Debut con fallas para los radares del corredor petrolero a Vaca Muerta
El Municipio envió y cobró multas realizadas en el período de prueba. Los conductores damnificados reclamaron la devolución del pago, pero todavía no lo consiguen. El Municipio de El Chañar apuntó contra la empresa contratada por los errores.
Campo Grande, como El Chañar, tiene resistidos dispositivos para controlar la velocidad. Foto: archivo Yamil Regules.
La implementación de radares que controlan la velocidad y multan a los automovilistas por exceder los límite para zonas urbanas, suele ser una medida rápida para intentar reducir los casos de incidentes viales. Sin embargo, es una de las disposiciones más cuestionadas por los ciudadanos que habitualmente circulan por esas rutas y por quienes consideran que es una acción que solo persigue un fin recaudatorio por parte del Estado.
En las últimas semanas la localidad de San Patricio del Chañar quedó envuelta en la polémica tras reconocer falencias en el procedimiento administrativo generado por uno de los radares que opera en el ejido.
El dispositivo efectuó multas durante el periodo de prueba en la Ruta Provincial 7, en un tramo clave del corredor petrolero que llega hasta Vaca Muerta. Esto implicaría, según lo establecido, que la sanción económica no debe cobrarse, sin embargo, fueron muchas las personas que pagaron y ahora exigen la devolución del dinero.
El enojo de los multados rápidamente se multiplicó y varios vecinos aseguraron “que hay grises en los operativos de control”. Por esta razón, el propio intendente Leandro Bertoya fue quien reconoció en medios periodísticos que “hubo un error administrativo” por parte de la empresa que opera el dispositivo ubicado en la Picada 4 de la Ruta 7.
Según lo expresado por el gobierno de la ciudad, todos los automovilistas que hayan sido multados por el cinemómetro en cuestión entre el mes de noviembre del 2021 y mayo del 2022 “no deberán pagar la multa”. Pero la explicación, lejos de terminar con el problema, desató una serie de quejas que terminaron con cartas documentos y el repudio en redes sociales.
La explicación por las multas
Consultada por Río Negro, la oficina del Juzgado de Faltas de El Chañar confirmó las quejas y remarcaron que el problema se genera “únicamente en un solo radar, el resto imputó multas cumpliendo con los tiempos y procedimientos”.
La titular de la institución, Cecilia Vilchez, explicó públicamente que en la localidad operan cuatro radares.
Dos de ellos son móviles que circulan en camionetas y rondan la zona del semáforo donde está el monumento “Héroes de Malvinas”, y el otro vigila desde la Ruta 8 en la zona conocida como “El cruce” hasta la picada 21 de Ruta Provincial 7. Según la funcionaria “estos empezaron a funcionar oficialmente el primero de marzo de este año” y no generaron el problema.
También detalló que se dispusieron dos radares fijos.
Uno en la picada 11 y otro en 19 de Ruta 7, que también toman los excesos de velocidad y esos son los que empezaron a funcionar en mayo. Uno de ellos es el que “multó a los automovilistas durante el periodo de prueba”. A pesar de los argumentos, la funcionaria despegó de responsabilidades al Municipio y expresó que fue un error de la empresa del radar.
El enojo de los vecinos por la ubicación de los radares
En simultáneo, una serie de publicaciones en redes sociales comenzó a potenciar el descontento de los vecinos por la ubicación de uno de los dispositivos móviles que controlan la velocidad dentro del casco urbano.
“Es increíble tener un radar dentro de la localidad”, comentó uno de los conductores indignados a este medio. La medida no es habitual teniendo en cuenta que este tipo de radares están preparados principalmente para tomar las velocidades de las autopistas y rutas.
“Esto es para recaudar, no tiene explicación que estén dentro de la zona urbana”, comentó otra vecina de El Chañar, que compartió una publicación de Facebook, mostrando la camioneta con el radar en la calle Sierra Auca Mahuida del Parque Industrial.
El desconcierto no solo surgió en los habitantes del casco urbano, sino también en los que viven en las afueras de la localidad. Esta vez, quienes reclamaron en las redes sociales fueron los vecinos del sector Punta de Sierra, localizado después de la Picada 21 de la Ruta 7 hacia Tratayen. El sector solicita desde hace varios años la llegada de los servicios básicos, sin embargo bajo argumentos jurisdiccionales, esto les fue relegado.
“Para mandar el radar si es parte de El Chañar”, comentaron varios vecinos en una publicación acompañada de imágenes donde se puede ver a una de las unidades móviles controlando el lugar.
El relato de un multado y el largo camino para que le devuelvan el dinero
Ariel es un vecino de Neuquén capital que viaja continuamente por su trabajo por la Ruta 7 y debe pasar necesariamente por El Chañar. El 30 de junio pasado recibió una multa por exceso de velocidad registrado con el radar fijo del la Picada 4.
«La multa era de 30 mil pesos por una infracción del 28 de noviembre» contó a RÍO NEGRO y detalló que realizó el pago inmediatamente por medio de transferencia y a través del celular. «Quise pagarlo rápido porque tenía un descuento del 50%, algo claramente conveniente para mi» agregó.
Al pasar los días, Ariel tomó conocimiento de que su multa había sido realizada por el dispositivo cuestionado y en el periodo indebido, por lo que quiso tomar contacto con la Municipalidad de El Chañar para solicitar que le devuelvan el deposito.
«Llamé a las oficinas y me pidieron que sepa entender pero que debía esperar» contó. También relató que luego de insistir le informaron que «el tiempo de devolución no superará los tres meses», algo que criticó porque «la inflación mensual le devaluará el monto».
La multa que percibió fue por una infracción sobre la Ruta 7 Picada 4, en la zona urbana donde el límite es de 60 kilómetros por hora.
Ariel consideró injusto no solo la imputación de la contravención, sino también las «trabas burocráticas» para «exigir un dinero mal cobrado».
Según lo informado a RÍO NEGRO por el Juzgado de Faltas, en las «últimas tres semanas se registraron entre 15 y 20 pedidos de retribución de dinero» por las multas mal realizadas.
La falta de información alimenta las dudas sobre la legalidad de los radares
A pesar de los reiterados intentos de contacto con autoridades municipales que tengan incidencia directa con el control de los radares, fue imposible. Las únicas voces que acceden a dar declaraciones son las personas que siguen recibiendo multas y que a pesar de pagar, dudan de la legalidad de la aplicación de los cinemómetros en la Ruta 7.
Según lo expresado por el intendente Bertoya, los radares cuentan con la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sin embargo eso no es suficiente para la utilización. Incluso, la misma página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se pueden buscar los dispositivos homologados, se aclara que el listado de radares fijos y móviles disponible «no incluye equipos instalados en Rutas Provinciales o dentro de ejidos urbanos, toda vez que la ANSV no interviene en su autorización». Por eso se dificulta el rastreo de los dispositivos dispuestos en la Ruta Provincial N7.
Actualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene casi 190 cámaras y radares autorizados para operar en las rutas nacionales de todo el país. Pero ninguno de ellos controla rutas provinciales o caminos urbanos. El resto de la información, explica los procedimientos y potestades locales sobre los radares, pero siempre en el control de velocidades en las rutas nacionales.
Por parte de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, no se brinda información en su página web respecto al procedimiento de las multas y la puesta en marcha de los radares. Ocurre lo mismo con los pasos administrativos que deben realizar las personas que tienen derecho a pedir la devolución de su dinero por una multa mal efectuada.
En el contenido de las multas a la que RÍO NEGRO tuvo acceso, solo se especifican las leyes infringida en la contravención y la homologación de los aparatos como aptos para el control. Pero no aclaran su habilitación para el uso de una ruta provincial.
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