Así fue el proceso en Cipolletti para utilizar autos secuestrados en la función pública

La normativa nacional y provincial le otorga facultades al municipio para la destrucción y compactación de vehículos, pero también para utilizarlos. El próximo paso es avanzar con la expropiación.

El municipio de Cipolletti avanzó con una ingeniosa iniciativa para usar vehículos secuestrados para distintas funciones públicas. El intendente Rodrigo Buteler anunció que son diez rodados que serán utilizados por el Ejecutivo , pero que serán más en el corto plazo.


Pero, ¿cómo es el procedimiento para usar autos privados? En principio lo que hizo el municipio fue acceder al “uso” del vehículo y no la propiedad que sigue siendo del titular del rodado.

La ley establece que luego de 60 días que permanece un auto secuestrado se considera “abandonado”. Luego se puede intimar al dueño y/o infractor y avanzar con el proceso si no hay reclamos. En este caso el Poder Ejecutivo tomó vehículos con más de dos años en estado de abandono.


El titular del área legal del municipio, Sebastián Caldiero, explicó que la ley nacional y provincial le otorga facultades al municipio para la compactación y destrucción de autos secuestrados. Pero también para el “uso público”. Por eso se avanzó con esta original iniciativa.


Caldiero detalló que puede haber reclamos de los dueños, porque se avanzó sobre el uso público, pero no sobre el dominio que sigue en poder del titular.


Es decir que si el propietario de cualquiera de los rodados que se puso a disposición del municipio lo quiere recuperar solo tiene que pagar la multa. Se estima que el pago de estadía para un rodado que lleva más de dos años en el deposito municipal es millonario.


Por eso, así lo explicó Caldiero, se utilizan vehículos que llevan muchos años secuestrados y nunca fueron reclamados. Pero la iniciativa tendrá un segundo capítulo en el mediano plazo que es avanzar con la expropiación del rodado.


Este proceso, así lo prevé la ley, se puede realizar a través de un juicio de ejecución. El municipio deberá intimar al dueño para que pague las cosas y deudas de la multa. En caso contrario, se inicia así el proceso judicial.


El Poder Ejecutivo podrá rematar los autos para compensar las deudas y así expropiar el vehículo. También podrá comprar los autos o dejarlos en poder municipal en caso de que el remate resulte desierto. No hay antecedentes de un uso público de autos en la región.


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