Juicio a Guillermo Lasso: crece la inestabilidad en Ecuador ante la posible destitución presidencial
El proceso se tramita a pocos días de que Lasso, quien asumió la presidencia del país el 24 de mayo de 2021, cumpla dos años en el ejercicio del poder. Los legisladores deberán decidir si aceptan o no la “censura y destitución” del presidente por supuesta participación en el delito de peculado.
Hoy es un día fundamental para Ecuador. Los legisladores comenzaron el proceso para decidir si aceptan o no la «censura y destitución» del presidente Guillermo Lasso por supuesta participación en el delito de peculado. Es la primera vez que un mandatario es sometido a un juicio político desde que se aprobó la Constitución de 2008.
El presidente ha insistido en que es inocente y que quienes «buscan destituirlo quieren desestabilizar al país y atentar contra la democracia».
Lo que puede ser el fin del gobierno de derecha de Lasso es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, prófugo y condenado a ocho años de cárcel.
Un juicio a un presidente «es uno de los puntos más graves del acto político entre la Asamblea y presidencia, entre dos poderes del Estado», comentó a la AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
El proceso, que inició a las 10 de la mañana en Ecuador (mediodía en Argentina) y que podría tomar varios días, despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.
Sin embargo, Nichols matiza explicando que esta vez el juicio contra Lasso se está haciendo «dentro de los canales institucionales» y no mediante revueltas populares como ocurrió entonces.
El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, acusado de presunto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según las denuncias, el presidente, en el poder desde 2021, continuó con un contrato firmado antes de su posesión para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que dejó pérdidas por más de seis millones de dólares.
De 67 años, el exbanquero nuevamente queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.
Al Congreso, en esa ocasión, le faltaron 12 sufragios para concretar la remoción por una grave crisis política y conmoción interna.
De salvarse nuevamente, Lasso no tendrá más que «ver cómo el país sigue por el despeñadero» al tener que gobernar con un Congreso opositor y sin puentes de comunicación, señaló a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte.
Sangrientas manifestaciones contra el gobierno y fracasos en las urnas han debilitado la imagen del mandatario. Sumando sus aliados, el oficialismo tiene apenas 25 legisladores versus 49 del correísmo. Y Lasso no medirá fuerzas solamente con esa corriente sino también con el izquierdista Pachakutik, el brazo político del poderoso sector indígena y la segunda fuerza en el Legislativo con una veintena de curules.
Organizaciones sociales antigobierno también han llamado a movilizaciones este martes mientras se desarrolla el juicio, en el que el jefe de Estado tendrá tres horas para presentar su defensa en el hemiciclo.
A la oposición «lo único que le interesa es la desestabilización por encima de la estabilidad y el fortalecimiento institucional que tanto requiere el país», expresó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a la prensa.
Tildó de «artimaña» el juicio y agregó que «no hay proceso alguno ni prueba alguna que pueda respaldar una acusación o una destitución».
La Organización de Estados Americanos (OEA) anotó en un comunicado la necesidad de que el juicio «ofrezca todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso».
Bajo la manga, al mandatario le queda el mecanismo de la denominada muerte cruzada, que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas. «Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real» por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo Nichols.
La muerte cruzada fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica. Para Oyarte, este mecanismo sería una «irresponsabilidad política» que beneficiaría a grupos de izquierda como el correísmo en el caso de comicios antes de hora.
«Si bien no es seguro que obtengan la presidencia de la República, algo si es seguro: sus parlamentarios que hoy suman 49 de 137, subirán sus escaños», sostuvo.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
Será subrogado por su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el período de cuatro años.
AP
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