Bariloche: fisuras en el oficialismo complican a Gennuso para avanzar con ordenanzas clave
El oficialismo no tiene los votos necesarios en el Concejo municipal para aprobar el proyecto de presupuesto 2023 ni el aumento de tasas. Críticas al manejo discrecional de recursos por parte del Ejecutivo y por la abultada deuda.
El debate se generó esta mañana en la comisión legislativa. Foto: archivo
El intendente Gustavo Gennuso aspira a lograr antes de fin de año la aprobación del presupuesto 2023 y el nuevo paquete tributario, que contiene aumentos de tasas por montos que no bajarían del 80%, pero hasta ahora no tiene los votos asegurados y ni siquiera su propio bloque mostró predisposición para “acompañar”.
Los tiempos se acortan, porque la última sesión de diciembre está programada para el próximo jueves y los concejales no retomarán su trabajo hasta el martes, ya que el lunes hay asueto municipal.
Para peor, la comisión de Gobierno y Legales ampliada que este viernes a la mañana se reunió para tratar los proyectos pudo avanzar muy poco porque no se presentó el secretario de Hacienda, Diego Quintana, y tampoco ingresaron los textos “reformulados”, que reflejen las disidencias ya planteadas por los concejales en reuniones anteriores.
Por ejemplo, el propio oficialismo le bajó el pulgar a las reformas diseñadas por Quintana, por ejemplo una nueva zonificación para la tasa de Servicios (que depararía cuantiosos aumentos en algunos barrios), la incorporación de los monotributistas como contribuyentes de la tasa comercial mediante un convenio con la Afip y la creación de una nueva tasa al uso del espacio aéreo, para que la CEB pague por el cableado eléctrico que surca toda la ciudad.
El Ejecutivo ya habría concedido bajar esos agregados, porque necesita ocho votos de los once, y está muy lejos. Pero lo que más preocupa a los concejales es que no aparecen las “simulaciones” que resultan de aplicar la nueva tasa de Servicios, con las valuaciones fiscales de los inmuebles que aporta la provincia y el aumento general dispuesto por el gobierno.
Arriesgarse a votar el proyecto sin ese elemento -que Quintana prometió días atrás- los expondría a una catarata de quejas de vecinos, si reciben las boletas con un incremento importante sin ninguna advertencia previa, como ya pasó en años anteriores.
Una voz oficialista disonante
La presidente del Concejo, Natalia Almonacid, dijo que en estas condiciones no podrían dictaminar el proyecto el martes próximo, cuando está programada la última reunión de comisión antes de la sesión decisiva. Si bien integra la fuerza de Gennuso, hoy Almonacid mostró gestos y expresiones propias de una concejal de la oposición, lo mismo que su compañero de bloque Gerardo Ávila.
La presidente del Concejo hizo propio un reclamo añejo del Frente de Todos por el incumplimiento del presupuesto participativo. Recordó que “hace un año” pidió que se ponga en marcha ese programa “como corresponde” pero no logró reacción alguna por parte el gobierno, y mientras tanto “la plata (del PP) se gasta en otas cosas como nafta para camiones, o para pagarle a al empresa OPS”, que alquila máquinas al municipio.
Almonacid también objetó la partida que aparece comprometida en el presupuesto para compensar deudas mutuas con la CEB y dijo que ese convenio “nunca pasó por la comisión de Transacciones”, que ella integra. “No van a contar con mi acompañamiento si eso no cambia”, añadió.
También Ávila despachó críticas contra el manejo discrecional de fondos que atribuyó la Secretaría de Hacienda y el retaceo de partidas que están aprobadas y que se “subejecutan”. En su condición de tesorero del sistema municipal de Bomberos, Ávila señaló que “es muy difícil proyectar” y pactar compras porque “uno ve que la plata está, no es que no se recauda, pero está en una cuenta dando intereses”, cuando debería se transferida de inmediato a los entes.
Por la misma razón expresó su queja la concejal del Frente de Todos Roxana Ferreyra, que integra las comisiones de Presupuesto Participativo y de Patrimonio Histórico y Cultural. Dijo que en este último caso la comisión tiene asegurado por ordenanza el 10% de lo que recauda el municipio por Derechos de Construcción, pero lo recibe en cuentagotas. Dijo que este año les hubieran correspondido 6,4 millones de pesos y solo les han depositado hasta ahora 494.000 pesos.
Todos estos reproches recaen de algún modo sobre el secretario de Hacienda Quintana, quien no estuvo presente. El único que ejerció cierta defensa, en solitario, fue el concejal Carlos Sánchez, la mano derecha de Gennuso en el Deliberante. A él le fueron reclamados en forma directa los proyectos “reformulados” y también las “simulaciones” de la aplicación de la tasa de Servicios.
Durante la reunión llegó el dato de que habría ingresado al Concejo un documento con las nuevas valuaciones fiscales, que tendría 2.600 páginas. Los concejales se miraron incrédulos, en tácita acuerdo de que será imposible evaluar ese material en unos pocos días.
El problema de la deuda
La concejal Julieta Wallace subrayó que son indispensables las simulaciones “para explicarle bien al vecino”. También cargó sobre el pasivo municipal, dijo que no debe ser expresado en el presupuesto con un número global, sino “de manera clara y detallada”.
Sobre ese punto, desde ayer los concejales tienen a disposición una enumeración de los juicios que enfrenta el municipio, donde se destaca un número que sorprendió a todos: la deuda reclamada por la quiebra de la empresa OPS por el alquiler de máquinas viales es de 1.300 millones de pesos, incluidos intereses y honorarios.
Atender ese incumplimiento le costaría a la municipalidad todavía más que el juicio de la transportista 3 de Mayo, que siempre fue señalado como el juicio más complicado y oneroso para las arcas públicas y que se cerró este año con un acuerdo para pagar 753 millones en un plan de 48 cuotas.
Las correcciones que los concejales esperan en los proyectos no se agotan en mantener sin cambios la zonificación y en la eliminación de tasas nuevas. Ávila apuntó también sobre la atribuciones que el texto le reserva al Ejecutivo para reglamentar gravámenes. Dijo que deben “desaparecer” de todos los artículos esos agregados porque es una facultad del Concejo.
También Almonacid transmitió dudas sobre la razonabilidad de algunas multas de tránsito que hoy son de 48.000 pesos y aumentarían a 328.000 mil. Pidió tener cuidado con el principio de “no confiscatoriedad”.
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