Buteler descartó una prórroga de la emergencia económica en Cipolletti: «Logramos un equilibrio»

El Ejecutivo estaba facultado para extender el plazo por otros 12 meses.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, descartó una prórroga de la emergencia económica, financiera y fiscal de la municipalidad. «Hemos logrado un nivel de equilibrio», aseguró ante RÍO NEGRO RADIO.

La declaración, aprobada en diciembre por el Concejo Deliberante, se encuentra próxima a vencerse, dado que había sido autorizada solo por el plazo de 12 meses.

En ese sentido, se esperaba que el Ejecutivo cipoleño habilitara una prórroga por otro año. Sin embargo, el propio Buteler confirmó que no será extendida.

«Estuvimos con la secretaria de Hacienda y repasamos la situación económica de la municipalidad para tomar esa decisión. Después de ver los números y, en función del esfuerzo que hicimos este año, creemos que no tenemos la necesidad de prorrogar la emergencia«, expresó.

El jefe comunal aseguró que las finanzas de Cipolletti dejarán de estar en un contexto de emergencia para pasar a un estadio de «preocupación extrema». Buteler sigue con cautela la baja de la coparticipación, que se encuentra «totalmente estancada», y el contexto económico general del país.

«Salimos de ese estado, lo cual no significa que no trabajemos con mucha austeridad y eficiencia del gasto. Ese es el modelo de mi gestión, que es eficiente en el uso del recurso público y equilibrada respecto a lo que gastamos en salarios. Esto nos permite tener ahorros y un plan serio de obras públicas, que es lo que necesita la ciudad», aseveró.

El intendente cipoleño enfatizó, a escasos días de cumplir su primer año al frente de la municipalidad, que logró cumplir con el objetivo de mejorar la cuentas fiscales.


Emergencia económica en Cipolletti: qué establece la ordenanza


La ordenanza de fondo 507/23, aprobada en diciembre, estableció un período de 12 meses para el reordenamiento de la cuestión económica, financiera y administrativa de la gestión municipal.

Según estipula la normativa, el Poder Ejecutivo fue obligado a contener el gasto de la administración pública a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales; mejorar la gestión de ingresos y cobranzas; disponer la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública; restringir la utilización de vehículos oficiales; entre otros.


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