Bariloche busca soluciones por dos vías para enfrentar la crisis de alquileres
Se creó un registro de administradores de consorcios. En paralelo, la legisladora Julia Fernández impulsa una ley para instar a Nación a poner en marcha el programa de alquiler social.
Las pizarras de las inmobiliarias de Bariloche ya casi no exhiben ofertas de alquileres porque no hay propiedades en el mercado. Archivo
En respuesta a la escasez de alquileres permanentes que tiene en vilo a miles de inquilinos en Bariloche, el municipio decidió crear un “registro de administradores de consorcios”, con el fin de realizar un seguimiento más estrecho sobre la oferta de departamentos en locación.
La propuesta surgió de la comisión intersectorial conformada por concejales, funcionarios del Ejecutivo y el grupo de “inquilinos autoconvocados”, que ya realizaron varios acampes de protesta en el Centro Cívico.
La finalidad del registro, según informaron desde el municipio, es ajustar el control “sobre la oferta de alquileres turísticos y permanentes que brinden los diferentes edificios existentes en la ciudad”.
Claro que ese intento fiscalizador deja afuera a una gran cantidad de inmuebles que no están agrupados en consorcios. Y tampoco está claro qué tipo de presión se podría ejercer desde la legislación vigente para revertir la carencia de unidades de alquiler, que desde hace al menos dos años, “se agrava día a día”, según dijo Emiliano Guenin, referente de los “autoconvocados”.
Guenin aseguró a modo de ejemplo que en la empresa donde trabaja “el 80% de la gente alquila” y que muchos se encuentran al borde de perder sus viviendas por vencimiento de contratos, o porque los dueños las pasan al mercado turístico. Dijo que cada vez son más los casos de personas que se “agrupan” para alquilar juntos y vivir “amontonados”, o también algunos que debieron “volverse a sus lugares de origen”.
En el mismo marco, la legisladora de Juntos Somos Río Negro Julia Fernández presentó un proyecto para instar al gobierno nacional a que ponga en práctica el “programa nacional de Alquiler Social”, que está previsto en la ley 27.551, pero “no se ha aplicado”.
Lo informado por el municipio es que el registro local se inscribe entre las acciones para dar respuesta “al a problemática de la carencia de alquileres permanentes” y que se llevará adelante una campaña de comunicación para el cumplimiento de la normativa vigente en la materia”. Pero nada dice sobre la aplicación de sanciones.
Guenin opinó que el efecto de esa medida será muy relativo porque “no hay multas o son mínimas”. Dijo que hace falta “una fiscalización más rigurosa y multas fuertes” a los propietarios que alquilen por día y no estén inscriptos como prestadores turísticos, y también a quienes incumplen la ley nacional de alquileres.
Opinó que “cualquier ley, sin una decisión política clara no sirve para nada”. Dijo reconocer que para el propietario “el marco actual es complejo”, y que en la práctica la mayor parte de los contratos incumplen las pautas en los puntos que a ellos les conviene.
Un programa que no se aplica
La legisladora Fernández explicó que su iniciativa también está relacionada con la mesa conformada en Bariloche y que la revisión integral de la legislación “es una pata importante para trabajar”. Su foco está puesto “en lo que el gobierno nacional puede hacer y no hace”, como el cumplimiento del artículo 19 de la ley vigente, donde se crea el programa de Alquiler Social.
Explicó que a través de esa herramienta el Estado debería instrumentar “créditos blandos y subsidios” para adquirir vivienda y también para locaciones. Por ejemplo, para afrontar los abultados desmbolsos iniciales al suscribir contrato, que incluyen garantías, depósitos y meses de adelanto.
“Una no ha visto acciones concretas en este sentido, o no se han comunicado”, afirmó Fernández. Dijo que hay varios proyectos y algunos consensos ya alcanzados para modificar la ley y generar mayor “seguridad jurídica”, lo que redundaría en un crecimiento de la oferta. Pero subrayó que mientras tanto, “hay cosas que en las que se puede avanzar porque ya están vigentes, como el alquiler social”.
Señaló que existe una “urgente necesidad” de abordar la crisis habitacional, que hacen falta acciones conjuntas “de todos los niveles del Estado” y que el programa en cuestión “sería de utilidad al momento de crear condicioens favorables para miles de familias que necesitan alquilar una vivienda”.
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