Castillo levantó el toque de queda en forma anticipada en Perú, tras las fuertes críticas
El Presidente había justificado la medida restrictiva en las crecientes protestas por el aumento de los precios.
Los camioneros lideran la protesta por los aumentos de precios.
El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció la tarde de este martes el fin anticipado del toque de queda diurno que había decretado en Lima y el vecino puerto del Callao para contener protestas.
«A partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad [toque de queda]. Corresponde llamar a la tranquilidad al pueblo peruano», dijo Castillo sentado al lado de la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva.
Los peruanos permanecieron en sus casas el martes en la capital tras un sorpresivo toque de queda ordenado por Castillo para supuestamente frenar la violencia por las protestas contra el alza del precio del combustible y alimentos, mientras políticos opositores y expertos criticaron la medida por ser contraria a las leyes.
Es la primera vez en la historia reciente de Perú que un gobierno busca contener protestas prohibiendo salir de casa en Lima, al menos luego del fin de la década de mano dura del entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
La restricción ocurrió en una fecha recordada por los peruanos porque Fujimori, el 5 de abril de 1992, cerró el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y sacó a los militares junto a sus tanques a las calles en medio de una crisis económica y social.
«Es una pena, estamos viviendo una situación económica pésima. ¿Tú sabes lo que es perder un día? Tenemos que trabajar para comer», se quejó Juan Gutiérrez, de 45 años y padre de cuatro, quien esperó casi una hora un bus para transportarlo a una zona cercana al centro de Lima, donde trabaja en un taller de costura en el que le pagan por cada prenda que cose.
Las protestas dejaron cuatro muertos
La última semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de combustibles y alimentos dejó cuatro muertos y varios heridos. Como respuesta el gobierno suspendió el domingo un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban hasta 30% el precio final. Así el diésel más usado bajó en 0,47 dólares el galón, pero varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado en las gasolineras.
El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo el martes a periodistas que el toque de queda para el martes decretado por el presidente estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que «los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas. No es un capricho».
El legislador opositor derechista, Jorge Montoya, un militar jubilado de mano dura, apoyó la medida y dijo que la información que había llegado a sus oídos «es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla».
Varios criticaron el sentido clasista de la frase y el crítico literario Marcel Velázquez dijo que el comentario de Montoya «no es un exabrupto, es el miedo tradicional de las elites limeñas a los indios» y recordó que ese temor ya existía varios siglos atrás.
Habitantes de varias zonas más acomodadas de Lima golpearon sus cacerolas con cucharones y se grabaron en las redes sociales, mientras más de un centenar caminó con banderas de Perú por las calles de San Isidro —el barrio más rico de Perú— y de San Borja, un distrito aledaño. La policía los observó sin tocarlos. Un manifestante que se identificó como Oscar, de 76 años, le dijo a la televisora local Latina que marchaba «en contra del gobierno comunista de Castillo».
La medida ha sido criticada por varios frentes, incluida en la editorial de El Comercio, unos de los principales diarios de Perú que indicó que Castillo «está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas».
Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter que «la ‘inmovilización social’ establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento» y añadió que la decisión del presidente Castillo «contradice las obligaciones internacionales de Perú».
Castillo es cuestionado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete y su impopularidad subió a 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
El Parlamento -que ha intentado destituirlo- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.
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