Bariloche ante un debate clave: cómo regular las plataformas de “intermediación comercial”
Uber fue el disparador tras el rechazo y las protestas de taxistas y remiseros, pero la normativa quiere ir por más. El Ejecutivo pretende llegar a las firmas que ofrecen delivery, alojamiento turístico y hasta Mercado Pago.
El Ejecutivo municipal de Bariloche quiere regular las aplicaciones que ofrecen algún tipo de servicio, entre ellos los delivery. Foto: Chino Leiva
Con la admisión explícita de que la fiscalización de las aplicaciones electrónicas de “intermediación comercial” que ya funcionan en la ciudad es de “imposible cumplimiento”, el gobierno municipal avanzó con un proyecto de regulación para ese tipo de prestaciones, que ganan clientes día a día y preocupan a sus competidores habilitados.
El proyecto de ordenanza enviado al Concejo por el intendente Gustavo Gennuso no solo busca resolver un “vacío legal”, sino también desescalar el conflicto desatado por la irrupción de la aplicación Uber, que tuvo hace pocas semanas un publicitado estreno en Bariloche, a pesar de las prohibiciones, y que desató una ola de quejas de los remiseros y taxistas.
El régimen propuesto por Gennuso abarca en lo declarativo a las aplicaciones en general, ya que menciona a aquellas que prestan servicios de delivery, mensajería, “comercialización de bienes y servicios”, las que alquilan autos sin chofer y las que ofrecen alojamiento turístico, como Airbnb y Booking. La jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, dijo que también está pensado para encuadrar a Mercado Libre.
Si bien no aparece en el proyecto ninguna denominación comercial, el texto parece diseñado a la medida de Uber. El articulado establece pautas para la habilitación de los prestadores, a los que les exige contar con un apoderado o representante con residencia permanente en la ciudad y declarar un domicilio “físico o electrónico”. Es decir que les bastaría con una casilla de correo.
También los incorporaría como contribuyentes en el municipio pero con montos fijos de habilitación, sin importar cuánto facturen. Según el proyecto, las plataformas con permiso en Bariloche deberán pagar 250 mil pesos y los conductores “de transporte privado de pasajeros” 62.370 pesos. Los montos se actualizarían todos los años con la ordenanza tarifaria.
Los vehículos tendrán que estar radicados en la ciudad, contar con “RTO vigente”, seguro de pasajeros y una antigüedad no mayor a 10 años. El chofer deberá tener licencia profesional, residencia de tres años en la ciudad, certificado de antecedentes penales y no ser deudor alimentario.
El proyecto evita meterse con la relación laboral entre empleador y empleado. El municipio solo les exigiría a los trabajadores de aplicaciones que sean monotributistas inscriptos.
Este último criterio fue defendido por González Abdala en razón de que “son sistemas diferentes” del servicio de taxi. Dijo que el servicio tipo Uber “está pensado para un trabajo extra”, por ejemplo para personas que tienen otra ocupación y “en los tiempos libres” salen con su vehículo a realizar viajes rentados para asegurarse “una diferencia económica”.
Señaló que por lo mismo no se les pone a las plataformas un cupo de licencias, como ocurre con los servicios regulados de taxis y remises.
El proyecto ingresó al Concejo hace un par de semanas pero recién hoy tomará estado parlamentario. Lo primero que harán los concejales es pedir un dictamen técnico a su asesora letrada, Josefina Sánchez Elizondo.
Luego la iniciativa recorrerá las comisiones, donde el tratamiento seguramente abrirá una importante discusión.
El presidente del bloque oficialista, Carlos Sánchez, dijo que -como ocurre en estos casos- citarán a todas las partes interesadas para que viertan su opinión. Afirmó que ya tiene pedidos en ese sentido de alguna aplicación de delivery, que no identificó.
Sánchez subrayó que la única urgencia no es la de regular el servicio de Uber, sino que también pasa lo mismo con los hospedajes turísticos. “Son temas nuevos que han surgido y que necesitan un seguimiento permanente”, sostuvo el concejal.
Dijo tener entendido que el gobierno elaboró el proyecto después de una ronda de consultas con las organizaciones del transporte habilitado, pero admitió que no le consta porque “no figuran como colaboradores”.
Los taxistas advierten: «Si aprueban esto, vamos a sacar el reloj»
La intención del Ejecutivo sería la de reglamentar el funcionamiento de las aplicaciones electrónicas con un concepto similar al de los carritos de alimentos o food trucks, que desde hace algunos años proliferan en banquinas, parques y otros espacios públicos.
Es decir, apuntarían a adaptar el régimen regulatorio en todo lo posible al formato ya impuesto por los usos y costumbres, con las únicas premisas de garantizar la “seguridad” del cliente e incorporarlos a los prestadores como contribuyentes.
Bariloche extiende la prohibición de Uber
Esta expectativa choca por lo modesta con lo reclamado por los actuales licenciatarios del servicio de taxis, quienes piden reglas parejas.
El titular del sindicato que agrupa a los peones de taxi, Luis Barrales, dijo que conocen el proyecto y están “totalmente en desacuerdo”. Señaló que aceptar que los choferes trabajen como monotributistas es “un retroceso” respecto de lo que el municipio ya reguló en el caso de taxis y remises, a cuyos titulares les exigen choferes “blanqueados y registrados”.
Entendió que habilitar empresas solo con una casilla de mail es “totalmente diferente” a lo que se les plantea a una agencia de remises o una central de radiotaxis. “Si aprueban esto, todos (por los taxistas) vamos a sacar el reloj del auto, lo desploteamos, cerramos la agencia y trabajamos así”, desafió Barrales.
Vaticinó que a Uber no será fácil encuadrarla como contribuyente con arraigo en el municipio porque “no tiene siquiera un CUIT en la Argentina”. Diferenció el caso de Pedidos Ya y las aplicaciones de transporte de mercaderías porque “en Buenos Aires sí tienen locales”.
Para Barrales, el proyecto impulsado por Gennuso asimila al pasajero transportado “a una pizza, una coca cola o una cama para dormir”.
El caso de los alojamientos por día
El ajuste de las empresas que trabajan con aplicaciones para celular o contactos vía web a la futura ordenanza también preocupa a los hoteleros. El presidente de la asociación que los agrupa, Martín Lago, dijo que están a la espera de ser convocados por los concejales para llevar su postura. Pero anticipó que a su juicio el proyecto no contempla todas las particularidades de la oferta de alojamientos on line, que tienen una participación cada vez más amplia del mercado y que suelen trabajar con habitaciones o departamentos no habilitados para turismo.
Se preguntó cómo hará el municipio para fijarle una tasa a esas esas firmas, que “tienen sus casas centrales fuera del país”. Lago señaló que “hace diez años nadie hablaba de esto y tampoco nadie sabe hacia dónde va a marchar en los próximos cinco años. Lo esperable es que la ordenanza trate de anticiparse a lo que viene”.
Una duda que transmitió el dirigente empresario es la falta de precisiones del proyecto en relación al servicio que compite con los hoteles y cabañas y la posibilidad de que esa omisión sea cubierta en la reglamentación posterior, sin debate alguno. El proyecto delega esa función en el Ejecutivo, con un plazo de 90 días.
El intendente Gennuso justificó su propuesta en la necesidad de contemplar “la expansión demográfica y turística, sumada a las nuevas tecnologías”, que propiciaron los sistemas de “intermediación comercial mediante aplicaciones”.
Sostuvo que el propósito es resolver “un vacío legal”, que provoca “incertidumbre a los usuarios, comerciantes y prestadores de servicios, y dificulta la fiscalización por parte del Estado”. También señaló puntualmente como meta la de “evitar la competencia desleal”.
Gennuso sostuvo que si esas actividades permanecen sin regulación “no tributarán en la ciudad” y señaló que las prohibiciones de Uber no han dado resultado, como ya se comprobó en la ciudad de Buenos Aires. Citó jurisprudencia favorable a esa plataforma en causas impulsadas por asociaciones de taxistas y mencinó también regulaciones ya implementadas en los municipios de Corrientes, Escobar, Posadas y en la provincia de Mendoza.
Los ánimos alterados y una protesta precipitó la decisión
La decisión municipal de regular las aplicaciones de transporte y otros servicios precipitó luego del ingreso de Uber al mercado local. Desde fines de mayo esa firma multinacional ofrece servicios en forma abierta, con publicidad radial, y declaró haber realizado 5.000 viajes en las primeras tres semanas.
El ingreso de la popular aplicación fue rechazado en forma airada por taxistas y remiseros, quienes el pasado 23 de mayo realizaron do bloqueos de tránsito en horario pico para protestar por la competencia “ilegal” de Uber, que vende viajes a precios menores y suele tener oferta cuando es difícil conseguir un servicio de los regulados.
Gennuso reaccionó esa misma jornada con una resolución de “suspensión” de Uber por 30 días, que el 23 de junio extendió sin plazo determinado, y “hasta la sanción de la ordenanza que regule su funcionamiento”.
La discusión pública así planteada tuvo entre otros actores al diputado nacional Agustín Domingo, quien defendió abiertamente a Uber y dijo que se trataba de una alternativa para “descomprimir” el colapso del transporte público. También hubo una mayoría de expresiones a favor de la plataforma de transporte en las abundantes llamadas a radios y mensajes de lectores.
El municipio realizó campañas de control, aplicó multas y secuestró decenas de autos de prestadores de Uber, aunque los funcionarios admitieron también la dificultad para probar ese tipo de infracciones.
La pelota, del lado del Concejo
La misión de estudiar, afinar y finalmente aprobar una pauta regulatoria para las aplicaciones electrónicas quedó ahora a cargo del Deliberante, que difícilmente pueda darle un tratamiento exprés, como esperan los sectores interesados.
El análisis del proyecto estará influido además por el contexto electoral, ya que Bariloche elegirá nuevo intendente, concejales y miembros del Contralor el próximo 3 de septiembre, y el recambio de autoridades será en diciembre.
En los últimos días, a la hora de evaluar otros proyectos espinosos como la licitación de un agente financiero municipal, hubo concejales que propusieron congelar el trámite hasta tener certeza de lo que pretende el nuevo gobierno.
El concejal Carlos Sánchez (JSRN), dijo que su bloque no coincide con ese criterio y que es necesario abordar la regulación de las aplicaciones sin demoras y sin atenerse a los tiempos políticos. De todos modos, la iniciativa no empezará a transitar por las comisiones antes de agosto, porque el Concejo sesionará mañana y luego entrará en su receso anual de invierno. A partir de entonces, y con las campañas encima, los concejales deberían citar a todos los sectores involucrados en el tema.
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