Muchos policías y poca justicia

Para que una fiscal federal pudiera ir hasta Villa Mascardi desde Bariloche a ver lo que todo el mundo sabe, se gastó una fortuna en la movilización de efectivos de seguridad.

El Estado nacional gastó esta semana una cantidad de dinero difícil de calcular para que una fiscal federal pudiera constatar que uno de los predios vandalizados en Villa Mascardi permanece en la misma situación. Cientos de efectivos policiales, decenas de vehículos, incluida una especie de tanqueta, llegaron a Bariloche desde Buenos Aires. Se pagó una fortuna en combustible y viáticos para un paso procesal que en la Justicia rionegrina se habría solucionado con una audiencia.

Los que sostienen que no era el momento para encarar una reforma de la Justicia Federal razonan igual que aquellos que piden no tratar la ley contra los abortos clandestinos ahora, sino en algún punto incierto del futuro.

No se oponían a la oportunidad sino a la reforma por más que sea evidente que la Justicia Federal es casi monárquica y que las mujeres mueren por procedimientos clandestinos.

Por ahora, el nuevo Código Procesal federal se aplica en Jujuy y Salta, e irá avanzando hacia el sur.

Salvo contadas excepciones, jueces, fiscales y defensores del fuero federal se hamacan en un sistema cerrado que se autopercibe justo e imparcial pero es altamente arbitrario.

Para muestra, un botón: el dueño de una pizzería de Bariloche que en marzo salió de su casa a buscar un medicamento para su esposa, que fue detenido por la Gendarmería por violar la cuarentena y que pasó una noche en el calabozo; su auto fue secuestrado. La Justicia Federal tardó meses en dar una respuesta.

La contracara son las justicias provinciales que fueron avanzando en las reformas procesales. Con poco más de 60 años de existencia, la rionegrina convirtió los procesos penales en trámites orales, presenciales y sin papeles. Basta que un fiscal dé por cierta una situación y que la contraparte (la defensa) no lo refute para que el juez lo admita. De hecho, en la provincia los procesos penales duran en promedio no más de tres meses.

Dicho de otro modo: no hacía falta que se hiciera semejante movilización de la Policía Federal para acreditar que el exhotel de Parques Nacionales en Villa Mascardi había sido vandalizado. Lo sabe cualquiera que pase por ese punto de la ruta 40.

La reforma judicial de Río Negro es la contracara: procesos orales y públicos, despapelización y rapidez en la resolución de las causas, no solo las penales.

Pero además jueces y fiscales federales mantienen sus despachos como si fueran bienes personales. Y defienden como una prerrogativa del cargo el secreto de sus actos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en 2012 que “la negativa a brindar información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática”. No vendría nada mal que la frase se colgara de los despachos judiciales federales.

Con Silvina García Larraburu, la senadora pejotista de Río Negro, nunca se sabe, pero la decisión de ponerle la firma al despacho de comisión a favor de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo para personas gestantes y algunas declaraciones que hizo la semana pasada podrían indicar que, a diferencia de lo que hizo en 2018, esta vez va a votar a favor.

Además de que su voto podría ser decisivo, se sumaría a los de los otros dos senadores y los cinco diputados nacionales que apoyan la ley. Y pondría a Río Negro como la única provincia sin fisuras en su posición, incluida Lorena Matzen, de Cambiemos.

Otro de los senadores rionegrinos, Alberto Weretilneck, dio en el debate en comisiones un dato alarmante: el 73% de los ginecólogos de la provincia son “objetores de conciencia” frente al aborto. “Si la ley no cuida a los equipos de salud, en dos años, no hay quien ejecute” la interrupción voluntaria del embarazo. Y contó el caso de una niña embarazada como consecuencia de una violación que en Cipolletti no tenía médico que la atendiera y debieron hacer traslados para realizar la intervención.

El Ministerio de Salud debería ir pensando, para cuando pase la pandemia, que en los concursos de los médicos la práctica del aborto debe ser decisiva.