Uber en Bariloche: buscan atajo para habilitarlo mientras se estudia una ordenanza reglamentaria

La dificultad para avanzar en el tratamiento de una normativa municipal que regule las aplicaciones digitales de transporte del tipo Uber y las quejas de sus choferes por la “hostilidad” que sufren de los inspectores, multiplicaron la presión para que el municipio elimine la prohibición emitida el año pasado el exintendente Gustavo Gennuso.

Cuando irrumpió Uber en Bariloche, en mayo de 2023, hubo airadas protestas de taxisas y remiseros por la “competencia desleal” y Gennuso respondió con una resolución que prohibió las aplicaciones. Semanas después envió al Concejo un proyecto de ordenanza para encuadrarlas, pero esa propuesta nunca se trató y perdió “estado parlamentario”.

El actual intendente Walter Cortés presentó semanas atrás un nuevo proyecto regulatorio, se declaró partidario de abrir el juego a las “plataformas”, pero mantiene la prohibición. El titular de la Asociación de conductores de Uber (Ascub), César Alonso, dijo que sufren continuas multas en la calle (a razón de 120 mil pesos por acta), que el municipio les secuestra los autos, que los filma para comprobar que venden los viajes y que los persigue con “listas negras”.

Por eso reclamó que la resolución 1.860/I/23 sea derogada. El planteo de Ascub llegó al Concejo Municipal, que hoy lo trató en comisión de Transporte y Servicios, de donde salió una nota dirigida al Ejecutivo en apoyo de lo solicitado por los choferes.

La presidente de la comisión, Roxana Ferreyra, fue la que defendió con más énfasis el pedido a Cortés para que derogue la resolución “anti Uber”. En respuesta al previsible enojo de remiseros y taxistas, Ferreyra dijo que hoy los servicios están mezclados y suele pasar que “una pide un Uber y viene un taxi”.

Señaló que el tratamiento de la ordenanza “demanda primero un dictamen legal, y va a llevar meses”, con lo cual el municipio debía dar una respuesta en lo inmediato a una modalidad de transporte que “genera fuentes de trabajo para muchas familias”. Observó que en lugar de considerar su situación “los persiguen y no les dan ningún tipo de acompañamiento”.

También se manifestó a favor de los choferes el concejal Leandro Costa Brutten, aunque dijo que no debían invadir responsabilidades del Ejecutivo. La posición del concejal oficialista Tomás Hercigonja fue remarcar que las aplicaciones “llegaron para quedarse, no se las puede parar”, Puso como ejemplo la instalación irrerversible de DirecTV y Mercado Libre, y dijo que “hay que regularlas”.

Su postura contrastó con la de un asesor legislativo, también del oficialista partido PUL, quien se manifestó por mantener la prohibición.

La defensa de los transportistas

Alonso le dijo a este medio que son alrededor de 45 los conductores “empadronados” hoy en Bariloche por la plataforma Uber y que llegaron a ser un centenar, pero algunos prefirieron buscar otra alternativa laboral porque enfrentan “mucha hostilidad” y tienen que “vivir escapándose”.

Dijo que el municipio y los inspectores de tránsito ejercen “un claro abuso de poder”, porque no solo examinan todas las condiciones del auto y del conductor, sino que interrogan y “acosan” a los pasajeros. La imputación que reciben es la de comercializar “transporte no habilitado”.

Alonso señaló que Uber cuenta con reconocimiento de la provincia de Río Negro, que le “abrió las antenas” a la firma internacional y y la incorporó como contribuyente. También dijo que el servicio que prestan no es ilegal porque está amparado en el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial, que encuadra a los “contratos implícitos” entre partes.

Dijo que buscan “trabajar libremente” porque hoy “el mundo apunta a eso” y mucho más en las ciudades turísticas. Aseguró también que los eligen por precio, ya que un viaje en Uber al Aeropuerto cuesta entre 10.000 y 13.000 pesos “según la demanda del momento”, mientras que en taxi ronda los 15.000 pesos.

La regulación que estudia el Concejo, de resultar aprobada, exigirá autos de antigüedad no mayor a 5 años (los prestadores quieren extenderlo a 10 años) y establecerá que las plataformas digitales de transporte cuenten con un local, una sede o espacio físico de funcionamiento en la ciudad.