Acusan al intendente de Bariloche de “vaciar” un juzgado de faltas por represalia
Walter Cortés decidió remover a los dos oficiales de justicia. El juez dijo que es por actuaciones que involucran al sindicato de Comercio.
El intendente Walter Cortés resolvió apartar de sus puestos a los dos oficiales de justicia que prestaban servicios en el juzgado de faltas I y trasladarlos de manera compulsiva a otra área, en una medida que el propio juez -Gustavo Contín- impugnó por “ilegal y violatoria de todos los procedimientos”.
Contín dijo que en la práctica la decisión del intendente deja maniatado a su juzgado, sin posibilidad de efectuar clausuras o secuestros de mercadería, que forman parte de su tarea habitual.
Consideró que el avance de Cortés sobre el juzgado a su cargo es una “represalia” por las actuaciones que lleva adelante contra emprendimientos de la Asociación de Empleados de Comercio por falta de habilitación comercial. El intendente lidera ese gremio desde hace tres décadas y hoy está de licencia en la secretaría general.
El juez de faltas explicó que hace unos días los oficiales se presentaron a efectivizar una clausura en la radio que funciona en AEC. Ante un pedido especial acordaron, acta mediante, suspender la medida por un plazo acotado y los responsables se comprometieron a aportar la documentación exigida. Hace unos meses el juez había clausurado un restorán del sindicato, también por falta de habilitación, y luego el local se puso en regla y pudo reabrir.
Walter Cortés mantiene una confrontación con el juez
Cortés mantiene una confrontación abierta con el juez, a quien ha criticado más de una vez en declaraciones públicas. En abril pasado buscó también removerlo de su puesto. En esos días declaró “cesante” por resolución los dos juzgados de faltas (el otro está a cargo de Débora Bietti) y promovió los llamados a concurso para volver a cubrirlos, con el argumento de que los mandatos están vencidos.
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Pero los jueces recurrieron a la Justicia, con otra interpretación de la Carta Orgánica, y alegaron que no se los puede desplazar sin intervención del Concejo Municipal. Desde entonces el tema está trabado en ese punto.
Contín dijo hoy que los oficiales de justicia, Pablo Krzyslowski y Carlos Burgos, “son personas preparadas, que accedieron por concurso” y no pueden ser asignados a otra tarea de forma arbitraria compulsiva. Hizo notar que el propio Cortés en los fundamentos de su resolución no invoca motivo alguno y admite que el pase fue dispuesto “con excepción al protocolo previsto respecto de las modalidades internas”. El intendente dispuso reasignar a los empleados en “inspección general”.
La embestida de Cortés también generó rechazo en el Soyem, que el lunes en su movilización por cuestiones salariales pasó por el Juzgado y enarboló una pancarta que decía “no al vaciamiento” en esa dependencia. La secretaria general, Brenda Morales, dijo que el pase de los empleados “fue arbitrario”.
Morales señaló que el Ejecutivo no se está respetando las funciones y se está dejando al Juzgado sin recursos para actuar. Subrayó que “el perfil para ejercer como oficial de justicia es completamente diferente a la de inspección general” y evaluó que lo ocurrido es grave porque “están dejando sin dotación al juez de faltas”.
El juez señala amedrentamiento del intendente
“No puedo ser ingenuo y no darme cuenta de que esto pasa por las órdenes de clausura en actividades del sindicato, que llegaron después de numerosas intimaciones no acatadas”, dijo Contín.
Según el juez, privarlo de los dos oficiales significa “paralizar el juzgado”. Señaló que ayer mismo expuso la gravedad de la situación ante el Tribunal de Contralor Municipal. Consideró que ese organismo “debería intervenir para que cese la irregularidad”. También le solicitó por nota al intendente que revoque la resolución.
“Surge evidente que la única motivación de la medida es amedrentar o intimidar al personal de juzgado para que no actúe en determinados expedientes”, sostuvo Contín en ese escrito. Dijo que más allá de esa pulseada y de los intereses en juego, “se trata de un tema jurídico, no es político”.
Insistió en que “por reglamentación y protocolo no pueden desplazar un empleado de esa forma. El intendente no puede hacer lo que le parece y manejarse como un emperador. Hay un principio básico y las competencias deben ser respetadas”.
Este medio buscó obtener la palabra de Cortés, quien derivó la consulta a la asesora letrada municipal Yanina Sánchez. Pero el contacto con la funcionaria resultó imposible.
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