Contratación de OPS en Bariloche: Cortés llevará el caso a la Justicia Penal

El intendente Walter Cortés anunció hoy que presentará una denuncia judicial contra su antecesor Gustavo Gennuso y el resto de los exfuncionarios que intervinieron en el alquiler de máquinas viales a la empresa OPS, cuyas irregularidades fueron expuestas hoy por el Tribunal de Contralor.

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El Ejecutivo avanzará en paralelo con un pedido de nulidad de los actos administrativos (también ante los tribunales ordinarios) para frenar así los reclamos de la empresa, que litiga contra el municipio para cobrar una deuda millonaria en dólares.

El Contralor dio por ingresado hoy el dictamen jurídico cuya elaboración insumió más de seis meses y en el que aparecen documentadas las violaciones a la normativas que habría acumulado la gestión anterior en el vínculo comercial con OPS, iniciado en 2019 y con sucesivas renovaciones hasta 2023.

El presidente del organismo fiscalizador, Estanislao Cazaux, dijo que las irregularidades y “vicios” se acumularon “en cantidad innumerable”. Señaló que el primer acto reprochable fue la contratación directa de OPS sin justificación, en razón de que la ordenanza 257/89 exige para saltear una licitación la obligación de probar razones de “urgencia o imprevisión”, y esas condiciones “no se cumplieron”.

También sostuvo que la norma prohíbe expresamente contratar con una empresa fallida o en quiebra. OPS estaba concursada desde 2016 y le declararon la quiebra pocos meses antes de acordar su primer alquiler de máquinas con la municipalidad de Bariloche.

Cortés dijo que no dejarán correr solo la vía administrativa para esclarecer lo sucedido. “Tenemos la obligación de hacer las denuncias y quien debe definir será la Justicia, la federal si corresponde, o si no el fuero provincial”, afirmó.

Una deuda cuantiosa

A lo largo de las sucesivas contrataciones con OPS el municipio llegó a tener 19 máquinas en uso cedidas por esa empresa, pero el Contralor no pudo documentar fechas precisas de ingreso y salida de cada una, y tampoco las horas de servicio efectivamente prestadas. El dictamen jurídico también objetó la pretensión de consolidar la deuda en dólares, cuando la contratación original se pactó en pesos.

Gennuso intentó dejar cerrado en noviembre pasado –poco antes de dejar la intendencia- un acuerdo de pago con OPS por 7,92 millones de dólares, pero no consiguió el aval del Contralor. Ese pasivo se había acumulado sin pausa porque el municipio nunca dejó de usar las máquinas pero realizó solo pagos parciales por al menos 127 millones de pesos, a la espera de que la empresa levante la quiebra y poder pasar la deuda en limpio.

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Cortés dijo ahora que los reclamos de la firma podrían llegar a los 24 millones de dólares. Por eso existiría premura para que la Justicia Contencioso Administrativa declare la nulidad de la contratación con OPS. Cazaux dijo que esa es la vía recomendada por el dictamen para oponer al reclamo de la deuda, que de otro modo “empujaría al municipio a un default”.

Cortés afirmó que la deuda es «ilegítima» y que los pagos ya efectuados en la contratación viciada “se pueden recuperar, con los patrimonios de cada uno de estos sinvergüenzas”, por Gennuso y sus colaboradores.

El intendente dijo que le llamó la atención “el desorden” en toda la tramitación cuestionada. “Vemos que nada está dentro de las reglas, de la Carta Orgánica, de las ordenanzas, acá se hizo todo a mano alzada como si nada. Vamos a hacer las denuncias correspondientes”, advirtió.

También avanzó en una crítica general sobre la gestión anterior y el manejo de las cuentas públicas, al señalar que en los seis meses que lleva de mandato pudo comprar 25 máquinas para el municipio, con aplicación de los “ahorros” acumulados. Agregó que “todo era un desquicio, no se cuidó la plata por mucho tiempo, todos tenían kioscos, es difícil conducir un lugar donde hay una cultura donde todos meten mano, todos tienen amigos, todo es facilismo ¿o por qué cree usted que yo los terrenos los voy a sortear? Acá el amiguismo fue siempre la herramienta”.

Cortés, junto a varios funcionarios y concejales asistieron hoy a la sesión del Contralor, que no suele dar publicidad a sus actos. Esta vez hubo una excepción llamativa, que el Ejecutivo no se privó de aprovechar.

Un dictamen terminante

En el encuentro de hoy, apoyado en el dictamen de su asesoría letrada, entre ellos los exjefes de Gabinete Marcos Barberis y Marcela González Abdala, los ex secretarios de Servicios Daniel Cairo y Eduardo Garza, el exsecretario de Hacienda Diego Quintana y las exasesoras legales del Ejecutivo Natacha Vázquez y Karina Chueri.

Por la asesoría letrada también pasó Mercedes Lasmartres, durante al menos dos años de la gestión anterior, pero Cazaux dijo que no es parte de la investigación porque -según hizo notar- no encontraron firmas suyas en ningún acto administrativo vinculado con OPS.

La decisión del Tribunal fue tomada por unanimidad. Además de Cazaux (electo por Juntos por el Cambio, pero de origen peronista), la suscribieron Esteban Romero (electo en la lista del partido PUL, del intendente Cortés) y también por Damián Vila, quien ingresó al Contralor por el partido JSRN, el mismo al que pertenecen los funcionarios investigados.

Vila reconoció que “del dictamen surge claramente que hubo irregularidades en el procedimiento” de contratación de OPS. Entendió que “existen elementos para abrir la investigación y que los exfuncionarios den las explicaciones del caso”.

El sumario estará a cargo de la contadora Andrea Leiva y debe estar concluido en 90 días. En ese lapso deberá reunir más información documental para aportar al Tribunal y también citará a Gennuso y el resto de los acusados para que brinden su descargo.

El dictamen técnico difundido ayer subraya, entre otros puntos, la condición de empresa en quiebra que tenía OPS y que la inhibía de contratar con el municipio ya que no tenía disposición efectiva de las máquinas que ofreció en alquiler.

“Encontrarse privado de la libre disposición de sus bienes es causal de exclusión para ser proveedor del municipio -argumenta-. En tal circunstancia se encontraba OPS al momento de suscribir el contrato”.

Una vez concluido el sumario, el Tribunal de Contralor, podría imponer multas económicas a los responsables, pero para Cazaux existen elementos que permitirían llevar las actuaciones a la Justicia ordinaria y abrir una investigación por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación.