Bariloche debe casi 6.000 millones de pesos, pero aseguran que las cuentas están saneadas

El municipio acumulaba al 31 de mayo una deuda consolidada de 5.900 millones de pesos, que en un 80% corresponde a facturas impagas con proveedores, aunque se suman también otras cuentas a pagar con el Soyem y con la Afip.

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No entra allí la deuda “flotante”, que comprende por ejemplo los impagos acumulados con la empresa OPS por el alquiler de maquinaria y que podría fluctuar entre los 1.300 y los 4.000 millones de pesos. El secretario de Hacienda Diego Quintana dijo que la precisión sobre esa prestación no está porque la firma está bajo intervención judicial y primero debe resolverse ese litigio.

Señaló que la deuda consolidada varía a diario y se desprende de las órdenes de pago ya emitidas. En contraposición la municipalidad cuenta con una reserva en la actualidad rondan los 2.900 millones de pesos y cuyo valor se mantiene a fuerza de plazos fijos renovables. Quintana dijo que hoy ese instrumento no es malo porque paga tasas cercanas a la inflación. Pero dijo que tiene listo para enviar al Concejo un proyecto para modificar el régimen de Contabilidad, que le permitirá diversificar las inversiones.

Explicó que hoy el municipio por normativa solo puede invertir lo que llamó “excedente” en plazos fijos o compras de moneda extranjera. La idea de Quintana es amplir el margen de maniobra para efectuar colocaciones en fondos de inversión, que los propios bancos ofrecen, con carteras diversificadas en títulos, acciones y otros instrumentos.

Según el funcionario, el rendimiento de esas variantes hoy no es tentadora -en relación con los plazos fijos-, pero tiene la ventaja de la disponibilidad inmediata, sin esperar vencimiento alguno, que para el municipio es un punto clave.

Sobre los números en general Quintana dijo que el municipio atraviesa hoy una situación saludable, ya que “una deuda de 5.900 millones en un presupuesto de 22.000 millones no es algo descabellado”. Lo contrastó con la situación previa, hace ocho años, en el inicio de la actual gestión, cuando los egresos representaban el 159% de los ingresos. Al 2022 esa relación quedó ubicada en el 96%, subrayó Quintana.

La afirmación del funcionario buscó fijar postura en relación con la actualidad de las cuentas públicas, que en los debates del Concejo es motivo de continua controversia, al punto de que algunos referentes de la oposición han señalado que la actual deja una “bomba de tiempo” a la siguiente.

Quintana dijo que hasta 2015 el desfase entre ingresos y egresos se financiaba con un crecimiento de la deuda con proveedores y el municipio tenía una incapacidad absoluta de efectuar inversiones de capital con recursos propios.

Explicó que hoy el ingreso total asegura mes a mes un excedente del 30% en relación con el gasto corriente, y esa es la masa de recursos que aplican por ejemplo a la obra pública. Resaltó que la ciudad arrastraba “un déficit histórico en infraestructura” que recién ahora se comenzó a revertir.

Explicó que ese 30% que “sobra” mes a mes, si no se invirtiera, permitiría que el ahorro extra del municipio a fin de año rondara “entre los 6.000 y 7.000 millones de pesos”.

Sobre la relación con los proveedores señaló que por lo común el municipio paga a los 30 días, aunque algunos plazos se estiran algo más. Admitió que por una razón u otra todavía hay facturas a pagar del año 2017, pero son insignificantes en el total.

Quintana dijo que el municipio no reconoce interés por el atraso, salvo reclamo puntuales, pero admitió que en esa dinámica el proveedor “ya incluye el financiamiento en el precio”, de modo que el Estado pagaría más barato si lo hiciera al contado.

Avatares de la recaudación

En relación con los ingresos el secretario de Hacienda dijo que la actual gestión también cosechó los resultados de aplicar algunas reformas tributarias clave para cubrir todas las actividades comerciales y también por el despliegue de fiscalización y cobrabilidad.

Señaló por ejemplo que la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene aporta hoy un promedio de 300 millones de pesos mensuales. En la ecuación general representa el 42% de los ingresos de propia jurisdicción del municipio, cuando hace ocho años sólo equivalía al 33%.

La recaudación de tributos, tasas y derechos propios era hace ocho un 40% de los ingresos totales y hoy saltó al 60%, puntualizó Quintana.

Reconoció como un revés que el Concejo Municipal se haya negado a aprobar con el último presupuesto la creación de una nueva tasa para el uso de espacio público, que permitiría gravar el cableado de distintas empresas, y tampoco una nueva zonificación para la tasa de Servicios, que no convencieron ni siquiera a los representantes del oficialismo.

La relación del funcionario con el Concejo en el pasado reciente no estuvo exenta de cortocircuitos. Quintana se lamentó de que no lo entiendan. Dijo por ejemplo que el ajuste de la tasa de Servicios con un solo aumento anual “es algo que ya no va, con estos niveles de inflación y menos cuando le ponen un tope” como en la última revisión, cuando el Deliberante estableció que ningún contribuyente reciba aumentos superiores al 65%.

Para Quintana “esa fórmula desfinancia al municipi y es insostenible en el tiempo”. Consideró que en el actual contexto “habrá que ir a un mecanismo de ajuste trimestral de la tasa de Servicios.

El caso OPS, no hay certezas pero tampoco preocupación

El informe sobre las deudas al que accedió este medio sólo se remite al pasivo “exigible”, aunque por afuera corren otras cuentas que, tarde o temprano, habrá que pagar, como reconoció Quintana, pero que no están cuantificadas y por lo general se relacionan con juicios en trámite.

Entre los ejemplos recientes (y heredados de gestiones anteriores) se cuentan la expropiación de tierras en El Frutillar Sur y la incautación de colectivos a la empresa Tres de Mayo, que le costaron algo más de 1.200 millones al municipio y por las cuales se acordaron pagos en cuotas.

Quintana admitió que el caso más grueso de los que hoy están pendientes es el de OPS. Si bien defendió esa operatoria porque permitió durante años utilizar máquinas viales alquiladas (a un precio incierto) para el mantenimiento de calles y la operación del vertedero, dijo que por ahora es imposible saber el costo que recaerá en último término sobre las espaldas del municipio.

No quiso hacer pronósticos sobre la cifra final, criticó a quienes lanzan cifras sin fundamento, pero reconoció en forma tácita que la deuda a pagar fluctuará entre los 1.300 millones de pesos reconocidos como base por el municipio en diciembre pasado y los 4.000 millones que dejaron trascender voceros de la empresa.

Quintana dijo que no es una cifra que pueda poner en aprietos al municipio porque “lo esperable es que, llegado el momento y cuando los dueños de OPS recuperen el manejo” de la empresa, se acuerde un plan de pago en varias cuotas.

“En el caso de que haya que pagar todo de inmediato también se podría, aunque habría que postergar la obra pública”, refirió el funciionario.