Definen compromiso para regularizar suministro eléctrico en barrios populares de Bariloche

Con aplausos de varios de los participantes del Consejo Social de Tierras quedó cerrado hoy el acuerdo para avanzar con la instalación de medidores eléctricos individuales en las tomas y barrios “populares” de Bariloche, donde hay no menos de 1.700 usuarios “colgados” del servicio.

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Las conexiones clandestinas e irregulares le generan un abultado costo al municipio, que recibe en forma mensual la factura de la CEB por los llamados “tableros comunitarios”. Esos consumos son más abultados en invierno, porque es mucha la gente que accede al servicio de esa forma y lo usa para calefacción, a falta de otras alternativas. La factura cargada al municipio baja algo con la “estacionalidad”, aunque en promedio ronda los 200 millones de pesos mensuales.

En la reunión de hoy, además del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, la Mesa de Barrios Populares, un representante del Concejo Municipal y algunos vecinos con interés directo en el tema, estuvo también la CEB y por primera vez participó el Ente Regulador Provincial de la Electricidad, representado por su presidente Juan Justo, quien se conectó por “zoom”.

Mariana, una referente de la toma Manzana 287, dijo que tienen en su barrio mucha dificultad para acceder a la energía, que son 80 familias, muchas de ellas conectadas en forma precaria al tendido de media tensión y con alto riesgos de incendio o electrocución.

Donde las redes son algo más prolijas y funcionan a través de tableros comunitarios también son frecuentes la quema de equipos por sobrecarga y otros desperfectos, cuya reparación debe ser afrontada por los vecinos.

Aunque saben que a partir de la colocación de los medidores domiciliarios deberán pagar la luz, los usuarios de barrios populares lo prefieren, porque tendrán un servicio más confiable.

Reclamaron sin embargo condiciones más accesibles para comprar los costos pilares individuales y que se les conceda la tarifa social, porque en muchos casos hoy no tienen, a pesar de cumplir las condiciones, según indicó una vecina del barrio Alun Ruca.

El vicepresidente del IMTV, Tomás Guevara, dijo que la CEB siempre se mostró esquiva a la hora de avanzar con la regularización y entendió que ahora esa postura podría modificarse a partir del cambio de conducción. En la reunión estuvo por la Cooperativa el consejero José Lepío (de la lista Roja, que acaba de asumir la presidencia) y se comprometió a trabajar con un perfil más social, “que sea más de cooperativa y no de empresa”.

Propuso por ejemplo cooperativizar y financiar el suministro de los pilares individuales, que hoy está delegado en empresas habilitadas para ese fin y tienen un costo de 600 mil pesos, que está fuera del alcance para muchas familias.

Salvar obstáculos

Desde el EPRE confirmaron que existen ya planes estandarizados para la regularización, aplicados en otras localidades de la provincia que pueden trasladarse a Bariloche, y señalaron también que para acceder a los medidores no hace falta contar con planos y mensuras inscriptos en catastro, como exigió hasta ahora la CEB, y basta con un «croquis».

La “mesa de trabajo” que conformarán en adelante todas las partes tendrá una primera reunión la próxima semana. Luciano Celsi, de la Mesa de Barrios Populares, señaló que son 38 los asentamientos bajo esa categoría en todo Bariloche y la situación que atraviesan es “particularmente compleja”. Reclamó que el plan de regularización tenga en cuenta esa realidad y “el crecimiento vegetativo” de la ciudad.

El concejal Facundo Villalba celebró que luego de las idas y venidas con el tema que se prolongaron varios meses, “se hayan generado hoy los canales y un sistema de trabajo que no existía, para resolver un problemas que arrastra la ciudad desde hace 20 ó 25 años”.