Compras directas, la maniobra de Walter Cortés para saltear licitaciones en Bariloche
El intendente apeló a este tipo de contrataciones que dejaron de ser una simple excepción por "urgencia". ¿Qué pasa en otros municipios de Río Negro?
Walter Cortés presentó junto al gobernador Weretilneck una tanda de máquinas nuevas que compró este año. Foto: gentileza municipalidad
La necesidad de responder a las demandas urgentes de obras y de asistencia social que recaen sobre el municipio de Bariloche se traduce de un modo u otro en la búsqueda de fórmulas para saltear las licitaciones y encontró en las compras directas el recurso ideal para que la gestión “fluya”.
El intendente Walter Cortés apeló una y otra vez a esa herramienta durante su primer año de gobierno, pero no fue un pionero ni nada parecido. Su antecesor Gustavo Gennuso también desplegó contrataciones directas que generaron fuerte polémica, en especial la que mantuvo durante años para el alquiler de equipos viales con la firma OPS, que le dejaron al municipio una deuda millonaria en dólares.
Cortés se aseguró a poco de asumir el envío de un proyecto de ordenanza de emergencia “económica, financiera, fiscal, de servicios y habitacional”, que el Concejo aprobó por unanimidad, aunque en lo económico y fiscal le limitó el plazo a 6 meses, la mitad de lo pretendido.
El intendente aprovechó esa licencia para comprar maquinarias, camiones, una planta de asfalto y otros equipos por casi 5.000 millones de pesos, sin llamado a licitación pública. El mismo camino siguió para la adquisición de varias partidas de alimentos, leña para el plan Calor y otros insumos.
Desde el Concejo y también desde el Tribunal de Contralor esbozaron reparos sobre el abuso de las contrataciones directas y existe al menos una investigación en marcha en el caso de la planta dosificadora de hormigón, por presunto sobreprecios y por las aptitudes y antecedentes de la empresa proveedora.
Walter Cortés quiere seguir con las contrataciones directas
Cortés podría haber solicitado una prórroga de la emergencia cuando se le cumplió el semestre acordado, pero no lo hizo. Para eso estaba obligado a presentar un informe sobre lo actuado, que nunca remitió a los concejales.
Aun así el descrédito de las licitaciones, al parecer, llegó para quedarse. Y el intendente buscó asegurarse el permiso para continuar con las contrataciones directas por un año más a través del proyecto de presupuesto 2025, justificado en la necesidad de “continuar con el plan de reorganización de la administración financiera” y afrontar “las obligaciones y compromisos municipales que aseguren la adecuada prestación de servicios”.
El proyecto ingresó el 30 de septiembre al Concejo y todavía está en tratamiento, pero ese controvertido artículo 5 fue podado por los concejales en el primer análisis.
Cortés no se rindió y presentó otro proyecto por separado, con un solo artículo, para “facultar por el término de 12 meses al Ejecutivo municipal a realizar adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos esenciales”.
Lo fundamentó en que “la demora de los procesos administrativos” ordinarios perjudican al erario municipal”. Alegó también que “la resolución de los problemas de la comunidad requiere inmediatez en los tiempos de respuesta”, con “procesos ágiles”, para asegurar la mejor prestación de servicios y ejecución de obra pública, que Bariloche no puede demorar por tratarse Bariloche de una “localidad turística”.
Ese nuevo proyecto de “superpoderes” (como lo califican los críticos) todavía no consiguió avanzar en la “ruta legislativa” y está a la espera de un dictamen jurídico.
Un cuestión de “dinámica”, justificó el intendente
Cortés explicó ante una consulta puntual que su preocupación no es evitar los controles sino dar respuestas expeditivas “para el pueblo de Bariloche que espera soluciones”.
Dijo por ejemplo su voluntad es comenzar el mes próximo y mantener durante el verano un plan intensivo de asfalto, con la planta elaboradora que adquirió hace pocos meses. Y para eso va a necesitar “unos 200 millones de pesos de cemento por semana”, con un ritmo de adquisiciones que no podría asegurar sin la contratación directa.
“Pasar todo por el Concejo implica mucha burocracia, dos o tres meses de tratamiento para cada compra -señaló el intendente-. Lo que se busca es darle dinámica a la gestión. Poder hacer obra”.
La licitación pública no solo garantiza el manejo transparente de las ofertas y la obligación del Estado de elegir la mejor, en un cotejo a la vista de todos, sino también la posibilidad de controles entre los potenciales proveedores, que se pueden impugnar mutuamente. Justamente la palabra “impugnación” y la constatación de que una compulsa “queda desierta” son los fantasmas más aborrecidos por los cultores de la compra directa.
El exintendente Gennuso recurrió a ese atajo para cerrar los dos contratos de concesión más importantes de Bariloche. En el caso del transporte urbano incorporó por contratación directa en 2017 a la empresa sanjuanina Amancay SRL, actual prestadora, luego de dos licitaciones sin oferentes. Lo mismo había hecho su antecesora María Martini con la firma Autobuses Santa Fe.
Gennuso también anunció en 2016 su voluntad de licitar la concesión del cerro Catedral. Pero pasaron varios meses y terminó por acordar la prórroga directa con la empresa Capsa hasta 2056, en un conflictivo proceso que terminó validado por una ordenanza.
Cortés se enfocó en su plan de equipar al municipio, con participaciones en subastas de máquinas usadas (que descolocaron a varios, por la falta de antecedentes) y compras acordadas con proveedores de Neuquén, Córdoba y otros puntos del país. Mientras tanto, y cada vez que pudo, criticó al Concejo por su celo reglamentario y “esa burocracia que frena todo”. Dijo que las compras directas no son discrecionales y siempre están fundadas en “tres presupuestos” para comparar.
Las compras directas «deberían ser la excepción»
El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Ferrari, dijo que las compras directas “deberían ser la excepción” y que la ordenanza solicitada por el intendente “no corresponde”.
Señaló que para las compras municipales “hay un procedimiento a seguir”, existen montos límite y Cortés “no tiene obstáculos para comprar sin licitación” si cumple con el trámite, que lo obliga a documentar las razones de urgencia, o la eventual existencia de un proveedor único, y obtener la venia del Tribunal de Contralor.
Insistió en que la compra directa, con la simple presentación de presupuestos alternativos y muchas veces incomprobables, “no puede ser la regla”.
El intendente Cortés habló muy pocas veces de realizar llamados a licitación. Lo hizo por ejemplo a fines de mayo, cuando le anunció a este medio que se proponía redefinir la operación del basural municipal y saldría en busca de un operador privado.
Declaró esa vez su propósito de «terminar con las contrataciones directas” del gobierno anterior, que introdujo por esa vía a la empresa Rowing. Dijo que su equipo trabajaba en un pliego de licitación que enviaría al Concejo “en unos 15 días”. Pasaron seis meses y no novedades.
La oposición advierte «mucha improvisación»
El empleo de la compra directa como método es para sus defensores un reaseguro contra la morosidad administrativa, pero otros la ven como un mecanismo apto para los peores abusos.
La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) dijo que la insistencia por eludir las licitaciones -repetida en distintos gobiernos- se relaciona con “la falta de previsión”, porque son contados los casos de urgencia en los que una compra o contratación no se puede planificar con el tiempo debido.
Dijo también que muchas veces la compra directa esconde la selección previa de un proveedor, que luego se justifica con el armado de un concurso de precios a medida, sin mayores controles.
Señaló que la licitación no solo garantiza mayor transparencia en la búsqueda de la mejor oferta, sino que los interesados tienen mecanismos para fiscalizan entre sí y la adjudicación final depende de un jurado, con participación profesional e instancias administrativas del municipio que no siempre responden a la voluntad del gobernante de turno.
Qué pasa en otros municipios de Río Negro
La situación de las contrataciones directas de Bariloche no se repite en otras localidades de la provincia, al menos con la misma frecuencia y volumen. En Cipolletti, la última “memoria trimestral” del municipio revela que la mayoría de las contrataciones directas se efectuaron entre abril y junio y se emplearon para la adquisición de servicios, con montos que no superaron el millón de pesos.
Aunque hubo casos excepcionales como una compra de pollo para los comedores escolares por 41 millones y otra de 26 millones en “leña cortada” para asistir a personas sin otros medios de calefacción.
Las normativas establecen que las compras directas solo se pueden usar en casos de ”urgencia o una emergencia imprevisible”, bajo la responsabilidad del funcionario que la autorice.
En Roca aseguraron desde el municipio aseguraron que “por regla general” se realizan licitaciones públicas y solo en casos puntuales apelan a las compras directas. “La selección de un procedimiento u otro no es discrecional, sino que se encuentra reglado”, señalaron desde el área de prensa.
Las excepciones se dan por casos de urgencia, por vacancia del proceso licitatorio o cuando se deba confiar la compra a un pro0vedor “de probada especialización”, aunque siempre media “una compulsa de ofertas”. Indicaron también que todo se publica en la web oficial
En Regina el Tribunal de Cuentas reconoció la existencia de ciertas “discrecionalidades” por pate de la actual administración del intendente Luis Albrieu en la contratación de Servicios. Señalaron que existen topes por monto, pero en las condiciones actuales “prácticamente todo puede pasar bajo una contratación directa”.
La municipalidad de Viedma utilizó la potestad de la contratación directa para mantener el servicio de Transporte pasajeros entre la capital y el balneario El Cóndor, luego de tres licitaciones desiertas. Según se informó el recurso que saltea la licitación es utilizado solo por ciertas áreas municipales para la compra de suministros esenciales para su funcionamiento.
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