Disputa con OPS en Bariloche: se cierra el cerco sobre Gennuso y otros exfuncionarios

El Tribunal de Contralor debe resolver hoy si inicia juicio de responsabilidad contra el exintendente y varios de sus funcionarios. Lo hará a partir de un dictamen técnico que pasa lista de las irregularidades cometidas en la contratación.

El Tribunal de Contralor Municipal de Bariloche dará ingreso formal en su sesión a un dictamen jurídico que solicitó hace varios meses sobre la contratación directa de la empresa OPS durante la gestión anterior y que podría derivar en un juicio de responsabilidad y juicio de cuentas contra los funcionarios que avalaron los sucesivos acuerdos.

La investigación tiene la mira puesta en la actuación del exintendente Gustavo Gennuso y de varios de sus principales colaboradores, entre ellos los exjefes de Gabinete Marcos Barberis (actual secretario de Turismo de Río Negro) y Marcela González Abdala (hoy legisladora), el exsecretario de Hacienda Diego Quintana, el exsecretario de Servicios Eduardo Garza y las asesoras letradas del Ejecutivo, que intervinieron en los acuerdos y firmaron las resoluciones.

La empresa OPS le alquiló durante más de cuatro años una veintena de máquinas pesadas al municipio, que fueron destinadas al acondicionamiento de calles no pavimentadas, el mantenimiento de pluviales y el manejo del basural. Por esa prestación reclama ahora una deuda millonaria en dólares, que se acumuló porque durante largo tiempo el municipio solo realizó pagos menores a cuenta, a la espera de consolidar los pagos con la sindicatura de la empresa, que estaba en quiebra e intervenida por la Justicia.

El dictamen elaborado por el asesor legal del Contralor, Slapko Jankovic, enumera las irregularidades detectadas y abre la puerta a un juicio administrativo contra Gennuso y otros miembros de su gabinete, que es la función estricta reservada al Tribunal, y que podría derivar en sanciones de tipo económico.

Además, los funcionarios quedarán expuestos a una eventual denuncia penal. Una posibilidad es que la impulse el mismo Contralor o bien que lo haga el Ejecutivo Municipal. El intendente Walter Cortés tiene un interés directo en el tema debido al abultado incumplimiento que heredó y que se niega a validar sin un examen a fondo sobre su legitimidad.

Fue Cortés quien a poco de asumir envió todos los antecedentes del caso OPS al Contralor y pidió una evaluación exhaustiva, antes de decidir qué hará con la deuda acumulada.

Si el caso OPS llega a la Justicia ordinaria (sería en el recién creado tribunal Contencioso Administrativo) los delitos a investigar podrían ser en principio el incumplimiento de deberes del funcionario público y también la falsedad ideológica de documento por parte de OPS, ya que al firmar el contrato inicial tenía la quiebra declarada desde hacía unos meses y no dejó constancia de esa condición.

Acuerdo fallido

La empresa originaria de Cipolletti logró levantar la quiebra el año pasado y sus directivos iniciaron la gestión para cobrar la cuantiosa deuda con el municipio de Bariloche. Hubo una mediación privada que fracasó, y luego los apoderados de OPS intentaron llegar a un acuerdo con Gennuso para cerrar un plan de pago por 7.92 millones de dólares. El intendente quería firmar y dejar cerrado el tema antes de terminar su mandato al frente del municipio, pero no obtuvo el aval del Contralor.

Ya en esa oportunidad hubo un dictamen jurídico y otro contable que formularon severas críticas a la contratación directa de OPS, renovada y ampliada año tras año entre 2019 y 2023, y a la orfandad documental de esa relación. Muchos de aquellos elementos fueron retomados y profundizados ahora, por el nuevo dictamen que se conocerá hoy.

El conflictivo vínculo entre el municipio y la empresa que llegó a tener una veintena de máquinas arrendadas en Bariloche (en su mayoría motoniveladoras y retroexcavadoras) amenaza con convertirse en un serio dolor de cabeza para Gennuso y para buena parte de su gabinete.

En lo esencial, los puntos que buscará dilucidar el Tribunal giran en torno a la contratación directa que benefició a OPS, cuando no había emergencia ni imprevisto que impidiera llamar a licitación, a la falta de registro de fechas de ingreso y salida de las máquinas, así como las horas efectivas de servicio y su valuación. También fue impugnada la la decisión de pactar un endeudamiento en dólares, sin fundamento técnico y sin aval del Concejo.

La sesión del Tribunal de Contralor programada para hoy fue antecedida de una inusual publicidad, porque ese organismo suele trabajar con mayor reserva. Según trascendió, hubo convocatorias no solo para la prensa sino para el intendente Cortés y la asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez, quienes fueron los impulsores iniciales de la investigación.


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