Mujica vive el fin de “la luna de miel”

MONTEVIDEO.- A cuatro meses y medio de asumir, el presidente uruguayo José Mujica sufrió esta semana los primeros choques con los sindicatos públicos por su proyecto de reforma del Estado, y con la oposición, que lo cuestionó por un trágico incendio en una cárcel. Trabajadores de los gremios públicos se manifestaron ayer frente a la sede del Ejecutivo reclamando participar en el proceso de reforma del Estado que inició el gobierno, y ya anunciaron una serie de paros para el mes de agosto en apoyo a su demanda. El motivo de las medidas de fuerza es una reforma del Estado anunciada por Mujica y que implica crear un nuevo estatuto del funcionario público, cambiar el sistema de ingresos, ascensos y movilidad de los funcionarios y regular a los funcionarios de confianza, entre otros aspectos que aspiran a “sentar las bases del fortalecimiento institucional del Estado”. El propio Mujica destacó el jueves que “la reforma estatal es un proceso de cambio que llevará entre quince y veinte años” y admitió que cambiar el concepto de funcionario público por el de servidor público “en Uruguay equivale a una revolución”. “Es una revolución cultural que resiste nuestra tradición, nuestra cultura. Estamos expuestos a no ser comprendidos y seguramente no vamos a ser comprendidos”, advirtió. Los representantes de los sindicatos ya manifestaron su malestar. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, reclamó que el gobierno debe negociar con los gremios antes de anunciar reformas. Mujica, que lidera el segundo gobierno consecutivo de izquierda en Uruguay, tiene además otro frente de conflicto con la oposición, luego que esta semana el opositor Partido Nacional (centroderecha) anunciara que interpelará al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por un incendio en una cárcel que dejó 12 reclusos muertos y relanzó el debate sobre el hacinamiento en el sistema penitenciario. El caso -que llevó al propio Mujica a pedir disculpas públicas a los familiares de las víctimas- se prestó para acusaciones cruzadas entre la oposición, que reclamó el cargo del ministro por su responsabilidad en la situación carcelaria, y el gobierno, que aseguró que el problema “se arrastra desde 1985”, con el regreso de la democracia al país. (AFP)

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