El Ejecutivo municipal propone un gran blanqueo de obras no declaradas en Bariloche y ya hay polémica
El intendente Gustavo Gennuso impulsa una ordenanza para habilitar la regularización masiva de obras construidas sin permiso. Pero el proyecto despertó un recelo generalizado en el Concejo que pretende evitar una moratoria que favorezca a las grandes propiedades y emprendimientos comerciales.
En el oeste de Bariloche prevalecen las construcciones de hoteles y complejos de departamentos. Foto: archivo
El intendente Gustavo Gennuso impulsa una ordenanza para habilitar la regularización masiva de obras construidas sin permiso o en forma antirreglamentaria, que se cuentan de a miles en toda la ciudad y que podrían acceder a su habilitación definitiva con un trámite simplificado y con importantes quitas tributarias.
La iniciativa despertó un recelo generalizado en el Concejo, donde aun el bloque oficialista expuso su intención de evitar una moratoria que favorezca a las grandes propiedades y emprendimientos comerciales. La voluntad común sería la de reservar el beneficio solo a las viviendas unifamiliares y pequeños comercios.
Las facilidades de amplio alcance fijadas por el proyecto fueron defendidas ya en dos reuniones de comisión por el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano Claudio Otano y por el secretario de Fiscalización Sebastián Rodríguez. Pero lejos estuvieron de construir un consenso suficiente para lograr la sanción de la norma.
Ante esa resistencia el Ejecutivo envió un texto reformulado, que tampoco conformó. El presidente del bloque oficialista (JSRN), Carlos Sánchez insistió en la necesidad de discriminar qué tipo de obras entrarían en la moratoria y abogó por no favorecer a los propietarios de “grandes estructuras”. Ediles de otros bloques fueron más terminantes.
El proyecto original fue presentado en mayo pasado y la reformulación ingresó al Concejo esta última semana. “Entiendo que esta modificación no salva lo pedido en la comisión anterior”, reconoció Sánchez.
El proyecto establece una operatoria especial por un lapso acotado de un año, bautizado Pronorma (programa de normalización), con el propósito de incentivar el empadronamiento de obras ejecutadas sin autorización municipal. Concede quitas de entre un 15 y un 50% en los derechos obligatorios de construcción regulados por las ordenanzas fiscal y tarifaria.
Uno de los principales objetivos del Ejecutivo, según lo expuesto en la comisión de Obras del último viernes por la directora Sandra Pozas, es resolver la traba que enfrentan muchos titulares de pequeños comercios para obtener su habilitación, ya que no cuentan con planos aprobados y final de obra de sus inmuebles.
Señaló por ejemplo que la campaña para fiscalizar y encuadrar a los nuevos alojamientos turísticos chocó en un alto número de casos con ese impedimento, porque los propietarios quieren regularizar pero no cumplen los requisitos del Código de Edificación.
Pozas dijo que si la moratoria resulta aprobada “ayudaría a destrabar infinidad de trámites”. Señaló que “a veces un tinglado o un techito, o construcciones en medianera no permitidas”, son el obstáculo que les impide acceder a una habilitación comercial.
El articulado del proyecto fija las reglas de la excepción temporal y establece categorías, pero no deja afuera expresamente a las grandes superficies.
Un “no” a los beneficios indiscriminados
El concejal Gerado Ávila (JSRN) dijo que el Concejo ya aprobó una quita importante para las obras irregulares al aprobar el régimen fiscal y tarifario para este año y entendió que una moratoria más amplia debería ser restrictiva.
“Tal vez habría que dar facilidades, pero a un grupo muy específico: el que no haya podido cumplir por razones fundadas. Pero con mucha restricción a los grandes propietarios”, dijo Ávila.
Al fundamentar la propuesta el gobierno reconoció que en la ciudad hay 40.500 parcelas catastrales, de las cuales “más del 50%” registran algún tipo de irregularidad constructiva.
Pozas dijo también que de las habilitaciones comerciales en trámite “alrededor de un 60%” chocan con la imposibilidad de avanzar por obras no declaradas.
El concejal Ávila recordó que ya hay un antecedente de 2013, cuando el municipio dispuso una moratoria de obras de amplio alcance “y no tuvo el alcance buscado”, porque “mucha gente se inscribió, pero no lo completó”.
También subrayó que abrir otra moratoria o blanqueo similar “sería un mal mensaje al que cumple, mientras se premia al que hizo todo mal”. Dijo que así lo hicieron saber al Concejo algunos vecinos enterados del proyecto bajo análisis. “No acuerdo desde lo ideológico”, señaló Ávila, en relación con la permisividad de la iniciativa impulsada por Gennuso.
La concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) dijo que “el problema del proyecto es que incluye las obras de mayor escala antirreglamentaria”, es decir que violan el Código de Edificación y deberían ser demolidas. Recordó que hay infractores con órdenes de demolición vigentes “desde hace años”, que no se concretan. Este diario publicó días atrás la existencia de uno de esos casos, en el faldeo superior del cerro Otto, que está judicializado y que tiene sentencia de demolición del Tribunal de Faltas municipal, aun no ejecutada.
Según Wallace lo que impulsa el Ejecutivo es “un blanqueo demasiado amplio”. Se declaró partidaria de “segmentar” el geneficio para abarcar las viviendas unifamiliares, con superficies acotadas (por ejemplo hasta 150 metros cuadrados) y dejar afuera a hoteles y emprendimientos turísticos de gran escala, gimnasios, consultorios y grandes locales.
Ávila incluso cuestionó a quienes incumplen por especulación, a la espera de la moratoria, y no por incapacidad económica.
Dijo que tal vez el camino sea elaborar un proyecto más acotado, que pueda lograr apoyo y aprobación del Concejo antes de fin de año, pero limitado a las obras chicas. En la comisión los concejales les preguntaron a los representantes del Ejecutivo si está cuantificado el número de obras no declaradas de pequeña escala, con aptitud para ingresar en la moratoria, pero no hubo respuesta.
Otros concejales también señalaron que una convocatoria masiva podria desbordar la capacidad administrativa del municipio y obligaría a postergar el ingreso y aprobación de los trámites regulares, con la consecuencia de acrecentar de modo indirecto el número de obras irregulares.
El concejal Sánchez se mostró dispuesto a “acordar una primera norma, que salga rápido” con la mira puesta en los propietarios chicos y dejar para otra etapa y un tratamiento más exhaustivo “las obras de mayor escala”.
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