Entrega de tierras en el Puerto San Antonio Este: las 1.142 hectáreas fueron cedidas para «evitar» futuros litigios
Ése es el argumento oficial del ‘acuerdo transaccional’ en el que el Estado cede lotes de frente costero 'por las dudas', para evitar reclamos, y a cambio recibe algunos de ellos para apertura de calles. Un insólito argumento detrás del que la oposición ve un “negocio inmobiliario gigante”
La valiosa franja está en el Puerto SAE, que vive una expansión turística única en la región.
“Se aprobó una Ordenanza que resuelve el histórico reclamo de la titularidad de ciertas tierras de San Antonio Este”. Bajo ese título la presidenta del Concejo Deliberante Alicia Paugest (JSRN) y los concejales del oficialismo y de fuerzas aliadas hicieron público un comunicado en el que defienden la idea de dejar 1.142 hectáreas en manos de tres familias de la villa portuaria.
De ese grupo sólo unos poseen una sentencia firme de la Justicia, obtenida en una resolución que se dio poco antes del inicio de la pandemia y que no fue apelada por el municipio. Los otros particulares judicializaron el reclamo pero obtuvieron, inicialmente, un revés judicial, y el otro ni siquiera acudió a ese estamento, y apenas inició un pedido por vía administrativa.
Sin embargo, englobando todo bajo el mismo razonamiento y alegando resolver un “reclamo histórico”, se habilitó un “acuerdo transaccional”. Al sostener que así se evitarían futuros perjuicios económicos. Lo insólito es que el único objeto a transaccionar es la propia tierra fiscal.
Es decir, ‘por las dudas’, la comuna entrega valiosas franjas a particulares, legitimándoles el reclamo (que en uno de los casos objetó la justicia y en otro ni siquiera analizó porque no fue presentado) y pidiéndoles luego que, de esas tierras fiscales entregadas, les cedan una mínima parte para destinar a “un cámping municipal” o realizar apertura de calles.
Sobre los reclamos, en el comunicado los ediles alegan, a modo general, que “los mismos están respaldados por normativa de la época, sancionada teniendo en cuenta el modelo agroexportador sobre el que se sustentaba la economía argentina. Esta zona, en términos político/jurídicos, se constituía como Territorio Nacional, de baja densidad poblacional y alejada de centros urbanos, donde la subsistencia de los habitantes dependía de actividades agrícola-ganaderas”.
Lo que obvian detallar es que los permisos de ocupación precarios que se otorgaban y los permisos de pastoreo de ninguna manera constituían el reconocimiento de propiedad sobre las tierras, teniendo en cuenta además que ninguna de estas familias posee, en la actualidad, la ocupación real de las hectáreas que ahora les fueron cedidas sin costo alguno.
“Es bochornoso. Ya un abogado está trabajando sobre el tema, y la presentación para pedir la nulidad se hará en breve” aseguró el concejal Matías Rodríguez (Ucr). Él, junto a la edil Vanesa Carmona (Unidos por la Patria) son los únicos que se opusieron a la iniciativa.
Desde el CD, negaron el acceso al convenio aprobado
La presidenta del Concejo Deliberante, Alicia Paugest, entregó una copia de la ordenanza aprobada, pero sin el convenio en el que se detallan los puntos acordados con cada particular.
«Sólo falta digitilizar y se entregará» aseguró. Sin embargo luego sostuvo que, por recomendación de la asesora legal del cuerpo, recién una vez promulgado se hará público ese documento. «El martes cuándo el intendente realice la promulgación se entregará» sostuvo. Sin explicar el motivo de la caprichosa dilación.
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