El municipio de Bariloche denunciará la obra irregular en la Justicia Penal
El secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano confirmó que reúnen la documentación para concretar la presentación. El arquitecto responsable dijo que se trata de una acusación infundada y se defenderá por vía judicial.
El edificio que se construye en el kilómetro 4,400 de la avenida Bustillo tiene varias irregularidades y no está autorizada la obra. Foto: Chino Leiva
La dirección municipal de Obras Particulares de Bariloche trabajó hoy en la reunión de todos los elementos para llevar a la Justicia penal el caso de la obra irregular del kilómetro 4,400 de Bustillo y mañana se realizará la presentación ante la fiscalía de turno, según informó el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Claudio Otano.
El edificio avanzó en el último año hasta completar una estructura de cuatro plantas que invaden los retiros reglamentarios y la superficie máxima autorizada, sin respetar las órdenes de paralización que dictó la Justicia de Faltas.
Otano había concurrido el miércoles al Concejo Municipal a rendir cuentas sobre el caso y anunció que haría hoy la denuncia penal, con el patrocinio de la asesora letrada Sofía Maggi. Pero finalmente confirmó que el trámite quedará para mañana, luego de asegurarse que aún en un feriado habrá una guardia que les reciba la presentación.
Consultado por RÍO NEGRO, el funcionario aseguró que decidieron darse el tiempo necesario para reunir todos los elementos y asegurar la “contundencia argumental” a la denuncia. En principio, el municipio accionará contra el dueño del inmueble Rodrigo Aguilar y los responsables de la obra por “desobediencia” a las clausuras dictadas. Otano habló de promover una sanción judicial por la “rebeldía” del particular ante las disposiciones administrativas.
Dijo que se tomaron algo más de tiempo para evaluar si también accionan “por el posible daño ambiental derivado de la invasión de los retiros” y por una eventual “afectación precautoria” del colector cloacal que corre por Bustillo, frente al edificio.
El arquitecto Ricardo Lerchundi es el director de la obra, según el cartel colocado al frente. Sostuvo hoy en comunicación con este diario que la acusación es infundada y que no hay irregularidades. Se negó a dar más detalles y dijo que se defenderá por vía judicial.
El profesional aportó un plano según el cual “es mentira” que la construcción avance sobre el retiro la línea de ribera lacustre. Dijo que así lo demuestra “un certificado de amojonamiento hecho por un agrimensor”.
También aseguró que cumplieron en demoler una esquina de la obra por imposición del municipio y a eso se debe la actual disposición escalonada del edificio.
Otano subrayó que el proyecto afecta un sitio de “fragilidad ambiental”, porque se trata de un lote con mucha pendiente, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Dijo que “al día de la fecha se siguen incumpliendo los códigos y la normativa vigente, incluso las órdenes de paralización dictada por el juzgado de faltas”, ya que la obra nunca se detuvo.
Confirmó que “el propietario sigue construyendo” y avanzó “casi 100% más de metros cuadrados cubiertos, en flagrante violación de la normativa”. Agregó que “también tenía violación de la línea de ribera, si bien fue poco”.
La denuncia, la primera vez en la historia
Otano indicó que la decisión de ir a la Justicia con una obra irregular no tiene antecedentes y “es la primera vez en la historia que el municipio llega a esta instancia”. Según el funcionario, “lo que más molesta es el grado de impunidad, que haya una persona que puede hacer lo que quiera” sin respetar los controles y sanciones del Estado.
“Si dejamos avanzar este atropello a las normas generamos un comportamiento paralelo en otras situaciones, hasta que un día tengamos una desgracia -afirmó Otano-. Queremos poner blanco sobre negro y que la gente sepa que hay un Estado presente, y el que quiera hacer algo parecido que lo piense dos veces”.
Refirió que llevar el tema a la Justicia es una forma de que “la gente no haga lo que se le cante”. También anticipó que el Ejecutivo presentará en breve un proyecto de ordenanza para regularizar obras antirreglamentarias de menor dimensión que el conflicto de Bustillo. Calculó que “más de la mitad” de las ampliaciones, garages y otras mejoras están en falta y nunca presesentaron planos.
Otano entendió que en el edificio de Aguilar “la Justicia debería paralizar con intervención policial, además de investigar a los profesionales” y podría ordenar la demolición de lo construido fuera de la ley, aunque aclaró que no quería aventurarse en temas de competencia ajena.
“Es imposible que esto se pueda terminar y se habilite en estas condiciones -advirtió-. No hay final de obra. No pasaría el mínimo filtro. Jamás. Nunca”.
Dijo que hay de por medio “un tema de respeto hacia el resto y de comportamiento cívico”. Aseguró que a los titulares del proyecto “muchas veces se les dio la oportunidad de que regularicen, pero no hubo voluntad. Hubo buena fe (desde el municipio) creyendo que la actitud iba a cambiar, pero no se cumplió”.
Otano dijo que el área a su cargo trabaja en la fiscalización en forma permanente, que “intima a rectificar cuando detecta (obras) fuera de código y normalmente hacen caso”. Pero señaló que es una tarea compleja. “Son 4.000 obras en toda la ciudad y es imposible vigilar todo el tiempo para ver quién se está equivocando. Por eso es importante la denuncia del vecino”, explicó.
Comentarios