Mina de Andacollo: piden que se investigue a funcionarios y la empresa
Los abogados integrantes de la Defensoría Popular Jaime De Nevares de Chos Malal advirtieron sobre la presunta comisión de ilícitos de parte de Trident y las autoridades de control. La empresa adeuda los salarios de 238 trabajadores.
El yacimiento es el único de minería metalífera en toda la provincia. Foto: archivo.
Los abogados que integran la Defensoría Popular Jaime De Nevares de Chos Malal plantearon hoy la necesidad de que se investigue si funcionarios del gobierno provincial y la empresa Trident Southern Explorations cometieron «ilícitos» para llegar a la incertidumbre actual por el futuro de la mina de oro de Andacollo y los salarios de 238 trabajadores.
«El Ministerio Publico Fiscal debe iniciar las investigaciones penales que correspondan para ventilar si, en toda esta situación, no estamos frente a la comisión de ilícitos penales por parte de los empresarios responsables de la concesión y los agentes públicos que deben controlar el estado del yacimiento», advirtieron hoy en un comunicado.
En el texto recordaron que la firma se hizo con el usufructo del proyecto en septiembre de 2016 y que, desde entonces, «los giros de la empresa fueron para mantener un nivel de actividad mínimo». «En los casi cuatro años de la concesión, estuvieron en producción activa solamente tres meses», plantearon.
«La fiesta duró mientras las restricciones a la salida e ingreso de dólares de nuestra economía nacional fueron liberadas por el gobierno de Mauricio Macri. Estos capitales le sacaron su debido jugo a la concesión, pero no justamente en oro: la lógica especulativa prima antes que la producción misma. Es más rentable tener la concesión que ponerla en producción. Y así fue», cuestionaron.
Trident, una firma cuyo único socio al inicio de la concesión era el suizo Mischa León Aleksander, había comprometido una inversión de 164 millones de dólares en los 25 años de contrato. Además, se comprometía a abonar un canon de explotación de 4,6 millones de dólares. Según el contrato de licitación, el dinero llegaría de un fondo de bienes raíces con sede en Estados Unidos.
En el comunicado que firmaron hoy los abogados Horacio Gil, Yanina Arévalo, Emmanuel Guagliardo y el diputado Mariano Mansilla, criticaron que «cuando, agobiado por la sangría de divisas que generó la enorme fuga de capitales descontrolada, el propio Macri reestableció el cepo al dólar, los inversores mineros acusaron rápidamente dificultades para girar, nada más y nada menos, que los fondos para pago de salarios». Según describieron, la pandemia del coronavirus sólo agravó una situación que ya se repetía desde hace meses.
El texto apunta también a las autoridades de Cormine, la empresa estatal dueña de los yacimientos mineros: «Nos hacemos la misma pregunta que se hacen los trabajadores, pero al mismo tiempo, gran parte de la comunidad neuquina que hoy asiste a este triste espectáculo: ¿estos capitales extranjeros de claro corte especulativo, fueron debidamente controlados?».
Los mineros todavía no cobraron los salarios de marzo ni los de abril. Hay en marcha una mediación del Ministerio Público Fiscal para intentar arribar a una solución del conflicto.
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