El municipio de Bariloche tiene diez días para resolver las demandas laborales en el basural
La jueza Marina Verenandi resolvió el plazo que establece al empleador presentar informes, en el contexto del amparo del gremio Soyem.
La jueza Marina Venerandi resolvió el amparo por las malas condiciones de trabajo en el basural de Bariloche. Foto: Archivo
El reclamo del Soyem por la falta de baños y de agua potable en el basural de Bariloche y por la postergación que sufren los empleados en el reconocimiento de tareas de riesgo debe encontrar alguna respuesta concreta por parte del municipio en un plazo de diez días, según lo dispuesto por la jueza laboral Marina Venerandi.
Al cabo de una nueva audiencia realizada ayer en el marco del amparo que inició el gremio, quedaron acordadas las obligaciones de la empleadora, que incluyen la presentación de informes y rendición de cuentas. La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, dijo que salieron “esperanzados” de que se cumplan los plazos y que “el municipio asuma un compromiso con las demandas”.
Morales recordó que los trabajadores enfrentan una situación extrema, porque no tienen el debido seguimiento sanitario y no cumplen con los chequeos de salud semestrales que debería hacer la ART por tratarse de tareas de riesgo.
Una primera consecuencia del amparo fue la decisión municipal de redefinir las tareas y reducir horarios de personal. Y también licenció a algunos con problemas de salud. Pero no dispuso reemplazos, lo cual dejó roles sin cubrir o generó sobrecargas para algunos agentes. Morales dijo que lo interpretaron como un “castigo”.
También hubo un cruce durante la audiencia por la eliminación de horas extra, que en la práctica representó un recorte salarial. Según señalaron desde el Soyem, un trabajador del vertedero gana de bolsillo menos de 100 mil pesos. La secretaria general dijo que perder las horas extra de fin de semana, que algunos cumplen desde hace años les causó un perjuicio. “¿Es una represalia?”, le preguntó este medio. “Lo vemos un poco de esa manera”, dijo la sindicalista.
De todos modos consideró que el curso del amparo que iniciaron hace varios meses y que no había producido cambios hasta ahora, podría aportar en breve los primeros resultados.
Señaló que el municipio tiene 10 días para exponer informes sobre cómo resolverá la disponibilidad de baños, especialmente para los trabajadores asignados a sitios apartados dentro del predio, la provisión de agua potable -si es necesario con bidones o camiones aguateros-, y el suministro de ropa de trabajo, que hoy no está garantizada.
Morales dijo que también deben realizar un “relevamiento del riesgo laboral” y garantizar los exámenes médicos regulares.
Mencionó además la exigencia asumida por el municipio para evirar el ingreso al vertedero de residuos tóxicos prohibidos por ley. Aunque no quedó claro cómo ejercerá el poder de policía y si habrá sanciones para los infractores.
Los trabajadores denunciaron que el municipio nunca realizó los aportes previsionales por tarea de riesgo que les permitan acceder a la jubilación anticipada. Morales dijo que además deberían cobrar un plus por tarea riesgosa. Admitió que el Soyem no tiene antecedentes en ese tema y que esperan llevarlo a paritarias.
En la audiencia de ayer, además de la asesora letrada del municipio Karina Chueri, participaron la jefa de Gabinete Marcela Abdala, y otros funcionarios responsables de salud laboral y de seguridad e higiene. Este diario intentó tener la palabra de autoridades municipales, sin éxito.
Uno de los abogados que representa a los trabajadores, Juan Frattini, consideró importante que todo el procedimiento estará “tutelado por la Justicia” y confirmó que el nuevo plazo máximo fijado por la jueza es de 10 días. Señaló que cualquiera de los cambios que adopte el municipio para ajustarse a la ley debe ser “sin afectación del salario”.
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