Denuncian a Walter Cortés por “sobreprecio y triangulación” en una compra directa
La compra directa de una planta de hormigón le costó al municipio 192 millones de pesos y se pactó sin contar con tres presupuestos previos. Aseguran que hubo sobreprecio y una "triangulación" irregular.
El intendente Walter Cortés se refirió al conflicto con el Soyem en Bariloche. Archivo
El Tribunal de Contralor de Bariloche deberá investigar a pedido de un concejal opositor la compra de una planta dosificadora de hormigón por 192 millones de pesos (con flete incluido) que el inendente Walter Cortés acordó con una empresa de Neuquén, cuyo objeto comercial no tiene relación con ese tipo de equipos.
El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) afirmó que la firma adjudicataria del pago, identificada por una resolución del Ejecutivo del último viernes como F&J SAS, es en realidad “una empresa fantasma”. Y que el precipitado sondeo de precios previo a la compra directa solo interesó a una cotizante, que no es la que finalmente emite la factura.
Señaló que el importe pactado de 192 millones de pesos “triplica los valores de plaza”, según otros presupuestos que él obtuvo por cuenta propia, ya que el Ejecutivo municipal no los aportó.
Costa Brutten dijo que se trato de “un accionar administrativo ruinoso para el erario municipal” y le pidió al Tribunal de Contralor que dicte una “medida de no innovar que impida el pago” en favor de la firma F&J, domiciliada en Neuquén, y también que efectúe denuncia penal contra los funcionarios responsables.
Según el concejal, la irregularidad es atribuible en primer término al intendente Cortés, “pero también a todos los que colaboraron, porque si el sistema de control interno funciona, con el pedido de cotizaciones claras, la intervención de Compras y Suministros, la vicejefatura de gabinete y la asesoría legal, no se podía realizar esta maniobra”.
La compra directa está enmarcada en las licencias otorgadas al intendente por la ordenanza de emergencia económica, y Costa Brutten sostuvo que Cortés actuó con máximo apuro para asegurarse la cobertura de ese régimen especial, que vence el próximo jueves.
Luego de reconstruir la operación con la escasa información disponible, el concejal subrayó que resulta “inverosímil” que una empresa concesionaria de autos, “y sin acreditar representación, obtenga una orden de compra directa de una planta dosificadora de hormigón nueva, con flete incluido, para luego no ser parte del cobro, permitiendo dicho acto a un tercero”.
Datos que alimentan la sospecha
Según la descripción contenida en la denuncia, el Ejecutivo municipal remitió pedidos de cotización para la planta de hormigón a tres empresas: Del Rey Automotores, domiciliada en Neuquén, Noredemac (de Chaco) y Grúas San Blas (de Tigre).
Costa Brutten indagó sobre los antecedentes de cada una y comprobó que “ninguna vende u ofrece plantas dosificadoras de hormigón”. La primera es una concesionaria de autos, la segunda comercializa máquinas agrícolas y la última se dedica a la venta y alquiler de autoelevadores.
Señaló también que “solo Del Rey, que en realidad se llama Rey Automotores, y en la desprolijidad la denominan mal” aportó un presupuesto. Las otras dos no contestaron. Para el concejal se trató de una “burda maniobra”, ideada para cumplir con las formalidades de un concurso de precios exprés, que eludió sondear a empresas con verdadera incumbencia en el tema.
“Pero lo peor es que el pago sale contra una factura de una empresa que no participó de la ronda de cotizaciones”, objetó el denunciante, en referencia a F&S. La resolución de Cortés que autoriza el pago “no estuvo precedida de un acto de adjudicación”, sostuvo Costa Brutten.
Dijo que el valor pagado “triplica los valores posibles de plaza” obliga a determinar “la nulidad absoluta del acto”. Por eso pidió la intervención inmediata del Contralor. Dijo que no se presentó en forma directa a la Justicia porque otras veces, en situaciones similares, la fiscalía le objetó no haber agotado la vía administrativa.
Costa Brutten dijo que F&J SAS “cambió el objeto hace un mes” para incorporar el rubro de las plantas de hormigón “y convalidar esta acción”, porque hasta entonces también figuraba como comercio de automotores.
La resolución de Cortés hace referencia a un pedido del vicejefe de Gabinete, Carlos Iglesias, sobre “la necesidad y urgencia de adquirir una planta dosificadora de hormigón para pavimentar las calles y mejorar su transitabilidad, modernizando de esta forma la ciudad”.
Costa Brutten dijo que esa urgencia no se discute “pero tampoco es justificación para la compra de este producto con esta maniobra”. Observó también que la resolución no brinda especificación técnica alguna sobre la máquina adquirida. Tampoco el Ejecutivo realizó hasta hoy ninguna difusión sobre la compra, como sí lo había hecho cuando incorporó máquinas viales, también aplicadas a la mejora y mantenimiento de calles.
Comentarios