La Fiscalía de Perú cita a declarar a la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía para declarar el próximo martes por las muertes en las protestas en su contra, en medio de la investigación abierta por la supuesta comisión por parte del Gobierno de delitos de «genocidio», indicaron en las últimas horas fuentes judiciales.

«Cuando la Fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para poder contestar las preguntas que me hiciera”, señaló la mandataria durante una conferencia en Palacio de Gobierno, según reprodujo el diario local El Comercio.

El 7 de marzo, Boluarte deberá acudir a la sede del Ministerio Público en Lima para declarar por los fallecidos durante los disturbios en las ciudades de Ayachucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú, según indicó en un comunicado el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Esa institución, dedicada a patrocinar casos de violaciones a los derechos humanos, detalló que la presidenta deberá acudir de manera presencial y no podrá hacerlo de forma remota, como se ofreció a hacerlo en citaciones anteriores, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Los abogados del IDL Andy Carrión y Carlos Caro advirtieron incluso al diario La República que si la jefa de Estado no acepta declarar bajo estas condiciones podría ser percibido como una inasistencia a la citación.

La mandataria es parte de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de «genocidio» por las 60 muertes durante las protestas a nivel nacional tras a destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.

Castillo fue destituido por el Congreso unicameral tras anunciar su disolución y la instauración de un Gobierno de excepción, y posteriormente fue detenido y condenado a 18 meses de prisión preventiva, acusado de rebelión y conspiración.

Tras esa detención, decenas de miles de personas salieron a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Parlamento y la convocatoria urgente de nuevas elecciones.

En ese marco, el Congreso aprobó ayer a la noche la tercera moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, que tendrá que acudir al órgano legislativo el próximo jueves a responder preguntas sobre las muertes y heridos por el enfrentamiento entre policías y manifestantes.