedidos.
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